Alerta en la derecha: manda el burofax y corre

Cuando el Gobierno dio luz verde a la prórroga de los contratos de alquiler como medida para paliar los efectos de la desastrosa guerra ilegal de Trump y Netanyahu en Irán, muchos inquilinos de pisos alquilados se lanzaron a los despachos de abogados para enviar un burofax a sus caseros pidiendo la aplicación de una ley que está en vigor desde el 22 de marzo, tras salir adelante el día anterior durante un Consejo de Ministros extraordinario, en el fondo y en las formas, todo sea dicho. 

Según el ministro Pablo Bustinduy, el todoterreno de las medidas sociales, hablamos de un millón de contratos y dos millones de inquilinos protegidos por este decreto contra las subidas salvajes de precios de los alquileres, decisiones que se rigen bajo la ley menos ética de todas: la especulación del libre mercado. Si se te acaba el contrato de alquiler, tu casero puede subírtelo alegremente un 50% sin que nada lo impida y puedas o no pagarlo, siempre habrá quien lo haga por ti. 

Uno de los casos más paradigmáticos al que estamos asistiendo estos días es el de las viviendas alquiladas en una manzana del centro de Madrid propiedad de la Casa de Alba y a los que no quieren renovar el contrato de alquiler porque desean hacer rehabilitación de los inmuebles, lo cual suena más a construir pisos turísticos en una zona muy tensionada y potenciar un negocio muy lucrativo. En esos edificios de la Casa de Alba hay inquilinos de renta antigua y otros con rentas normales (entre 500 y 2.000 euros al mes), altas por la zona que es, pero proporcionales, aseguran los vecinos. Solo las rentas antiguas (algunas que alcanzan 65 años de duración, toda una vida) han logrado librarse de la expulsión, dicen los arrendatarios, gracias a la presión social de la que se hicieron eco los medios de comunicación y que hizo cambiar de opinión a los descendientes de la Duquesa de Alba, responsables de este movimiento especulativo, según los vecinos, en contra de lo que hizo siempre su madre.

Ahora, varios de los inquilinos de estas propiedades, como tantos otros, ya han anunciado que quieren acogerse al decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros para pedir la prórroga de su alquiler y que ni les suban la renta ni les echen de sus casas. El problema es que esta norma podría ser tumbada en el plazo de un mes si Junts y PNV, principalmente, no apoyan el texto impulsado por Sumar en el Congreso, lo cual supondría una batalla legal entre caseros e inquilinos de camino largo y final incierto. ¿Es que no hay votantes de derechas entre esos dos millones de inquilinos que podrían verse beneficiados por la medida decretada por el Gobierno de coalición y que saldrían perjudicados si se les tumba una vez enviado el burofax? Las proporciones de voto en España indican que sí y en un barrio como el del Palacio de Liria, residencia del Duque de Alba, donde se encuentran las fincas en cuestión, por ejemplo, el voto mayoritario es arrolladoramente de derechas en todos los procesos electorales, generales, autonómicas y municipales, según los datos oficiales.

El Gobierno va a jugar esta baza, sobre todo, con los socios de investidura, los nacionalistas del PNV y los independentistas de Junts, a los que, según fuentes del Ejecutivo, sólo podría llevarles a no apoyar un decreto de emergencia con la prórroga de los alquileres el discurso populista de la ultraderecha, empeñado en culpar a las ocupaciones (o inquiocupaciones, término populista de nuevo cuño que no acepta la Real Academia Española). Y cuando hablamos de presiones de la extrema derecha, nos referimos también al PP, cuyo líder Alberto Núñez Feijóo echaba la culpa del problema de la vivienda a las “ocupaciones” este domingo en una entrevista de La Vanguardia: “Creo que los votantes de Junts quieren un Gobierno que haga una política de vivienda absolutamente distinta. Que apruebe una ley antiocupación para garantizar el derecho constitucional a la vivienda”.

En España, hay 26 millones de viviendas y 16.726 denuncias por ocupación, un 0,06% del total. Eso no significa que las denuncias no deban ser atendidas, al contrario y con rapidez, pero de ahí a convertirlas en el núcleo del problema de vivienda en nuestro país, como hace la ultraderecha y jalea Feijóo, no solo es mentira, sino que atenta contra el sentido común más elemental, incluido el que recomienda no tomar por idiotas a tus votantes.

La prórroga de los desahucios en una situación de crisis imprevisible no es de izquierdas ni de derechas, sino transversal y de justicia en un momento en el que, gracias a Trump y sus hordas trumpistas de ultraderecha, los hogares van a ver cómo se disparan considerablemente las facturas de la electricidad, los alimentos y/o el transporte, como mínimo y pese a los intentos del Gobierno por atenuarlas, por discutibles e insuficientes que nos parezcan. Cuidado con los tiros en el pie que dispara el seguidismo de las derechas al populismo fascista, no hay peor adversario electoral que el que cree que tus votos le pertenecen.