El juzgado denegó medidas de protección a la mujer asesinada en Benalmádena pese a la petición de la Policía

El pasado 3 de febrero, se llevó a cabo un juicio rápido en el que la mujer asesinada este domingo en Benalmádena (Málaga) solicitó medidas de protección frente al padre de tres de sus cuatro hijos. A pesar de que tanto la víctima como la Policía Nacional alertaron sobre el riesgo en el que se encontraba, la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer que llevaba el caso desestimó la petición. Apenas una semana después, el acusado ha acabado con su vida en su propio domicilio.

Uno de los tres menores fue quien contactó con el servicio de emergencias. Cuando los agentes llegaron al lugar, le encontraron junto sus hermanos y el agresor fuera del inmueble. Dentro, descubrieron el cuerpo de la víctima, de 48 años, con posibles signos de haber sido estrangulada y golpeada, aunque será la autopsia la que determine las causas exactas de su muerte. El hombre fue arrestado en el momento y está siendo investigado. Se tendrá que aclarar, entre otras cosas, si también ejerció en algún momento algún tipo de violencia contra los niños.

La víctima había entrado en el Sistema VioGén -el sistema de protección de las víctimas de violencia de género- con un nivel de riesgo medio hace menos de un mes, a raíz de que se interpusiera una denuncia de oficio contra el agresor, justo después de que alguna persona de su entorno alertara a las autoridades. Dos semanas más tarde, durante el juicio rápido, la Policía Nacional solicitó medidas de protección, pero la jueza "determinó que no eran necesarias", según han informado a Público fuentes de la investigación. Desde entonces, el caso quedó registrado bajo la categoría de "inactivación supervisada", un mecanismo creado en 2024 por el Ministerio de Interior para mantener un seguimiento policial e impedir la inactivación completa durante un período de seis a 12 meses "en casos de alta complejidad, sobre todo si existen menores".

Este asesinato machista se suma a otros en los que, pese a que las instituciones sabían de la situación de violencia, las medidas de protección nunca llegaron. El año pasado, existía denuncia de por medio en siete de los 48 casos de mujeres asesinadas por violencia de género en nuestro país. Pero incluso para ese 14,5%, todo falló. Aunque estaban inscritas en VioGén, los mecanismos de los que dispone el Estado para protegerlas fracasaron y fueron asesinadas igualmente.

Una vez confirmada su inclusión en la estadística oficial, la víctima de Benalmádena se convertirá en la segunda mujer asesinada por su pareja o expareja en lo que va de 2025, y en la víctima número 1.295 desde que comenzaron los registros en 2003. Sus hijos se sumarán a los 471 menores que han quedado huérfanos por violencia de género desde que este dato comenzó a contabilizarse en 2013.