20N: racismo de Código Penal y racismo de presupuesto general

Otro 20-N más, las concentraciones neonazis volverán a ocupar las calles del país. Grupúsculos neofascistas protagonizarán actos con proclamas racistas. Sin embargo, el racismo no es hoy un problema circunscrito a un conjunto de grupos ultras, ello es solo la punta visible del iceberg de un fenómeno más amplio y estructural. En España conviven hoy dos formas de racismo en auge: un "racismo de Código penal" y un "racismo de Presupuesto general". Sin menos tener el primero, es el segundo el que nos debe preocupar especialmente por las desastrosas consecuencias que acabará teniendo en el sistema de derechos. 

Llamo "racismo de Código penal" al que practican los movimientos neonazis. Un racismo de raíz biológica que desvaloriza a las personas en función de rasgos supuestamente naturales, deseando incluso su muerte. Frente a esta expresión organizada y violenta de racismo, la respuesta debe ser la aplicación contundente del Código Penal, pues estas conductas vulneran los principios constitucionales y los derechos humanos más básicos.

Por otro lado, el "racismo de Presupuesto general" es una forma de rechazo social contra la población inmigrante que, fruto de las políticas neoliberales y el debilitamiento del Estado social, pasa a percibirse por muchos como una amenaza. Se trata de un racismo más instrumental que biologicista, cada vez más extendido, donde el rechazo al otro surge no tanto por lo que "es", sino por lo que se percibe que "provoca", y que constituye la base del actual auge de la extrema derecha y un serio peligro para la garantía de los derechos de todos. Se trata de un fenómeno que solo puede atenuarse reconstruyendo un gasto social fuerte y universal.

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Durante buena parte del siglo XX, los Estados sociales europeos lograron, en distinta medida, construir sociedades relativamente igualitarias, sostenidas sobre un principio de universalidad de derechos en educación, sanidad, vivienda y seguridad social. Tal universalidad no solo generaba bienestar material, sino que producía un efecto psíquico  que John Rawls denominó el velo de la ignorancia. Puesto que todos tenían una posición social parecida, cualquiera podía, por azar (enfermedad, accidente, etc.), encontrarse en situación de vulnerabilidad. La solidaridad, así, no era una virtud abstracta moral, sino un mecanismo racional de autoprotección colectiva, un cálculo de riesgo compartido, un pacto entre iguales que se repartían los riesgos de la vida.

Sin embargo, a partir de las década de los 80 y 90, se produce, fruto de la instalación del neoliberalismo en las políticas públicas, una transformación en los regímenes de bienestar que, poco a poco, van reduciendo su dimensión universal y ampliando su lógica de actuación focalizada. Es decir, se da un progresivo desmantelamiento parcial de los servicios públicos universales y la aparición de nuevos ámbitos de actuación directamente vinculados a situaciones de vulnerabilidad y transformación de las estructuras familiares (monoparentalidad, dependencia, cuidados, etc.) sobre la base de una nueva red de servicios sociales y transferencias asistenciales no contributivos (políticas de rentas mínimas y servicios sociales, programas contra el paro, políticas de vivienda social en barrios degradados, servicios a familias vulnerables, etc.).

La priorización de la lógica focalizada por encima de la universal da lugar a un modelo bicéfalo estructurado sobre dos nexos: un nexo entre población y mercado para la amplia mayoría de la población. Y un nexo entre Estado e individuo para la población en situación de vulnerabilidad. Es decir, la mayoría de las clases popular-intermedias deben pasar a cubrir cada vez más necesidades básicas (vivienda, servicios básicos, sanidad, transporte, etc.) a través del mercado, mientras el Estado focaliza sus políticas en la población más vulnerable que queda atrapada en una red pública de servicios cada vez más precarizada por la falta de recursos, listas de espera, etc. y que cada vez menos cubre las expectativas de calidad de las clases medias.

En este nuevo contexto, se produce una des-solidarización estructural, en tanto que, la solidaridad deja de ser útil para la cada vez mayor cantidad de gente obligada a acudir al mercado, y que ya no percibe lo público como un sistema de ayuda mutua entre iguales, sino como una transferencia unidireccional desde los que "pagan" hacia los que "reciben", que son los sectores menos favorecidos de la sociedad, entre los cuales encontramos al colectivo migrante, y sobre los que descargan su resentimiento. El racismo no nace entonces de un prejuicio ancestral, sino de una economía política del resentimiento de una población que, incapaz de realizar un análisis económico más profundo de las causas de su precarización, culpabiliza a un actor externo fácilmente identificable que son los inmigrantes.

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Ello configura una dialéctica perversa de retroalimentación entre el racismo sociológico y el discurso de la extrema derecha. El primero nutre al segundo, proporcionándole base emocional y legitimidad popular, mientras el segundo refuerza y reproduce el primero mediante su discurso de asociación entre inmigración, delincuencia, inseguridad y pauperización de servicios. En conjunto, ambos conforman un círculo cerrado en el que el resentimiento social se convierte en gasolina sobre el que, cada día más, crece el porcentaje de votos de Vox o Aliança Catalana, cada vez más presentes en gobiernos municipales, autonómicos y, más pronto que tarde, estatal.

Decía al inicio que esto debe preocupar especialmente por las consecuencias que acabará teniendo sobre el sistema de derechos, no solo de los inmigrantes, sino también los nuestros. El incremento del apoyo a la extrema derecha reconfigura los marcos mentales con los que amplios sectores sociales pasan a interpretar qué significa "gobernar bien", predisponiendo a la población no sólo a aceptar, sino también a demandar, políticas regresivas en materia de derechos.

En el Estado constitucional del siglo XX, la noción de "buen gobierno" se vinculaba con la legitimidad. Un gobierno era bueno si respetaba la voluntad popular y garantizaba los derechos fundamentales. La autoridad se justificaba desde abajo, desde quienes obedecen, y solo era legítima cuando se fundaba en procedimientos participativos y representativos que aseguraban el respeto de los derechos de los ciudadanos. La extrema derecha, en cambio, desplaza este criterio hacia la idea de eficacia autoritaria. Su discurso racista y securitario, mediante la asociación entre inmigración y delincuencia, alimenta un clima de miedo que reconfigura el ideal de "buen gobierno", haciendo que ya no importe tanto la legitimidad democrática como la capacidad de imponer orden, incluso a costa de la libertad y la igualdad.

Como consecuencia, grandes sectores sociales empiezan a tolerar, e incluso exigir, medidas que vulneran derechos bajo la convicción de que solo un poder fuerte puede resolver los problemas que supuestamente amenazan el orden. El caso de Nayib Bukele en El Salvador ilustra este fenómeno. Su altísima popularidad, pese a su vulneración de derechos humanos, muestra como el imaginario del "buen gobierno" puede desplazarse hacia la naturalización del autoritarismo cuando el miedo y la inseguridad son convertidos en los ejes centrales del discurso político. Esta es, en consecuencia, una grave amenaza sobre nuestro sistema de derechos que exige para atenuarse reconstruir un Presupuesto general con un gasto social fuerte y universal.