Cómo abordar la crisis de la vivienda frenando la especulación

La vivienda es un derecho. Sin embargo, millones de personas en España viven bajo la constante amenaza de la especulación inmobiliaria, los precios desorbitados del alquiler y la falta de alternativas habitacionales. Tener una vivienda adecuada no solo es indispensable para nuestra dignidad, sino que constituye la base para ejercer derechos fundamentales como la vida, la educación o la salud. También es el vínculo que nos une a nuestros vecinos y vecinas, a la comunidad, nuestros barrios o la ciudad que habitamos. No es casualidad que el problema de la vivienda haya movilizado a miles de personas en los últimos años; es una crisis que define nuestro presente y que exige respuestas inmediatas porque condiciona nuestro futuro.

Cuando se abordan problemas políticos, es fundamental diagnosticar no solo las causas y sus soluciones, sino también identificar claramente quién es responsable de ponerlas en marcha. Las causas son sobradamente conocidas: la vivienda lleva décadas siendo un producto de inversión sometido a un mercado dominado por especuladores y rentistas de diverso tipo. La intervención de las administraciones públicas, salvo honrosas excepciones, se ha limitado a financiar vivienda protegida destinada a la venta, y esta es, sin duda, una de las explicaciones de por qué contamos con un exiguo parque de vivienda social que apenas alcanza el 2,5 % del total de las viviendas existentes.

No obstante, y sin eludir la enorme responsabilidad que debe asumir el Gobierno de España, del cual Izquierda Unida forma parte, es fundamental señalar que las Comunidades Autónomas son quienes tienen la competencia en materia de vivienda y que son, a su vez, las administraciones gobernadas por el Partido Popular, como Madrid, Andalucía o Baleares, las que están demostrando una mayor inoperancia a la hora de afrontar esta dramática situación.

Desde los procesos judiciales condenatorios por vender vivienda pública a fondos buitre, con los 1.860 pisos de Ana Botella, a la justificación basada en “discrepancias ideológicas” para no aplicar la ley por el derecho a la vivienda de la mano de Ayuso. Con procesos de turistificación que sustituyen vecinos y vecinas en muchas capitales andaluzas por airbnb y a los que el gobierno de Moreno Bonilla no pone freno, o con trabajadores y trabajadoras que en la mayor parte de las Islas Baleares llenan infraviviendas por ser una misión imposible pagar un alquiler. Todo bajo el mantra de que será “el mercado” quien solucione el problema, tal y como hemos visto este fin de semana desde Asturias en la reunión convocada por dicho partido, con alojamiento en hotel de lujo incluido.

Izquierda Unida lleva años demostrando, allí donde gobierna, que es posible abordar la crisis de la vivienda confrontando la especulación y a través de las políticas públicas. Lo hizo en Euskadi, en la VII y VIII legislatura (2001 - 2009), donde a través del Departamento de vivienda, promovió entre otras medidas la prohibición de venta de vivienda pública a precio de mercado evitando la pérdida de parque público, la creación de la empresa pública de vivienda Visesa o el programa Bizigune, referente estatal de intermediación entre propietarios e inquilinos con precios tasados de la vivienda, que el Gobierno posterior de Patxi López puso rápido en cuarentena y que llevó a su consejero socialista a decir aquello de «No hay sociedad que aguante el derecho a la vivienda por la gracia de Dios».

Lo hizo en Andalucía, durante el cogobierno con el PSOE, a través de una Consejería de Fomento y Vivienda que levantó muchas veces la bandera de la función social de la vivienda, a pesar del socio mayoritario socialista. Se consiguió aquella ley pionera de la función social de la vivienda, que llevó a la norma el “ni gentes sin casas, ni casas sin gente” y que incluía, entre otras medidas, la sanción a las personas jurídicas que acapararan viviendas vacías y la expropiación del uso de la vivienda a los bancos que desahuciaran a familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Lo hace hoy en Asturias, donde a través a través de la Consejería de Ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y derechos ciudadanos, se ha comprometido una inversión histórica de 156 millones de euros en 2025, un 60% más que el año anterior, para iniciativas como la movilización de viviendas vacías, la construcción de 595 nuevas viviendas públicas y el inicio de un plan a diez años para añadir 5.000 viviendas de alquiler social al parque autonómico. También promoviendo la declaración de zonas tensionadas, empezando por la ciudad de Gijón, primer ayuntamiento de Asturias que lo ha solicitado tras acuerdo en su Pleno municipal.

