La realidad tras la cortina de humo negacionista de Vox: tres de cada cuatro mujeres asesinadas no denunciaron

En 2024, hubo semanas en las que resultaba casi previsible encontrar entre las noticias del día la información de que una mujer había sido asesinada a manos de su pareja o expareja. Una tónica que da cuenta, en primer lugar, de que la violencia machista es una realidad estructural. Este mismo viernes, el Ministerio de Igualdad informaba a través de sus redes sociales de que se está investigando la muerte de una mujer de Girona como otro posible crimen machista. Apenas unas horas antes, la última Memoria de la Fiscalía dejaba pistas de todo el miedo que envuelve a estos casos, a las víctimas, directas e indirectas. Aunque sea en términos numéricos, llama la atención que el 72% de las mujeres asesinadas en año pasado no hubiera denunciado previamente a su agresor. Una cuestión que debería centrar por completo el debate público. 

Hay quienes, sin embargo, dedican buena parte de sus esfuerzos a desviar la conversación hacia el fenómeno marginal de las denuncias falsas. La jornada que Vox organizó este jueves en el Congreso es ejemplo de ello. La jueza Cira García Domínguez lo resume con claridad: "No se trata de que haya denuncias falsas, que los porcentajes revelan que son, según los datos de la Fiscalía, 0,001%. La reflexión seria está en la cantidad de mujeres asesinadas que no habían presentado denuncia. Ese es el dato en el que debemos poner el foco". En 2024, de hecho, solo se dictó una sentencia condenatoria -y no firme- por denuncia falsa frente a las casi 200.000 denuncias por violencia de género interpuestas ese año. Es verdad que hay muchos casos que se archivan. Pero, como advierte la jueza, "que una denuncia se archive o que haya una sentencia absolutoria no significa que la denuncia sea falsa. Significa que no hay pruebas suficientes o que la víctima ha decidido no declarar. Solo en casos extraordinarios se deduce testimonio por denuncia falsa".

¿Guardan silencio o viven silenciadas? La desconfianza hacia las instituciones es uno de los principales factores que explican por qué tantas mujeres no denuncian. "Hay muchas mujeres que dicen: ya denuncié, no me creyeron, me denegaron la orden de protección, sigo sufriendo violencia, pero no lo volveré a denunciar porque no creo que me vayan a proteger ni a mí ni a mis hijos", relata García Domínguez. Cuando una mujer denuncia, se le valora el riesgo mediante un cuestionario estandarizado que tiene considerables limitaciones. "Son 42 preguntas de sí o no, y a veces se cataloga un caso como de riesgo bajo cuando, tras interrogar a la víctima, ves que la situación es de riesgo alto o extremo", critica la jueza. Es decir, la denuncia no garantiza en estos momentos la seguridad de quien la interpone. Es más, incluso puede agravar la situación. "Cuando una mujer que ha denunciado termina asesinada, el mensaje que se transmite al resto es demoledor: si denuncias, puedes acabar como ella", advierte García Domínguez. A esto se suma un factor de cálculo que muchas mujeres que viven bajo contextos de maltrato hacen en sus cabezas: saben que denunciar puede aumentar su peligro de inmediato. Algunas prefieren huir, separarse o buscar soluciones informales porque temen que la denuncia precisamente detone la violencia del agresor.

Hay, además, comunidades que enfrentan sus propias barreras. En los pueblos pequeños, por ejemplo, la protección institucional se vuelve casi imposible. En 2024, el 20% de los feminicidios se produjeron en municipios de menos de 10.000 habitantes, y ninguna de las mujeres que vivía en localidades de menos de 5.000 había denunciado. "En estos lugares, una orden de alejamiento puede implicar que el agresor tenga que abandonar el pueblo, algo que muchas mujeres saben que es inviable. Y con la pulsera telemática es aún peor: el dispositivo salta continuamente porque la distancia mínima es de 500 metros. En la práctica, es casi imposible de usar", explica la magistrada. 

