45 piolines al banquillo

Ejercer la violencia desproporcionada no le puede salir gratis a la Policía Nacional, aunque en numerosas ocasiones haya sido así. En un país en el que se corre un tupido velo, incluso, cuando en una protesta los agentes utilizan fuego real y hieren a alguien ajeno a la concentración, que un juez abra la puerta a que 45 policías sean procesados por su actuación en aquel 1 de octubre de 2017 en Catalunya es una muy buena noticia, incluso, para ellos si son inocentes.

Aquella jornada en la que en Catalunya se quiso llevar a cabo una consulta para averiguar si el pueblo catalán quería o no su independencia, la violencia por parte de la Policía Nacional fue desmedida. Las imágenes golpeando brutalmente a personas que no mostraban signos de violencia alguna recorrieron el mundo avergonzando al país, dejando en evidencia a los piolines, como se conoció popularmente a los antidisturbios por alojarse en un crucero con la estampa del canario de dibujos animados.

El Gobierno de Mariano Rajoy se alineó con la extrema derecha y cerró filas defendiendo esta brutalidad policial, descartando cualquier indicio de desproporcionalidad. En esta misma línea, Felipe VI avaló dicha actuación en un discurso dos días después que no hizo más que abrir aún más la brecha entre monárquicos y republicanos, que vieron rota la neutralidad del monarca.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número siete de Barcelona parece sacarles a todos ellos de su error. En un auto de 69 páginas, el magistrado Francisco Miralles entiende que hay indicios para que 45 agentes sean procesados por cargas policiales desmesuradas hasta en 25 escuelas. No parece algo azaroso ni poco meditado, muchos menos generalizado, pues al tiempo que esos 45 policías pueden sentarse en el banquillo, la causa contra otros 20 investigados ha sido archivada.

En 40 días, que es el plazo que las acusaciones y defensas tienen para presentar sus escritos de acusación y solicitar la apertura de juicio oral, sabremos si el procedimiento continúa. Según el escrito del magistrado, no sólo está abierta la posibilidad de acusar a estos agentes por delitos de lesiones, sino también de otros delitos como el de torturas. Seis años han tenido que pasar para que algunas de las personas apaleadas por la Policía aquel día puedan encontrar justicia.

Que hubo agentes que cometieron delitos, que usaron una violencia injustificada, es innegable, porque las imágenes que recorrieron medios de todo el mundo, desde la BBC a The New York Times, así lo demuestran. Que esos 45 agentes fueran alguno de los policías que vimos siendo indignos de unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, es otra cosa. Si finalmente se abre juicio oral, es lo que habrá que probar.

Aunque un servidor es bastante pesimista con que alguna vez veamos a un policía condenado por este tipo de actos, la celebración de ese juicio sería una buena noticia, tanto para los afectados como para el Cuerpo de Policía... para nuestra misma democracia, aún tocada gravemente por una infame Ley Mordaza. Si los 45 agentes investigados son inocentes, nada han de temer pues, además, viendo el histórico de condenas -siquiera de investigaciones- cuentan con el viento de cola. No obstante, que ese proceso terminara sin un solo condenado, sería una afrenta al sentido común y a nuestro propio Estado de Derecho, bien por dejar ir de rositas a culpables o por ni siquiera haber sentado en el banquillo a éstos.