Y lo ha hecho también, históricamente, en aquellos municipios en los que ha sido gobierno. Destaca el caso de Rivas Vaciamadrid, cuya Empresa Municipal de Vivienda (EMV), desde su creación en diciembre de 2003, ha promovido y gestionado 3.509 viviendas protegidas, lo que representa casi el 10 % del total de viviendas en el municipio. De estas, 671 están en régimen de alquiler asequible, consolidándose como la tercera empresa pública de la Comunidad de Madrid con mayor número de viviendas de alquiler y la primera en términos relativos respecto a su población. Este compromiso con la vivienda pública se refleja también hoy, con un Plan Estratégico 2025-2028 que prevé la construcción de más de 500 viviendas públicas accesibles con una inversión de 44 millones de euros.

Estas acciones, junto con la de otros muchos lugares donde IU es gobierno, muestran que, con voluntad política, recursos y planificación, es posible garantizar el derecho a una vivienda digna. En este sentido, recibimos positivamente la propuesta de creación de una empresa pública estatal de vivienda, que el PSOE anunció en su último congreso, pero tenemos claro que no podremos avanzar en la garantía real del derecho a la vivienda mientras se mantengan prácticas contradictorias con la misma, como la venta de 16.000 viviendas públicas de la SAREB a fondos privados. Tampoco, mientras no se clarifique, y se actúe en consecuencia, que la vivienda es un derecho y no un bien de mercado con el que especular. Es necesario poner, negro sobre blanco, el papel del sector público como eje vertebrador de la solución y no como un mero financiador que transfiera enormes sumas a los bolsillos de propietarios y promotores privados.

Otra cuestión clave es el papel de los ayuntamientos. Si existe voluntad real de acabar con el problema de la vivienda, no podemos olvidar el municipalismo. Los Ayuntamientos son, por un lado, el cerebro de la planificación urbanística, un elemento clave para que la vivienda cumpla una función social y no sea solo un objeto de especulación. Por otro lado, tienen un enorme potencial para promover y construir vivienda protegida, como nos han mostrado muchas experiencias municipales, algunas mencionadas en este artículo. Por ello, no tiene ningún sentido que frente a la negativa de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular de declarar zonas tensionadas, el Ministerio de Vivienda, dirigido por el PSOE, no haya hecho lo suficiente para encontrar y poner en marcha fórmulas que le permitan colaborar directamente con los Ayuntamientos. Tampoco que, en este contexto, no se haya abordado la necesidad de dotar a los municipios de un marco de financiación que les permita desplegar todo su potencial desde su autonomía local sin tener que esperar ni pedir el permiso de nadie.

Estos principios no son consecuencia de una idea abstracta, sino que forman parte del aprendizaje después de años de acción política por el derecho a la vivienda allí donde gobernamos. Desde la construcción de viviendas públicas hasta la rehabilitación de parques existentes, pasando por la movilización de viviendas vacías, la regulación del alquiler y el impulso de programas innovadores como el cohousing senior o los protocolos antidesahucios, sabemos que otro modelo es posible. Además, dentro de nuestra participación en la acción de gobierno y en la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado, defendemos un plan ambicioso para construir 600.000 viviendas públicas en los próximos 12 años, destinando al menos el 2% del PIB a políticas públicas para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente la promoción de vivienda pública de alquiler asequible hasta el año 2035.

Las semillas de un modelo garantista que facilite el acceso a la vivienda llevan tiempo plantadas y dando frutos. Allí donde Izquierda Unida gobierna y lidera las carteras de vivienda se aplican políticas para el beneficio de la mayoría, con un impacto real en la vida cotidiana de las personas. Si el PSOE desea sumarse a este modelo, desde Izquierda Unida lo celebramos y tendemos la mano para que pasen de las palabras a los hechos y se pongan a trabajar codo con codo con nuestras alcaldías, concejalías y consejerías de vivienda, así como con las empresas públicas de vivienda y suelo, para aumentar un parque de vivienda social y asequible de titularidad y gestión públicas que den respuesta a lo que hace tiempo es una clamorosa necesidad de la sociedad.

Tenemos la experiencia y las recetas, toca que el PSOE mueva ficha, poniendo de una vez por todas los medios y la voluntad. No valen ya las medias tintas.