La Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia) estimaba a principios de año que sólo en Madrid aún existen alrededor de 5.000 calderas de gasóleo, lo que no, unido a las cerca de 800 de carbón, no contribuye a reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Cabría pensar que las instituciones públicas han de dar ejemplo en la lucha contra el cambio climático, pero en un país en el que se penaliza a quien hace uso de las energías renovables con un impuesto al sol no es el caso.

Si miramos al Ministerio de la Presidencia, las cifras asustan. El suministro de combustible para las dependencias de Presidencia de Gobierno, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, la Agencia Estatal del BOE y el Consejo de Administración Patrimonio Nacional supera los 800.000 euros anuales, provisto por ENERPLUS.

Sólo en el ministerio, el consumo anual ronda los 30.000 litros o, dicho de otro modo, un depósito, pues el que tiene cuenta con esta capacidad. Esta cifra queda muy lejos de los más de 200.000 litros de consumo de gasóleo estimado para la Agencia Estatal del BOE, o de los 415.000 litros de las dependencias que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional tiene en El Pardo.

En total, sumando todas estas dependencias, hablamos de un consumo anual previsto de 803.200 litros que, con todo, es inferior a lo consumido en 2015 cuando se rozaron los 870.000 litros.

Según el factor de emisión que determina el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDEA), por cada litro de gasóleo se libera 2,66 kg de CO₂. Dicho de otro modo, en 2015, las dependencias dependientes del ministerio de Presidencia lanzaron a nuestra atmósfera más de 2.300 toneladas de CO₂. A la luz del último concurso público adjudicado para el suministro, ahora tocarán algo más de 2.100 toneladas...

¿No va siendo hora de que desde las Instituciones Públicas se lidere el cambio en los hábitos, mirando hacia fórmulas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente?