Por Manuel Blanco Chivite, escritor y editor

Un año más, y ya son cuarenta y ocho, recordamos de nuevo aquel 27 de septiembre de 1975 y a los últimos cinco fusilados de la dictadura terrorista de Franco y el ejército español.

Esta vez, queremos recordar también, a todas las personas que fueron asesinadas ese mismo año, el último de la vida del Generalísimo (así le nombraron los militares españoles).

Lo haremos brevemente, apenas mencionando sus nombres. Que no se olviden.

Recuerdos

1975 fue un año de crisis, movilizaciones y sangre. Y un dato previo: entre 1967 y 1975 se decretaron seis estados de excepción. Los de enero del 69 y diciembre del 70, de tres meses de duración, afectaron a todo el territorio del Estado; los restantes “sólo” a las provincias que, tras la victoria franquista, fueron declaradas oficialmente, “provincias traidoras”: Vizcaya y Guipúzcoa. Se vivía en España un clima de represión acentuada y un clima de luchas de todo tipo, desde huelgas y manifestaciones perseguidas a tiros hasta respuestas de ataque y autodefensa por parte de diversas organizaciones antifascistas como el FRAP o ETA, entre otras. Tras las numerosas detenciones que se produjeron durante los meses de julio y agosto, se montaron cuatro consejos de guerra (el ejército mantenía su papel represor intacto desde el levantamiento fascista del 18 de julio de 1936), dos en Madrid, uno en Burgos y otro en Barcelona. El segundo de Madrid fue sumarísimo. Como consecuencia, once penas de muerte de las que se llevaron a cabo cinco, las de Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo Solla, Ramón García Sanz, los tres del FRAP, y las de Ángel Otaegui y Juan Paredes Manot. Las tres primeras se ejecutaron en el polígono militar de Hoyo de Manzanares en Madrid, y las otras dos en Burgos y en Barcelona.

Para dar una idea de lo que se vivía en España durante esos años y, en concreto, durante 1975, y hacer comprender hoy la situación y el combate contra la dictadura terrorista, así, a vuela pluma y sin pretender ser en absoluto exhaustivos, damos unas pinceladas rápidas sobre el día a día de la represión de la época.

1974 se despidió bien servido. Durante el último trimestre fueron detenidas 1.309 personas: 478 en octubre; 197 en noviembre y 634 en diciembre. El Tribunal de Orden Público (TOP) incoó durante ese año 2.382 causas, 217 más que en 1973.

El 20 de enero, la Guardia Civil inaugura el nuevo año asesinando a tiros a Víctor Pérez Elexpe, militante del PCE(i). Su delito: repartir propaganda de su partido en Santurce.

El mismo mes se detuvieron en toda España a 600 personas, de ellas, 120 en Cataluña. (manejamos cifras oficiales y los hechos reseñados por la prensa; ambas fuentes pueden considerarse muy poco fiables, en el sentido de que ocultaban en unos casos y reducían en otros, las actuaciones represivas y su gravedad). En febrero, las personas detenidas superan los 400.

Participan en los ataques a librerías de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Granada..., a tiros y con cócteles molotov, los consabidos grupos de extrema derecha así como miembros de las fuerzas de seguridad del Estado vestidos de civiles.

El 1 de febrero fue herido de gravedad por los disparos de un policía de la Brigada Político Social (BPS) Carlos Urritz Geli, del PCE (m-l), junto al metro de Santa Eulalia, de Barcelona. Su delito, el mismo que Pérez Elexpe: repartía el periódico de su organización.

El 5 de febrero muere en un hospital de Barcelona, a consecuencia de las torturas infringidas por la BPS, Pedro Mora León, militante independentista.

El 8 de febrero, un decreto gubernamental cierra la Universidad de Valladolid, tras las protestas de los estudiantes.

El 20 de abril, la Guardia Civil dio muerte a tiros a Mikel Gardoqui Azpiroz.