Y si al maltrato se le suma la cuestión de la edad, la situación todavía se vuelve más cruda. Las mujeres mayores que denuncian sufren directamente discriminación institucional, pues no pueden siquiera acceder a la prestación por violencia de género, dado que no están en edad laboral. Muchas dependen económicamente de sus agresores, lo que las deja atrapadas. 

En el caso de las mujeres migradas, aparecen también los escoyos idiomáticos, culturales y legales. El 38% de las mujeres asesinadas en 2024 eran extranjeras, una sobrerrepresentación que habla de esta desigualdad estructural: "Hay mujeres que llevan años en España y no hablan castellano. Desde el momento en que entran en una comisaría todo se vuelve un problema: necesitan intérprete, acompañamiento, información. Muchas están aisladas porque sus agresores se han ocupado de que no tengan vínculos ni recursos", relata García Domínguez. Además, la desinformación juega en su contra. "A las mujeres en situación irregular, sus agresores les hacen creer que serán deportadas si denuncian. Ellas no saben que, en realidad, la ley las protege y no se les puede incoar un expediente de expulsión", añade. 

Tres condiciones -la migrante, vivir en las periferias o en territorios rurales, y ser mayor- que son solo unas entre muchas otras, como la discapacidad. De ahí la necesidad de incorporar una perspectiva "interseccional" de la que habla la Fiscalía.

La magistrada García Domínguez lamenta que, a pesar de todas estas evidencias, las posiciones negacionistas insistan en desacreditar a las víctimas con el mantra del falso testimonio.

Una reacción contra los derechos de las mujeres

A su mirada se suma la reflexión de la jurista María Naredo, que pone el acento en la incidencia de los discursos públicos y cómo influyen directamente en la capacidad de las mujeres para denunciar, así como en la forma en que la sociedad percibe la violencia machista. Para Naredo, el mito de las denuncias falsas es una estrategia deliberada que busca socavar los avances logrados en materia de derechos de las mujeres. "El estereotipo y el argumento falaz y absolutamente misógino de las denuncias falsas ha ido creciendo como reacción frente al avance en derechos de las mujeres", sostiene. Recuerda que cuando se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género, hace dos décadas, este discurso apenas existía. Fue después, a medida que las políticas feministas empezaron a cuestionar las estructuras patriarcales, cuando comenzó a articularse con fuerza. "A más extendido el argumento de las denuncias falsas, menos van a denunciar las mujeres", afirma.

Naredo recuerda que, según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, más del 60% de las mujeres que sufren violencia viven esa situación en la más absoluta soledad, sin acudir a servicios ni siquiera de forma informal. "La denuncia es solo la punta del iceberg", explica. "Que haya tan pocas denuncias es preocupante, pero lo es aún más que la mayoría de las víctimas ni siquiera pidan ayuda. Esto refleja unas barreras internas y externas muy potentes: la vergüenza, la normalización de la violencia, el sentimiento de culpa, pero también el desconocimiento de los recursos o la falta de respuesta adecuada cuando se intenta buscar ayuda", subraya. Barreras, añade, que se ven amplificadas en lugares mediados por un control social más rígido, donde el miedo al qué dirán y la presión comunitaria refuerzan el silencio: "Allí las violencias machistas permanecen mucho más en la esfera privada, mientras la lejanía de los servicios y la precarización de los recursos de atención integral agravan el aislamiento". 

En paralelo, "movimientos políticos y mediáticos que cuestionan a las víctimas y atacan al feminismo alimentan esa impunidad social. Es un círculo perverso que retrae a las mujeres, las hace sentirse culpables y minimiza la gravedad de la violencia que sufren". Este clima hostil, señala la abogada, explica por qué muchas mujeres no solo no denuncian, sino que interiorizan la violencia como algo inevitable o incluso como una responsabilidad propia.

Uno de los puntos que más preocupa a Naredo es la gestión institucional del riesgo. Si bien se critica a menudo la valoración policial, basada en un cuestionario estandarizado que tiende a infravalorar situaciones de peligro, la jurista recuerda que "en sede judicial la gran mayoría de los casos no tienen ninguna evaluación forense. Esto es clamoroso y se repite año tras año en las memorias". 

