Por Luis Suárez-Carreño, activista de La Comuna

El ayuntamiento de Madrid ha emprendido un ambicioso proyecto de recuperación de la memoria… ¿cómo? ¿puede repetir eso?

La frase anterior resulta sin duda chocante, inverosímil: Ayuntamiento de Madrid y memoria son dos ideas/conceptos que no casan; la corporación actual, en particular, es fundamentalista contra la memoria, sobre todo contra la memoria democrática, pero también contra la memoria histórica en general. Se entiende, no obstante, al aclarar que se trata de un proyecto de recuperación de una memoria algo peculiar, de algo que en realidad es inventado; no es propiamente, por lo tanto, de recuperación de la memoria, sino de invención de una falsa memoria.

¿De qué proyecto de fake memoria se trata? Pues de un denominado mapa cultural ilustrado del Madrid de San Isidro, que según el director del museo del mismo santo se justifica porque ‘pocas ciudades se identifican tanto con la figura de su santo patrón como Madrid’; mientras la concejala de cultura afirma que ‘aunque la figura de San Isidro es muy conocida, creemos que faltaba darle publicidad (sic) a su vida y a su Madrid’. Paralelamente, el ayuntamiento ha conseguido la declaración de las fiestas patronales del mismo santo como BIC (Bien de Interés Cultural).

Siguiendo en Madrid, los medios han revelado también en estos días el relato que se ofrece a los visitantes del palacio de Liria (residencia de la casa de Alba) sobre su bombardeo y posterior incendio, en concreto el 17 de noviembre del 36, en plena ofensiva franquista contra esta ciudad. Fueron precisamente los bombardeos de las aviaciones alemana e italiana los que impactaron en el palacio con bombas incendiarias provocando un fuego que duró 4 días. La narración oculta la autoría franquista de esa destrucción; y al mismo tiempo oculta en su narración que los milicianos republicanos organizaron, en los días del incendio, un operativo para salvar la mayor parte de los bienes artísticos que el palacio atesoraba en aquellos tiempos, evitando así su pillaje o destrucción.

Pero ¿qué está pasando en Madrid? ¿Es que nos hemos vuelto colectivamente gilipollas? ¿Estamos ante una epidemia regresiva infantilizante?

Si España es un secarral yermo y polvoriento en materia de memoria democrática, Madrid es directamente un desierto calcinado donde solo medran los hierbajos tóxicos heredados de un régimen tan asesino como inculto, que 44 años de democracia oficial han sido incapaces de arrancar.

No se trata ya de la impunidad y de la negación del derecho a la justicia por los crímenes del franquismo, particularmente los de lesa humanidad; hablo de algo previo y mucho más elemental, esto es, el conocimiento de la historia, al menos de esa historia incontestable, documentada en sus hechos desnudos, de los que existe plena evidencia y abundancia de testimonios directos. Pretender negarlos es como intentar tapar el madrileño sol de agosto con una tela mosquitera.

Cualquier visitante de esta ciudad movido por la curiosidad histórica concluiría que aquí no ha pasado nada reseñable en 200 años, prácticamente desde Carlos III. Pensará que la crónica del siglo XX esta fue el de una villa y corte de la picaresca y la indolencia, de los toros y las verbenas, que nuestras autoridades pretenden hoy perpetuar con su cultura de la terraza y la caña - o del relaxing café en la plaza Mayor, que diría aquella otra -, un amable parque temático consumista y low cost de tapas y museos.

Una ciudad sin historia reciente, donde por no haber no hubo ni revolución industrial ni clase obrera, ni movimientos ciudadanos emancipadores, ni mucho menos una guerra y asedio implacables respondidos con su defensa heroica; una posguerra de hambre, humillaciones y revanchismo, seguidas de 40 años de represión e injusticia. Nada, de todo eso nada queda visible e inteligible. En particular, la resistencia antifranquista sigue siendo, de alguna retorcida manera, clandestina.

Se trata de una ciudad cuyo alcalde, cuando no está arreglándoles los negocios a sus allegados está vandalizando el memorial del Cementerio del Este o ensuciando nuestras calles con nombres profranquistas, muy a tono con una presidenta de comunidad que dijo aquello de que si te llaman fascista es que estás en el lado bueno de la historia.

Una ciudad y región donde parece que sobra suelo y dinero para regalar, por ejemplo, a la iglesia católica y sus diferentes sectas (véanse las recientes cesiones durante 75 años de parcelas municipales para dos templos y un monasterio), vulnerando alegremente si hace falta la legislación ambiental como en el caso del macrocomplejo de la asociación integrista ‘Heraldos del Evangelio’ en un espacio natural protegido del municipio de Sevilla la Nueva. Donde sobran recursos para emprender obras suntuosas e innecesarias en espacios públicos - siempre que sean céntricos, no en barrios obreros; o para crear oficinas-chiringuitos para promover el castellano o la tauromaquia. Pero donde no hay recursos ni interés para dignificar los lugares de memoria democrática.

La laminación de la memoria en Madrid no es algo nuevo ni exclusivo de la actual corporación municipal, ni tampoco de la derecha. Valga el caso de la cárcel de Carabanchel como prueba de ello: fue en época socialista cuando el gobierno del estado, como propietario del inmueble, llevó a cabo su insensata demolición. Pero sí es un fenómeno especialmente grave en Madrid, quizás porque su especial visibilidad y proyección mueve a quienes se avergüenzan de nuestro pasado, o directamente lo niegan, a invisibilizarlo aquí con mayor ahínco.

Aunque los infames pactos de olvido, silencio e impunidad de la Transición afectan al conjunto del estado y han contribuido al empobrecimiento democrático de todos los territorios, en el caso madrileño esa doctrina ocultista se ha venido aplicando con especial encono por los gobiernos de todos los niveles administrativos y signos políticos, e incluso los muy tímidos avances que supuso la ley del 2007 de Memoria Histórica, por ejemplo en materia de toponimias y vestigios franquistas, se han aplicado con más dificultades en Madrid que en otros territorios. Pues, aún con esos corsés legales, algunos gobiernos locales (autonómicos y municipales), han sido menos beligerantes contra la memoria que los madrileños, llevando a cabo, por ejemplo, la señalización o resignificación de lugares de memoria.

Entre los muchos lugares históricamente relevantes no memorializados en Madrid destaca el de la actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, la que fue Dirección General de Seguridad (DGS) durante la dictadura, donde se practicó sistemáticamente la tortura y malos tratos contra las personas detenidas por ejercer derechos como los de expresión, de reunión o de asociación, todos ellos delitos durante la dictadura. Un lugar donde, incluso después del 4 de diciembre de 1978, en que fue reconvertida en Brigada Central de Información, todos los torturadores siguieron en sus funciones, sin rendir cuenta alguna por sus crímenes. De hecho, en 1981, esa misma policía política torturó hasta la muerte a Joseba Arregi. Esos hechos son recordados semanalmente desde hace más de 10 años por la concentración memorialista ‘Ronda de los jueves’ en la Puerta del Sol.

Mientras se lleva a cabo en estos días una ‘remodelación’ de la Puerta del Sol con caprichosas actuaciones como la de trasladar al ecuestre Carlos III, nada en ese edificio, que en su fachada muestra 3 placas (a las víctimas del COVID, a la sublevación del 2 de mayo de 1808 y sobre los atentados del 11-M 2004, respectivamente), recuerda hoy su pasado reciente. Un pasado que, más que cualquiera de los sucesos a los que se refieren las placas existentes, constituye el auténtico genius loci, o espíritu del lugar.

Estas obras son una ocasión más para exigir a Comunidad de Madrid y Ayuntamiento la instalación de una nueva placa en reconocimiento a las miles de personas que sufrieron torturas y malos tratos con motivo de su interrogatorio por la policía franquista en las dependencias de este edificio. No se trata de momento de musealizar ese lugar como el centro de memoria de la violación continuada de derechos humanos que debería ser, pero al menos de dejar una constancia visible de esta historia para cumplir mínimamente con el deber de recordar de nuestra sociedad.

Si tienen alguna sensibilidad democrática, nuestras autoridades locales deberían encontrar un momento para, además de cultivar el casticismo y la santurronería, además de poner la ciudad al servicio del turismo y la hostelería, y de promover chiringuitos para los amiguetes, estar a la altura de nuestra historia contemporánea, en especial de sus episodios más trágicos, y de las gestas épicas que escribieron en el pasado siglo miles de sus ciudadanos y ciudadanas anónimos. La colocación de esa placa en la fachada de la antigua DGS sería una buena manera de empezar.

Y es que la señalización y memorialización de los lugares de la represión franquista no es solo una exigencia por respeto hacia nuestro pasado y hacia las víctimas, es un imperativo democrático para que las personas jóvenes sepan del terror de la dictadura y de la valentía de quienes se le enfrentaron, contribuyendo así a su conciencia antifascista arraigada en el respeto a los derechos humanos. Pero para ello la administración tiene que conocer y reconocer nuestra historia real, no solo las historias y leyendas del santoral.