Con fecha del 25 de abril, un decreto firmado por Franco y el ministro de la Gobernación, José García Hernández, establece el estado de excepción durante tres meses en Vizcaya y Guipúzcoa.

Durante estos días, en Galicia, están en huelga los trabajadores de FENOSA. El 1 de mayo, el FRAP y la LCR convocan una manifestación en las cercanías de los bloques donde viven muchos de los obreros de la citada empresa. Unas cien personas recorren la zona repartiendo propaganda y lanzando consignas de apoyo a los huelguistas. Entre ellas, está José Humberto Baena. Se había unido al FRAP a principios de 1974. Mientras la manifestación se desarrollaba sin incidentes, aunque en estado de alerta a la espera de la aparición de las fuerzas de seguridad, desde un balcón, un guardia civil apellidado Sanfiz se dedicó a hacer puntería y disparar sobre los manifestantes. Un obrero de FENOSA, Manuel Montenegro, que contemplaba la manifestación desde la acera, fue alcanzado por las balas. Murió en el acto.

Una esquela del sindicato vertical fascista aparece al día siguiente en la prensa gallega diciendo que Montenegro había muerto en “accidente laboral”.

El 20 de mayo, la Guardia Civil perpetra una masacre en Gernika, asesinando a tiros a tres personas: Jesús Markiegi, de veinte años, y el matrimonio formado por Blanca Saralegui Allende, de cuarenta y dos e Ignacio Garay Lejarreta, de cincuenta y tres.

Como dato adicional a esta tenebrosa lista señalemos que, entre octubre del 74 y mayo del 75, se produjeron 80 secuestros de periódicos y revistas de todo tipo.

El 9 de mayo, el ministro de Información, León Herrera, se reunió con nueve directores de periódicos de ámbito nacional para dictarles una serie de normas en la situación de estado de excepción, entre otras: “no criticar al Jefe del Estado, al Príncipe Juan Carlos o al Presidente del Gobierno”. Se restringió igualmente la información sobre la actividad de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En poco más de un mes, de marzo a primeros de mayo, las personas detenidas en todo el país sumaron, si nos guiamos por las informaciones periodísticas, siempre muy parciales, unos 700. Un cálculo más pormenorizado podría elevar la cifra a, más o menos, 1.300, para superar los 2.000 en los siguientes cuarenta y cinco días. En junio-julio fueron internados en la plaza de toros de Bilbao 125 personas, al no haber espacio en las comisarías.

El 23 de mayo el estudiante Luis Arriola, de diecisiete años, fue detenido en Ondarroa y conducido al cuartel de la Guardia Civil. Motivo: formaba parte de un grupo de muchachos que se paseaban cantando en vasco. En el cuartel le pegaron un tiro y murió. La prensa guardó el más absoluto silencio. Al parecer, uno de los asesinos se llamaba Pedro Rodríguez, guardia civil, por supuesto

El 28 del mismo mes, una ciudadana alemana, Felicitas Mara Alesandra Leckelt murió en un control de carreteras a manos de la Guardia Civil. El mismo cuerpo de Seguridad mató a un niño de trece años en otro control de carreteras. La prensa, en silencio. El estado de excepción era para algo.

El 15 de junio, Alfredo San Sebastián, de veinticuatro años fue asesinado en Murguía, Vizcaya, igualmente por la Guardia Civil durante una fiesta de despedida. En julio, asesinato de Josu Mújica Ayestarán.

En agosto, Moncho Reboiras es asesinado por la BPS en Galicia; el 31, el mismo cuerpo terrorista de Estado mata en San Sebastián, en una manifestación, a Jesús María García Ripalda,

El 18 de septiembre de 1975, de nuevo la BPS, mata a José Ramón Martínez Antia "Montxo", en el transcurso de unas operaciones propiciadas por la delación de Mikel

El 19 de septiembre, es acribillado y muerto en Barcelona, Andoni Campillo Alkorta.

En octubre, los asesinados fueron Kepa Etxandi, Iñaki Etxabe Orobengoal, Germán Aguirre y Antonio González Ramos. También en octubre, José Martínez Vélez, su esposa Antonia Pérez Puente y su hijo Antonio Martínez Pérez, que venían de un velatorio familiar en su vehículo, fueron alcanzados por el fuego cruzado entre un grupo de la Policía Armada y otro de la Guardia Civil en Barcelona.

En noviembre, es asesinado Ángel Esparza Bastrerra y en diciembre se cierra el año con otras dos muertes, Koldo López de Gereñu y Kepa Tolosa Goicoetxea.

Con los fusilados el 27 de septiembre, nos da la cifra de veintiocho asesinatos de Estado el último año de vida del dictador. Veintiocho asesinatos impunes, por no hablar de los actos de ataque a personas, establecimientos, librerías, ataques a manifestantes, apaleamientos, detenciones y torturas.

En todo esto, un grupo especial de la Guaedia Civil, poco conocido, tuvo mucho que ver, el Grupo de Operaciones del Servicio Secreto de Información (GOSSI), en el que tuvo papel destacado el capitán Gil Sánchez Valiente, implicado en el intento golpista del 23 de febrero de 1981.

Ese era el ambiente, esa era la España de Franco.

Testimonios

El periodista José María Izquierdo escribió algunos de sus recuerdos sobre los fusilamientos en Hoyo de Manzanares en el periódico Público en 2015. Reproducimos algunas líneas:

Don Alejandro, el párroco, (de Hoyo) blanco como la pared, ya sin roquete y estola, entraba en su R-12 para volver al pueblo. "Puedo decirles que estuvieron muy enteros, muy fuertes. Para mí todo esto ha sido muy desagradable porque cuando me llamaron no sabía para qué era... No, ninguno de los tres quiso auxilios espirituales". [Años más tarde, don Alejandro contaría que esa mañana habían llegado al cuartel de Hoyo varios autobuses con policías y guardias civiles -muchos de ellos borrachos- para asistir a los fusilamientos].

Algunos párrafos de la declaración para la Querella argentina de Victoria Sánchez-Bravo Solla, hermana de José Luis, miembro del FRAP, detenido, torturado, sometido a consejo de guerra sumarísimo de urgencia, condenado a muerte y finalmente fusilado el 27 de septiembre de 1975.

Mi hermano fue acusado de haber participado en el ataque a un teniente de la Guardia Civil, uno de los principales cuerpos represivos de la Dictadura franquista, realizado en Madrid por la organización de resistencia a la dictadura Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Tal ataque se produjo el 16 de agosto de 1975, fecha en la que mi hermano no se encontraba en Madrid.

Fue detenido e interrogado por miembros de la Brigada Político Social entre los que figuraban los conocidos torturadores comisario Roberto Conesa e inspector Juan Antonio González Pacheco (a) “Billy el Niño”.

Durante su estancia en las dependencias de la Dirección General de Seguridad del Estado (estancia como secuestrado ya que no se hizo parte de entrada y el funcionario correspondiente me negó que se encontrara detenido) fue sometido sistemáticamente a torturas: se le impide dormir durante días, palizas constantes, se le aplican corrientes eléctricas en diferentes partes del cuerpo. En tales torturas participaron los policías mencionados.

Algún tiempo después de aprobarse la Ley de Memoria Histórica del gobierno de Zapatero, Flor Baena, hermana de Xosé Humberto, otro de los fusilados en 1975, como ya hemos indicado, en septiembre de 2009 dirigió una carta a María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, a Francisco Caamaño Domínguez, ministro de Justicia y a Cándido Conde-Pumpido Tourón, Fiscal General del Estado, en la que entre otras muchas puntualizaciones, decía:

Él (se refiere a su hermano claro está) no supo de qué se le acusaba hasta cinco días después de ser detenido y torturado. El día del juicio fuimos mi padre y yo a Madrid pero al llegar a “El Goloso” (en el cuartel de El Goloso tuvieron lugar los dos consejos de guerra de Madrid) no nos permitieron la entrada.

