El laberinto judicial y burocrático que enfrenta el hijo menor de Juana Rivas en busca de protección

El caso de Juana Rivas lleva años dejando en evidencia el funcionamiento de los sistemas de justicia y de protección de la infancia, tanto en España como en Italia. El juzgado de guardia de Granada ha escuchado este martes por primera vez a Daniel, su hijo menor obligado a vivir con su padre a pesar de que la Fiscalía italiana le ha procesado por maltrato, y ha dictado medidas cautelares para que este se quede con su madre. Una resolución parcial que está lejos de resolver el problema de raíz y que plantea múltiples interrogantes sobre el futuro del pequeño de diez años.

La decisión temporal deberá ser ratificada por el juzgado de violencia sobre la mujer n° 2 de Granada, al que se ha remitido la causa. El mismo que "ha desatendido previamente todas las peticiones del equipo jurídico de Rivas" y que archivó en un cajón durante un año la denuncia por malos tratos interpuesta contra Francesco Arcuri en 2016, incumpliendo el artículo 17 del Estatuto de la Víctima del Delito.

El auto del juzgado de guardia recoge el "miedo" expresado por el niño al tener que volver junto a Francesco Arcuri y se apoya en el Convenio de La Haya, que pone de relieve la necesidad de actuar frente a cualquier riesgo para la integridad física del menor, para justificar la decisión. Queda por ver, no obstante, si esta interpretación será respaldada por el juzgado competente y si se adoptarán medidas que consoliden esta protección, tal y como ha advertido en una conversación con Público Violeta Assiego, abogada y exdirectora general de Derechos de la Infancia y Adolescencia. "Sería crucial que el proceso incluyera una nueva exploración del caso, en la que Daniel pudiera ser escuchado con las garantías que establece la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia", ha insistido.

Escapar del enfoque adultocentrista y patriarcal

La intervención de la Fiscalía de Granada ha marcado un antes y un después en esta ocasión, pues parece que ha situado por primera vez al menor como piedra angular del procedimiento. María Naredo, jurista especializada en violencia contra las mujeres, ha subrayado la trascendencia de la intervención del Ministerio Público en este sentido y ha remarcado la responsabilidad irrenunciable del Gobierno de proteger a Daniel, "si todo lo demás falla". "Este niño ha sido reconocido como víctima de alto riesgo en el sistema VioGén. Devolverlo al progenitor agresor no solo sería un acto de desprotección, sino una vulneración flagrante de las obligaciones internacionales asumidas por España en materia de derechos humanos y protección infantil", ha razonado la experta en declaraciones para Público. 

Violeta Assiego: "Daniel necesita una representación legal propia que le permita interponer denuncias y defender sus intereses"

La situación que lleva años viviendo Daniel resalta un problema bastante común: la tendencia a tratar a los menores como extensiones de sus progenitores, en lugar de como sujetos de derechos propios. Este enfoque, que supedita la protección del pequeño al proceso judicial de su madre, termina generando una inseguridad jurídica "preocupante".

El artículo 12 de la ley de infancia refuerza justamente este reconocimiento, que debería traducirse en medidas de asistencia concretas para Daniel. Esto incluye garantizar su derecho a ser escuchado y representado legalmente como una víctima independiente. "Daniel necesita una representación legal propia que le permita interponer denuncias y defender sus intereses", añade Violeta Assiego.

Otro obstáculo recurrente en casos como este es la delegación de la escucha del menor a equipos psicosociales cuyos informes no son vinculantes y, a menudo, están impregnados de estereotipos y sesgos machistas que aplican de facto, por ejemplo, el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). "Estos informes no tratan a los niños como sujetos de derechos, sino como objetos de disputa entre sus progenitores. Esto perpetúa un enfoque adultocentrista y patriarcal que invisibiliza las necesidades y derechos de los menores", apunta Assiego.

María Naredo: "Un niño que relata las barbaridades que le hace su padre no puede convivir con él como figura de referencia"

Una posible salida a la tesitura actual podría ser la ubicación temporal de Daniel en un centro de protección infantil, donde se le brinde un entorno seguro mientras se resuelve todo. Sin embargo, esta opción también presenta sus propias limitaciones. "En teoría, un centro de protección debería ser un espacio amable, seguro y dotado de apoyo psicológico y afectivo. Pero la realidad es que muchas veces estos lugares no cumplen con esas expectativas", reconoce Assiego. En este contexto, resulta esencial que se escuche al niño activamente "más allá de recoger su relato". Es decir, "atendiendo a sus deseos y necesidades", especialmente cuando las decisiones que se toman afectan directamente su vida", expresa la experta.

"Un niño que relata las barbaridades que le hace su padre no puede convivir con él como figura de referencia; sería una atrocidad que no permitimos con adultos y, sin embargo, normalizamos con menores", opina en sintonía María Naredo. Aunque la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia ofrece herramientas valiosas para avanzar en esta dirección, su implementación sigue siendo desigual y fragmentada. Mientras tanto, Daniel continúa atrapado en un sistema que hasta ahora no ha sabido cómo protegerle.