Frente a esta realidad, Naredo insiste en la necesidad de cambiar el marco de interpretación. La violencia machista no puede abordarse como un problema individual, sino colectivo, transversal. "Estas violencias no se reducen a la esfera privada, son un problema social y político. Mientras no se combata la impunidad social e institucional, seguiremos viendo cifras como las de este año", anticipa. "A mayor concienciación y a mayor sensibilización social, más denuncias. A mayor estereotipo y mayor crítica a las mujeres y al feminismo, menor denuncia. Es así de claro", expresa. 

Una mentira no es verdad por mucho que se repita

La jueza Gloria Poyatos sitúa el debate en términos muy similares a los de Naredo. "Lo que intentan construir es un estereotipo desde un constructo social, porque carecen de datos objetivos para sostener una afirmación con base empírica. Lo único que les queda es crear una teoría social bajo una falsedad, que se consolida a base de repetir muchas veces una mentira", explica. Para Poyatos, este argumento se sostiene sobre un prejuicio histórico: el mito de la inferioridad moral de las mujeres, esa idea ancestral que presenta a las mujeres como mentirosas por naturaleza: "Se columpia con un estereotipo que ya está consagrado: Eva engañó a Adán. Es la misma lógica, actualizada, para justificar que las mujeres denuncian falsamente".

La jueza subraya que, si realmente hubiera una preocupación genuina por las denuncias falsas, se abordarían otros ámbitos donde son mucho más frecuentes: "Las normas civiles existen desde hace décadas, y es ahí donde se produce el mayor fraude a través de denuncias falsas, como en las aseguradoras. ¿Alguien ha planteado nunca una ley contra las denuncias falsas en ese ámbito? No. Tampoco cuando se habla de bajas laborales fraudulentas o de acoso laboral, que también cuesta demostrar. Nunca se ha propuesto una ley específica para esos casos". La conclusión, dice, es evidente: lo que ahora se quiere impulsar tiene un objetivo muy concreto, combatir la lucha contra la violencia machista.

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EFE

Los datos, insiste, desmienten por completo este relato. La ONU calcula que, a nivel global, las denuncias falsas por violencia de género representan alrededor del 1%. En España, el porcentaje es todavía menor: "¿Cómo vas a hablar de un problema cuando empíricamente no existe? Lo que quieren es crear un problema falso, un prejuicio que no tiene base empírica", advierte. "Ellos insisten en que los archivos significan denuncias falsas, pero ¿por qué no se cuestionan los archivos en otros delitos? ¿Por qué no decimos que todos los homicidios archivados son falsos, o que todos los robos que no llegan a condena son mentira? El proceso judicial tiene sus propios mecanismos y la presunción de inocencia debe aplicarse de forma universal", asevera.

Poyatos destaca también la incoherencia de estos discursos cuando niegan las estadísticas oficiales. "Es curioso: usan datos de las mismas fuentes, como el INE o Eurostat, para hablar de accidentes laborales o suicidios, pero cuando esas mismas entidades publican cifras de violencia machista, de repente dicen que mienten. Es un doble rasero descarado". "No les gusta esta normativa porque les quita privilegios y poder. No es que la mitad de la población masculina piense así, sino un grupo que promueve activamente este retroceso", añade. 

Y, en todo caso, valora que combatir esta lamentable realidad requiere mucho más que leyes: es un proceso que empieza en la educación y en la sociedad: "La ley es el último recurso. Antes de ella deberían intervenir la prevención, la educación en igualdad y la eliminación de prejuicios que devalúan a las mujeres. Desde los anuncios publicitarios hasta los libros de texto, la sociedad sigue enviando mensajes que perpetúan la inferioridad intelectual, física y sexual de las mujeres. Mientras esto no cambie, la violencia machista seguirá reproduciéndose", concluye la coautora de Estereotipos de género en la justicia. Aportes y perspectivas para erradicarlas (Ad-Hoc).