Entrevista a María Eugenia Prendes, fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer:"Nadie te enseña a tratar a una víctima"

Durante casi cuatro décadas de carrera, María Eugenia Prendes -desde hace un año fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer- ha visto evolucionar la forma en que la Justicia aborda las violencias machistas. En esta entrevista con Público, Prendes reflexiona sobre los avances logrados desde la ley integral de 2004, pero también sobre los sesgos presentes en juzgados y comisarías. 

La fiscal defiende que la clave, a su juicio, sigue estando en el trato, la formación y la información que reciben las víctimas desde el primer momento. Bajo su punto de vista, la Justicia no puede seguir funcionando de espaldas a las mujeres.

Me gustaría comenzar preguntándole por su trayectoria profesional. ¿Cómo fue su aproximación a la perspectiva de género y al feminismo a lo largo de su carrera en la Fiscalía? ¿Diría que la forma de abordar la violencia contra las mujeres dentro de la Justicia ha cambiado en las últimas décadas?

Sí, claro que ha habido una evolución, aunque también tiene que ver con la evolución de quienes trabajamos dentro del sistema judicial. Yo empecé a llevar violencia de género en Asturias, en Oviedo, casi por casualidad. En aquel momento era un servicio más, como cualquier otro. Empecé a trabajar directamente con las mujeres víctimas, a hablar con ellas, a escucharles y me enganché.
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​La titular del juzgado de violencia de entonces tenía una forma de trabajar muy rígida. Si el atestado reflejaba un riesgo bajo o no apreciado, muchas veces ni siquiera se convocaba la comparecencia para valorar una orden de protección porque se daba por hecho que no se iba a conceder. Yo veía aquello y pensaba: "Esto no puede funcionar así. Como mínimo habrá que escuchar a las mujeres". Empecé entonces a recurrir sistemáticamente esas decisiones.

"Un maltratador no puede ser un buen padre. Eso es así, es una realidad; no es ningún eslogan"

A partir de ahí, me empezaron a llamar para participar en jornadas, formaciones y encuentros. Las asociaciones de mujeres y el movimiento feminista son importantísimos, ellas son las que están ahí empujando. Hoy existe una apuesta mucho más clara desde la Fiscalía General del Estado por incorporar la perspectiva de género. Las jornadas son obligatorias y la formación inicial se supervisa desde el Centro de Estudios Jurídicos.
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​Nadie te enseña específicamente a tratar a una víctima. Creo que la ley integral de 2004 también nos ha hecho evolucionar a todos. Recuerdo cuando se preguntaba a las madres que habían denunciado si creían que los hijos corrían peligro con el padre. Muchas respondían que era "muy buen padre", porque todavía no se comprendía el impacto del ciclo de la violencia ni cómo muchas víctimas disocian. Con los años hemos visto las consecuencias nefastas de esa mirada y que un maltratador no puede ser un buen padre. Eso es así, es una realidad; no es ninguna invención ni ningún eslogan.

Muchas mujeres víctimas de violencia de género continúan sin querer denunciar bajo ningún concepto, incluso en situaciones de riesgo extremo. Desde su experiencia, ¿qué aspectos de la intervención más inmediata -policial, judicial, sanitaria o institucional- cree que deberían mejorarse para que las víctimas se sintieran más seguras y acompañadas en ese proceso?

Lo que se tiene que mejorar es el trato. Durante mucho tiempo a las víctimas se las ha tratado simplemente como testigos o perjudicadas; ni siquiera existía realmente esa mirada hacia ellas como víctimas. Y tener ese enfoque victimocéntrico -como se dice ahora- es importantísimo, porque significa situarlas de verdad en el centro del proceso.

"No se estudian suficientemente las dinámicas en las que quedan atrapadas las víctimas, los ciclos de la violencia, la dependencia que se genera"

No se estudian suficientemente las dinámicas en las que quedan atrapadas las víctimas, los ciclos de la violencia, la dependencia emocional o económica que se genera. Sí creo que la coordinación institucional y la atención han mejorado muchísimo. También en el ámbito sanitario hay ahora un cuidado especial. A veces se dice que los profesionales sanitarios son reticentes a comunicar situaciones de sospecha de violencia, pero muchas veces lo que sienten es un conflicto muy complejo. Por un lado tienen la obligación profesional de comunicarlo y, por otro, sienten que están traicionando la confianza de su paciente.

"Lo que no hay que hacer es empujar inmediatamente hacia la denuncia. Primero hay que esperar a que la mujer esté preparada"

Por eso creo que lo que no hay que hacer es empujar inmediatamente hacia la denuncia. Primero hay que acompañar todo el proceso previo y esperar a que la mujer esté preparada para afrontar un procedimiento penal, que es un proceso muy hostil. Probablemente así habría también menos casos de mujeres que finalmente se acogen a la dispensa y deciden no declarar.  
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​En violencia de género todo se tramita muchas veces por diligencias urgentes, juicios rápidos… y eso no siempre es lo más adecuado. Incluso lo que se llama "maltrato ocasional" rara vez es realmente ocasional. Normalmente ese episodio es solo el detonante visible de una violencia sostenida anterior. 

"A las víctimas es importante explicarles quién eres tú [como fiscal], qué papel tienes ahí y qué va a pasar a continuación"

Muchas mujeres migrantes en situación irregular tienen muchas dudas. Se preguntan qué puede pasar si denuncian y finalmente el caso se sobresee, algo que ocurre muchas veces no porque la denuncia sea falsa, sino porque no existen indicios suficientes para continuar la investigación. Tienen miedo de que, una vez identificadas, puedan deportarlas o trasladarlas a un CIE. No sé si puedes explicar un poco esto también para que ellas entiendan todo el proceso...

Claro. Lo que está previsto es que, si existe un procedimiento administrativo o gubernativo relacionado con extranjería, ese procedimiento se suspenda en el momento en que se interpone la denuncia, a la espera del resultado del proceso penal. Si finalmente hay una sentencia condenatoria, entonces sí se pueden iniciar determinados trámites. Pero si hay una sentencia absolutoria, no. Sí que existen canales de comunicación entre fiscalías, comisarías y brigadas de extranjería para que determinadas situaciones puedan ser conocidas administrativamente. Eso existe. Pero también es verdad que cuando un asunto se sobresee hay que esperar a que ese archivo sea firme. 
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​Y además, si existen indicios de que esa mujer puede estar en una situación de violencia de género, en ocasiones se puede emitir igualmente una acreditación de víctima. Ahora mismo se está intentando avanzar hacia eso. La idea es que, aunque no haya denuncia, si se detectan indicios de violencia se pueda llegar igualmente a esas mujeres y ofrecerles protección y recursos. 
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​A partir de ahí también van a tener asesoramiento jurídico especializado, tanto por parte de abogados como de profesionales especializados en violencia de género, que las van a acompañar en todos esos trámites. Y creo que cada vez más se intenta ir hacia un modelo que tenga en cuenta la situación real en la que están esas mujeres y los obstáculos concretos a los que se enfrentan. 

"No es lo mismo llegar sola a una comisaría, que llegar después de haber recibido orientación, información y acompañamiento"

El debate sobre las denuncias falsas continúa utilizándose con frecuencia para desacreditar a las víctimas de violencia de género y violencia sexual, pese a que los datos oficiales muestran una incidencia mínima. ¿Qué impacto cree que tiene ese discurso sobre las mujeres que están pensando en denunciar? Muchas tienen miedo de sentirse luego juzgadas.

Claro que tienen miedo. No sé si tanto por las denuncias falsas en sí, sino por toda esa atmósfera que parece haberse generado alrededor de las denuncias por violencia de género o violencia sexual. Por eso digo siempre que lo primero que tiene que mejorar es el trato. Ha habido una evolución, lo que pasa es que no siempre ha ido acompañada de todos los medios o de toda la comprensión necesaria, porque al final seguimos hablando de delitos que ocurren en la intimidad. 

