El rechazo del decreto ómnibus por parte de PP, Vox y Junts es una muestra más de cómo la derecha política sigue anteponiendo sus intereses partidistas a las necesidades de la ciudadanía. Aunque hablen idiomas distintos, las derechas se entienden perfectamente. Con este voto en contra, han dejado sin efecto una serie de medidas sociales clave para muchísimas familias: La subida del 2,8% de las pensiones contributivas, del 6% para pensiones mínimas, del 9% para pensiones no contributivas, las ayudas al transporte público, la prórroga de la prohibición de desahucios, el apoyo a municipios afectados por la DANA o las ayudas para reducir la factura eléctrica. También el impuesto a las grandes energéticas, que busca mantener sus beneficios récord a costa del bolsillo de la gente (en este caso se han unido el PNV y UPN).

El “no a todo” del PP, Vox y Junts refleja una clara falta de compromiso con la ciudadanía y, sobre todo, con un modelo de país que priorice el bienestar social. Las medidas que se incluían en el decreto buscaban proteger la economía, apoyar a sectores vulnerables y fomentar la sostenibilidad en un contexto de crisis energética y geopolítica. Esta postura obstruccionista, que simplemente busca machacar al Gobierno, tan solo perjudica a la ciudadanía y beneficia, como siempre, a los grandes poderes económicos que la triple alianza derechista defiende a capa y espada.

Gracias a la pinza entre las derechas españolas y nacionalistas, que han convertido el Congreso en un campo de batalla donde los intereses partidistas son lo único que priman, la ciudadanía se enfrenta ahora a un futuro más incierto. Pero no nos engañemos. Este bloqueo es parte de una estrategia política que busca dinamitar cualquier avance progresista y perpetuar una visión en la que el mercado manda sobre los derechos de las personas.

Un modelo de país al servicio de las élites

Las consecuencias del rechazo al decreto son directas para millones de personas que ahora ven cómo sus derechos son sacrificados mientras se protegen los intereses de las grandes empresas. ¿Qué les van a decir el PP, Vox y Junts a los más de doce millones de personas a los que han congelado las pensiones? ¿Qué les dirán a los millones de personas que día a día utilizan el transporte público y cuyas ayudas desaparecerán? ¿Y a las miles de familias vulnerables que vuelven a tener la amenaza de desahucio encima de la mesa? ¿Qué le dirá Mazón a los municipios afectados por la DANA cuando les tenga que comunicar que las ayudas destinadas para la reconstrucción quedan sin efecto?

Es gracioso que Junts intente justificar lo injustificable con el argumento de que las pensiones deben debatirse por separado. Que sí, que se podrían haber votado por separado. Pero, ¿a quién pretenden engañar? Su postura no es más que una estrategia de desgaste hacia el Gobierno, alineándose con la derecha española en una jugada de puro oportunismo político. Sin embargo, el castigo no es para el Gobierno. El castigo es para los millones de personas que van a pagar de sus propios bolsillos el precio de este infantil bloqueo.

El caso del impuesto a las energéticas es especialmente indignante. Son empresas que están teniendo beneficios récord, pero que PP, Vox, Junts, PNV y UPN han decidido que no deben seguir contribuyendo con lo justo. En su defensa a ultranza de una supuesta “libertad económica”, lo que realmente están haciendo estos partidos es perpetuar un sistema que favorece a los poderosos y abandona a la gran mayoría social.

La izquierda debe reaccionar

Frente a este bloqueo sistemático es necesario que la izquierda dé una respuesta firme y decidida. No vale con lamentarse por la falta de apoyo parlamentario. Porque, si miramos a nuestro alrededor, a lo que pasa en el mundo y a la ola ultraderechista que ya ha venido para quedarse en Europa, es innegable que nos estamos jugando mucho. Demasiado para no ir con todo y a por todas. Es necesario articular un discurso claro que exponga quién está detrás de la política de bloqueo y cuáles son sus verdaderos intereses. La ciudadanía debe saber que los derechos que se les niegan hoy son fruto de decisiones políticas, muchas dadas por las élites económicas, que buscan perpetuar un modelo de desigualdad y precariedad. La izquierda debe ser capaz de señalar con claridad a los responsables y proponer soluciones que vayan más allá de los marcos convencionales.

Es momento de actuar con valentía. No se puede ceder ante quienes solo buscan debilitar el escudo social. Y, no nos olvidemos: la sociedad civil tiene un papel clave. La movilización y la exigencia de avanzar en derechos son fundamentales para frenar esta ofensiva reaccionaria. Si la derecha persiste en su estrategia de bloqueo, la respuesta debe ser contundente: más justicia social, más equidad y más derechos. No podemos permitir que el bienestar de la mayoría quede a merced de los intereses de unos pocos.