Los juzgados de violencia de género denegaron el 30% de las órdenes de protección solicitadas en el segundo trimestre de 2025

Casi una de cada tres mujeres que solicitaron protección judicial entre abril y junio de 2025 no la obtuvieron. Ese más del 30% de solicitudes denegadas -con un 67,7% concedidas- es el dato que aparece en el último informe trimestral del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se trata de un porcentaje que se mantiene prácticamente en el mismo nivel que hace un año. De modo que tres de cada diez peticiones urgentes para frenar una situación de riesgo bajo un contexto de violencia machista siguen sin prosperar. 

Las solicitudes totales fueron 12.661, apenas un 0,10% menos que un año antes. De ellas, 8.571 fueron acordadas por los juzgados, resume el Informe trimestral sobre violencia de género. Los juzgados especializados (competentes cuando la violencia se da en el ámbito de la pareja o expareja) adoptaron el 66,4% de las órdenes que tramitaron; los juzgados de guardia, que actúan en situaciones de urgencia inmediata, elevaron el porcentaje hasta el 74%. No obstante, el dato global apenas se movió de un año a otro.

En cuanto a las denuncias presentadas, en el segundo trimestre de 2025 se contabilizaron 47.710 mujeres que denunciaron ser víctimas de violencia de género, un 3,41% más que en el mismo período del año anterior. Las denuncias registradas fueron 51.897, lo que supone un incremento del 2,69%. La gran mayoría de denuncias las siguen presentando las propias mujeres. Representan el 70,81% del total, con 36.747 casos. Las interpuestas por terceras personas del entorno apenas llegan al 1,91% (994 casos), un dato que ha mejorado muy levemente, pero sigue siendo extremadamente minoritario. Sí que se incrementan las denuncias derivadas directamente de atestados policiales, que representan ya el 17,08% del total. 

Se mantiene asimismo la proporción de nacionalidades, donde el 61,66% de las víctimas tienen nacionalidad española, frente al 38,34% de otros países. Por territorios, Canarias muestra la mayor incidencia, con 33,7 víctimas por cada 10.000 mujeres, seguida de Baleares (27,6), la Comunidad Valenciana (24), Murcia (23,6), Navarra (23,5) y Andalucía (21,8). Madrid se sitúa en la media estatal (19,2), mientras que comunidades como Castilla y León (11,9), Galicia (13,3) o La Rioja (13,9) registran las tasas más bajas. 

Una vez abiertos los casos, el 11,63% de las víctimas (esto es, 12 de cada 100) renunciaron a declarar contra su agresor, acogiéndose a la dispensa legal. Fueron 5.549 mujeres. Si bien el CGPJ ha advertido que los controles de calidad estadística reforzados desde finales de 2024 pueden haber modificado ligeramente las comparaciones interanuales, la magnitud del fenómeno no varía. Sigue siendo una proporción significativa que pone sobre la mesa la mediación del miedo, la dependencia económica o emocional, la presión familiar o incluso la autopercepción durante el proceso judicial. 

Volviendo a las peticiones de protección, de las 8.571 órdenes acordadas, más de la mitad (7.028) las dictaron los juzgados de violencia sobre la mujer. Disponer de una orden de protección concedida supone la adopción automática o complementaria de medidas penales y civiles que buscan cortar cualquier posible riesgo para la mujer victimizada. En el trimestre analizado por el CGPJ, los órganos judiciales asociaron a estas órdenes y a otras medidas cautelares penales un total de 15.322 mecanismos de protección. Las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación (6.067) y las órdenes de alejamiento (6.031). Ambas representaron cerca del 70% del total de medidas penales.  

En el ámbito civil, destinado a proteger también a hijos e hijas, se acordaron 5.054 medidas, con especial peso de las relacionadas con la prestación de alimentos (1.596) y la atribución de la vivienda (1.076). También hubo 1.016 suspensiones del régimen de visitas y 655 casos de suspensión de guarda y custodia.

El informe confirma otra tendencia, esta vez en relación con las sentencias: un 82,58% de las sentencias dictadas en este trimestre fueron condenatorias. En total, se emitieron 16.206 sentencias (un 4,45 % menos que en 2024), de las cuales 13.383 fueron condenas. El mayor porcentaje se registró en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un contundente 93,31% de condenas, frente al 72,39% de los juzgados de lo penal y el 82,96% de las audiencias provinciales.