Muchas veces no hay pruebas objetivas, no hay testigos directos y las corroboraciones son más difíciles de conseguir. Ahora bien, lo que no puede seguir ocurriendo es ese recurso automático al archivo basándose únicamente en que hay "versiones contradictorias": la denunciante dice una cosa, el denunciado dice otra y entonces se archiva. No. Hay una obligación de investigar con diligencia debida.
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​La diligencia debida significa hacer una investigación exhaustiva. Y además es una obligación de medios, no de resultados. No siempre vas a conseguir una condena, pero sí tienes la obligación de poner todos los medios razonables y útiles al alcance para intentar esclarecer esa contradicción aparente. Por eso digo muchas veces que las diligencias urgentes o los juicios rápidos no son el mecanismo más adecuado para abordar determinadas situaciones de violencia habitual.
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​Respecto al tema de las denuncias falsas, que sinceramente a mí me hierve la sangre. La inmensa mayoría de procedimientos que se archivan es por falta de pruebas, no porque la denuncia sea falsa. Y la inmensa mayoría de mujeres que se acogen a la dispensa tampoco lo hacen porque hayan denunciado falsamente, sino por la situación en la que se encuentran dentro del ciclo de la violencia, por las presiones que reciben o porque el artículo 416 (el de dispensa) puede convertirse muchas veces en un instrumento muy favorable al agresor. Porque pueden presionar a la víctima para que no declare. 
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​Pero estructuralmente las denuncias falsas son un porcentaje ínfimo. Este año, por ejemplo, hubo seis casos en todo 2025. Seis. Y además diferenciamos entre falso testimonio, desobediencia y demás. El promedio histórico desde 2009 hasta 2025 es del 0,007%. Es decir, son cifras completamente residuales. Y aun así seguimos dedicando muchísimo tiempo y recursos a esto. Y además es el único delito donde ocurre algo así. 
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​Nadie hace estadísticas constantes sobre denuncias falsas en robos o en estafas. Pero aquí sí. Y claro, tampoco podemos dejar de hacerlo porque entonces inmediatamente aparecería quien dijera que "algo se está ocultando". Entonces se revisa todo de manera rigurosísima. Sinceramente, dedicar recursos a desmontar algo que estadísticamente es residual… pues no lo llevo especialmente bien, pero hay que hacerlo.

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"La inmensa mayoría de procedimientos que se archivan es por falta de pruebas, no porque la denuncia sea falsa"

En los últimos años hemos visto casos de mujeres que solicitan proteger su identidad para poder denunciar, especialmente cuando el acusado es una persona pública o con poder. ¿Qué opinión le merece esta demanda?

A mí me parece absolutamente razonable. Porque lo contrario acaba revictimizándolas muchísimo más. Tú denuncias a alguien conocido o mediático y, en el contexto actual de redes sociales y exposición permanente, si se conoce tu identidad, lo que ocurre muchas veces es una campaña de hostigamiento brutal. Y además hay algo muy perverso en las redes: mucha gente dice cosas desde el anonimato que probablemente no diría nunca cara a cara. 
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​Se parapetan detrás de una pantalla y eso genera dinámicas de acoso tremendas. No puede ser que una mujer piense: "Si denuncio, mañana estoy en todos los telediarios". Da igual que sea una víctima anónima o una persona conocida. Hay que preservar su intimidad desde el inicio del procedimiento. Porque si no, muchas se van a echar atrás.

"Da igual que sea una víctima anónima o una persona conocida. Hay que preservar su intimidad desde el inicio del procedimiento"

Frente a algunas carencias de un sistema que muchas víctimas describen como revictimizante, determinados sectores del feminismo y profesionales especializadas en atención a víctimas plantean la necesidad de explorar modelos alternativos, como la justicia restaurativa. ¿Considera que este tipo de procesos deberían contemplarse como una opción en determinados casos?

Sí, la mediación en violencia de género, en teoría, está prohibida expresamente. Creo que además quedó recogida de manera clara en la ley de libertad sexual de 2022. Aunque en realidad el Convenio de Estambul lo que prohíbe específicamente es la imposición obligatoria de mecanismos de mediación. Es decir, que una víctima no pueda verse forzada a acudir a ellos. Porque la mediación solo puede darse entre personas que estén en una situación de igualdad. Y la base de la violencia de género es precisamente la desigualdad y la asimetría de poder: una persona que controla, domina y ejerce violencia frente a otra que está sometida a esa dinámica. 
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​Ahora bien, sí creo que merece la pena estudiar determinadas fórmulas. Siempre con muchísimas cautelas, porque en violencia de género no vale hacer ensayo y error. Con víctimas hay que ser extremadamente cuidadosos. Entre otras cosas porque las víctimas no son un bloque monolítico: no todas quieren lo mismo ni buscan necesariamente una respuesta punitiva clásica. Muchas veces acuden a la Justicia por motivos muy distintos y, en muchísimos casos, lo que quieren simplemente es que las dejen en paz y poder rehacer su vida. 
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​Por eso creo que quizá podría explorarse algún tipo de justicia restaurativa, siempre entendida como algo complementario y nunca sustitutivo del derecho penal. Y probablemente en momentos muy concretos del proceso y en determinados casos muy específicos. Evidentemente habrá muchísimos supuestos en los que eso sea completamente imposible por la gravedad del maltrato o por las características de la violencia ejercida. Pero quizá existan otros casos donde pueda tener sentido explorar otras respuestas. Sé que hay lugares donde ya se están haciendo experiencias de este tipo, también en España. 

