Juana Rivas pide que la justicia española escuche a su hijo menor antes de ejecutar una sentencia italiana que le forzaría a volver con su padre

El equipo jurídico de Juana Rivas ha denunciado públicamente lo que califica como una "situación contradictoria" en el procedimiento judicial que enfrenta la madre granadina contra su expareja, Francesco Arcuri, en Italia. En una nota de prensa difundida el pasado viernes, Aránguez Abogados detalla que mientras en Italia avanza el proceso penal contra Arcuri —acusado de maltrato habitual, físico y psicológico a sus hijos, incluyendo amenazas de muerte—, en el ámbito civil se mantiene vigente una resolución de custodia a su favor. 

El juicio oral por las acusaciones de malos tratos tiene ya fecha: el próximo 18 de septiembre. Sin embargo, el pasado 7 de julio, la Corte de Apelación de Cagliari se opuso a suspender la ejecución de la sentencia de custodia dictada el 18 de febrero, a pesar de que está recurrida ante el Tribunal de Casación italiano. Esta resolución ordena la "devolución de Daniel a su padre de forma inmediata". 

En paralelo, en España, Arcuri ha iniciado un procedimiento de ejecución de esa sentencia de custodia ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, amparándose en el Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, que regula el reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, así como la sustracción internacional de menores. 

La defensa de Rivas subraya un aspecto clave de ese reglamento, concretamente el artículo 39.1.b), que permite denegar el reconocimiento de resoluciones extranjeras si son "manifiestamente contrarias al orden público del Estado miembro en el que sea invocado el reconocimiento, teniendo en cuenta el interés superior del menor". 

"Hemos reiterado nuestra solicitud al Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada (que lleva el procedimiento de ejecución) que, antes de decidir, debe escuchar a Daniel", informa el equipo de Rivas, quienes sostienen que la situación italiana "atenta contra nuestras normas esenciales de orden público" y "lesiona gravemente el interés superior del menor". En palabras del comunicado: "Cuando le han escuchado en condiciones de libertad y sin intimidaciones, han comprendido la gravedad de la situación".