Esperamos hasta las cinco de la tarde, hora en la que el abogado nos dice que hay cinco condenados a muerte. Los dos meses siguientes lo vimos sólo los sábados, durante quince minutos, después de pasar toda la noche en tren, y siempre entre rejas y un cristal con un guardia separándonos. El 26 de septiembre (viernes) mi padre iba a marcharse en tren con mi hermano Fernando, pero a las 8:30 de la tarde una llamada del abogado nos decía que teníamos que estar en Madrid antes de las 7 (de la mañana) si queríamos ver por última vez con vida a Piter, que era como le llamábamos a mi hermano en la familia.

Tomaron un taxi y llegaron a las 6:30. Hablaron media hora con él y se reafirmó en que era inocente, que lo habían hecho firmar no sabía qué. Se cumplió la sentencia. Esperamos ocho días para traerlo a Vigo para evitar que hubiese más detenidos y, cuando lo trajimos, nos lo secuestraron en Porriño y a las ocho de la mañana abrieron el cementerio para enterrarlo a él solo. Mi padre y mi madrina fueron los únicos que, por casualidad, estuvieron presentes, ya que se encontraron en la carretera con un coche fúnebre de Madrid escoltado por la policía y comprendieron que era él.

Declaración conjunta de tres compañeros sobrevivientes de los consejos de guerra de El Goloso entregada en 2012 a la jueza María Servini, en Buenos Aires y en el marco de la querella argentina contra los crímenes del franquismo.

Nuestra militancia anti-franquista quedó clara en el Consejo y la reivindicamos en la medida que pudimos dentro de las fuertes limitaciones que se nos impuso a declarar libremente en nuestro favor. Lo que el Consejo no pudo demostrar fue nuestra participación en los hechos imputados: el atentado contra un Policía Armado.

La instrucción de la causa, dirigida por el comandante Mariano Martín Benavides, fue realizada tras forzar mediante palizas, torturas y en situación de incomunicación y secuestro en las dependencias de la Brigada Político Social (no hubo parte de entrada de ninguno de los detenidos), la firma de determinadas declaraciones auto-inculpatorias, abiertamente manipuladas en su redacción por el grupo de policías al mando del Comisario Roberto Conesa, sobradamente conocido por sus métodos irregulares de actuación y por ser uno de los torturadores mas caracterizados del régimen de Franco.

Cuando, varias semanas después y levantada la incomunicación, nuestros abogados solicitaron la instrucción de 124 pruebas, el citado Martín Benavides las rechazó en el corto espacio de tiempo de veinte minutos. Materialmente, no tuvo tiempo ni de leerlas.

En la vista pública del Consejo de Guerra, la Fiscalía Militar no pudo presentar ninguna prueba material, pericial o testifical de los hechos de que fuimos acusados. Ni siquiera pudo presentar la supuesta pistola que dijeron (lo dijo la Brigada Político Social y, siguiendo su dictamen, la instrucción del comandante Benavides) haber intervenido a José Humberto Baena Alonso, pistola que no apareció por parte alguna. Tampoco se presentaron los resultados de ninguna prueba balística, dactiloscópica, declaraciones de testigos ni nada parecido. Tampoco, claro está, los abogados pudieron presentar ninguna prueba a favor de los acusados, como coartadas, testigos de descargo, comparación de huellas u otras.

Afirmamos que esto fue así porque tal presentación de tales supuestas pruebas de cargo, hubiese puesto en cuestión todo el entramado amañado por la Brigada Político Social, el juez instructor y la propia Fiscalía Militar.

Firmaron la declaración Vladimiro Fernández Tovar, Pablo Mayoral Rueda y Manuel Blanco Chivite.