"Podría explorarse algún tipo de justicia restaurativa, siempre entendida como algo complementario y nunca sustitutivo del derecho penal"

Los juzgados de violencia sobre la mujer han asumido en los últimos años nuevas competencias, entre ellas determinados delitos de violencia sexual o cuestiones relacionadas con el impago de pensiones de manutención. ¿Cree que existen recursos materiales, humanos y técnicos suficientes para asumir adecuadamente esa ampliación competencial?

Sí que es verdad que, si los cambios van acompañados de buenos presupuestos, muchísimo mejor. Pero yo sí soy partidaria de cambiar el sistema, porque el que hemos tenido hasta ahora no ha funcionado. Llevo casi 38 años en la carrera y durante todo este tiempo llevamos escuchando exactamente lo mismo: que la Justicia es lenta, que es ineficaz, que no llega. Entonces, si seguimos manteniendo las mismas estructuras, es muy difícil que algo cambie. 
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​Muchas veces seguimos funcionando con una organización judicial pensada para otra época. Por eso yo sí creo que hay voluntad de cambio y que esta puede ser una oportunidad. Se han puesto refuerzos en juzgados y fiscalías, se han creado nuevas plazas -500 para jueces y 200 para fiscales- y aunque siempre vamos un poco por detrás, sí veo una intención de reorganizar el sistema. Y otra oportunidad importantísima sería, desde luego, que de una vez se atribuyera la instrucción a la Fiscalía. Eso supondría un cambio total en la forma de investigar y de trabajar. 
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​En menores ya funciona así: los fiscales llevan la investigación y estamos perfectamente preparados para dirigir investigaciones de cualquier tipo. En violencia de género y en violencias sexuales eso podría contribuir muchísimo a evitar la revictimización. Porque el fiscal estaría desde el primer momento en el procedimiento, sabría qué pruebas hacen falta, cuáles no, cómo proteger mejor a la víctima o qué medidas conviene adoptar desde el inicio. Yo creo que una instrucción dirigida por la Fiscalía también acortaría tiempos, porque sabemos perfectamente qué necesitamos para sostener una investigación y qué diligencias son útiles.

"Otra oportunidad sería que de una vez se atribuyera la instrucción a la Fiscalía. Eso supondría un cambio total"

Y más allá de los recursos, está también la cuestión de la formación. Muchas víctimas sienten que el recorrido de sus denuncias depende en gran medida de la sensibilidad o del conocimiento concreto que tengan quienes intervienen en el procedimiento. ¿Estamos ante un problema principalmente de falta de formación, de desconocimiento de la legislación vigente o también de resistencias ideológicas dentro del sistema?

La formación es, desde luego, una parte fundamental. Este año, por ejemplo, los programas de formación transversal incluían violencia de género, perspectiva de género aplicada a menores, seguridad y salud laboral, familia, discapacidad, personas mayores… Es decir, se intenta atravesar todos los ámbitos. Y no se trata solo de cuestiones técnicas, aunque evidentemente también las hay. 
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​También intentamos incorporar otras cosas. Por ejemplo, traer a víctimas para que expliquen realmente qué les ha pasado. O hacer que la formación inicial en la escuela fiscal sea algo más visual, más impactante, que los fiscales en formación no vean a las víctimas simplemente como un nombre en un expediente, sino como personas concretas que están ahí, contando lo que han vivido. 

"Hay que hacer que los fiscales no vean a las víctimas simplemente como un nombre en un expediente"

También se trata de formar a quienes luego van a formar a otros. Esa supervisión y esa coordinación son importantísimas para unificar criterios. Sinceramente creo que la Fiscalía General le ha dado completamente la vuelta a la formación en estos últimos años. Está muy a la vanguardia. 
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​Cuando una mujer llega diciendo que no quiere denunciar, que no quiere seguir adelante, muchas veces lo que hay que hacer es ir a hablar con ella. Presentarte, explicarle quién eres, preguntarle qué está pasando. No para convencerla de nada, porque hay que respetar absolutamente su decisión, sino para que sepa que hay alguien ahí. Y a veces eso cambia cosas. 

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Parece muy alentador escuchar todo esto sobre la formación y sobre cómo parece estar tan a la vanguardia. Pero a veces da la sensación de que eso choca con lo que luego viven algunas víctimas en los juzgados. Este fin de semana, por ejemplo, en los encuentros sobre violencia vicaria e institucional había muchas madres protectoras que decían que la Justicia no había aplicado la ley de infancia. ¿Qué pasa ahí?

Lo que pasa es que normalmente conocemos los casos que salen mal o los que se enquistan. Igual que en familia hay muchísimos divorcios o acuerdos que funcionan y que nunca llegan a visibilizarse. Los casos problemáticos son los que terminan apareciendo y generando conflicto, pero no son necesariamente la mayoría. Ahora bien, sí es verdad que siguen existiendo resistencias. Los estereotipos siguen estando presentes en todos nosotros. Por eso son tan importantes los cursos de perspectiva de género y de detección de sesgos. 
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​Siempre habrá gente que piense que no tiene ningún prejuicio o ningún estereotipo, pero los tenemos porque forman parte de la sociedad en la que vivimos. También existe un margen de discrecionalidad judicial que tiene que existir, pero ese margen no puede servir para poner en riesgo a menores o ignorar determinadas situaciones de violencia. Por ejemplo, con el artículo 94 del Código Civil, que establece la posibilidad de suspender visitas en contextos de violencia de género, vemos muchas veces cómo la excepción acaba funcionando casi al revés, como si las visitas fueran la regla general pase lo que pase. Y eso tiene que ver con resistencias, con falta de formación, con inercias muy profundas e incluso con puro desconocimiento. 
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​Sigue operando una concepción muy tradicional de la patria potestad y de la familia. Y muchas veces no se separa adecuadamente el daño hacia la madre del peligro que también puede existir para el menor. Las reformas legales intentan cambiar eso, pero el verdadero cambio de paradigma solo llegará cuando cambie también la mentalidad. Porque sí, todavía hay operadores jurídicos cuyos valores personales chocan con el espíritu de leyes que existen desde 2004. Ahí es donde existe la gran brecha: entre lo que dice la ley y cómo se aplica en la práctica. 
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​¿Y cómo se salva eso? Pues con formación, con nuevas generaciones, con una apertura mayor de carreras que históricamente han sido muy conservadoras. También facilitando que personas sin recursos puedan acceder a estas profesiones a través de becas y ayudas, porque eso también transforma las instituciones. 

"Siempre habrá gente que piense que no tiene ningún prejuicio o ningún estereotipo, pero forman parte de la sociedad en la que vivimos"

Una de las posibilidades que abre la reforma de la LOPIVI y que reclaman numerosas madres protectoras es la revisión de resoluciones judiciales previas. ¿Qué mecanismos jurídicos existen actualmente para revisar decisiones que pudieron adoptarse sin aplicar adecuadamente la ley de infancia o sin perspectiva de género?

Eso realmente no lo sé, porque todavía no tengo un texto definitivo de la reforma de la LOPIVI. Lo que he leído hasta ahora han sido más bien resúmenes o aproximaciones, así que tampoco quiero aventurarme demasiado. En cualquier caso, jurídicamente, reabrir ahora procedimientos que están archivados o resueltos desde hace años me parece muy complicado. No sé exactamente qué mecanismos podrían arbitrarse para hacerlo. Me cuesta ver cómo podría plantearse una revisión judicial de ese tipo. 
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​Sí que el otro día, precisamente en estos encuentros, Llüisa García -psiquiatra de Barcelona- hablaba de otra posibilidad que me pareció interesante: hacer una especie de análisis clínico o institucional de los casos, revisar qué se hizo mal, qué falló, qué decisiones se tomaron y qué podría haberse hecho de otra manera. Eso sí lo veo más posible y quizá más útil también para aprender institucionalmente. Pero una revisión judicial como tal… sinceramente, no sé cómo podrían articularla. A mí me parece difícil.

"Me cuesta ver cómo podría plantearse una revisión judicial de ese tipo"