El 20 de noviembre de 1975 murió Francisco Franco, dictador genocida que gobernó España durante 36 años, después de un golpe de estado, una guerra civil y el exterminio de cientos de miles de personas. 

Pero el franquismo no murió ese día, porque el franquismo no fue consecuencia del capricho o la maldad de una persona. El franquismo fue un sistema de poder al servicio de la oligarquía económica de nuestro país y de los privilegios de la Iglesia Católica, el ejército y la burocracia fascista del régimen. Y, naturalmente, estos grupos sociales, dueños del poder económico, político y social, no estaban dispuestos a perder sus privilegios.

Era necesario modernizar y reciclar el franquismo para que pudiera seguir prestando sus servicios durante muchos años, a los mismos de siempre, después de la muerte del dictador.

La operación ya había sido iniciada por el mismo Franco nombrando sucesor a Juan Carlos, nieto del corrupto Alfonso XIII, quien actualmente, después de haber abdicado, hace honor a las tradiciones familiares gestionando y protegiendo sus negocios corruptos desde un país extranjero.

Franco refundó la dinastía borbónica nombrando rey a Juan Carlos I, pero eso no era suficiente. Era necesario, además, prevenir cualquier cambio social que pudiera perjudicar a los intereses de la oligarquía franquista y los grupos privilegiados del régimen.

Para esto había que hacer frente a un obstáculo formidable. Durante las últimas décadas del franquismo la resistencia contra la dictadura había dado lugar a un potente movimiento popular, entre la clase trabajadora, los estudiantes y los intelectuales progresistas, que reclamaba profundos cambios sociales.

El camino para hacer frente a este movimiento pasaba inexorablemente por la represión. Y para ello no servía la vieja represión, basada en las leyes franquistas, la policía política, los jueces fascistas y el control social en los años de estabilidad. Los servidores del estado franquista debían ser reutilizados para destruir los movimientos populares en aquel tiempo de crisis utilizando cualesquiera medios que fueran necesarios, legales o ilegales.

Para ello, en primer lugar, era necesario garantizar su continuidad y su impunidad frente a cualquier investigación de su responsabilidad en los crímenes del franquismo.

Los policías torturadores, responsables de asesinatos en muchos casos, fueron preservados en sus puestos junto a los jueces, civiles y militares, responsables de asesinatos legales y miles de años de cárcel.

No solo eso: la represión sangrienta de aquellos años produjo un reguero de sangre, materializado en cientos de muertos a manos de la policía y las bandas fascistas, integradas y dirigidas muchas veces por los propios policías, que disfrutaron de una amplia protección por parte de las autoridades y la judicatura fascista, preservada y ascendida como premio por sus servicios pasados, presentes y futuros.

Esta represión no fue casual ni accidental, fue sistemática y tuvo como fin aterrorizar y desmovilizar a la población para prevenir el cambio social.

La represión sistemática de un grupo social por motivos políticos a manos de una organización estatal está claramente tipificada dentro de la jurisprudencia internacional de los derechos humanos como un crimen de lesa humanidad, que no prescribe y debe ser perseguido por la ley en cualquier país sin restricciones de tiempo ni lugar.

Pero todos estos crímenes, junto a los cometidos en vida del dictador, fueron finalmente amnistiados por una ley de punto final, llamada Ley de Amnistía, que ha sido utilizada hasta el día de hoy para bloquear su investigación junto a la negativa del sistema judicial español para enjuiciar los crímenes del franquismo como crímenes de genocidio y lesa humanidad.

El franquismo sin Franco fue reciclado mediante una operación política que recibió el nombre de Transición y que ha dado lugar, después de 50 años, a la democracia actualmente vigente en nuestro país.

El Régimen encabezado por la nueva dinastía borbónica refundada por Franco, y basado en la Constitución Española de 1978, ha negado sistemáticamente hasta el día de hoy el derecho a la justicia a las víctimas del franquismo y la transición.

La única causa judicial abierta en el mundo para investigar los crímenes del franquismo es la que actualmente se mantiene abierta dentro de los tribunales de la República Argentina en aplicación del principio de justicia universal para los crímenes de genocidio y lesa humanidad. Pero ni una sola investigación de todos estos crímenes ha prosperado dentro del sistema judicial español.

Estos días recordamos especialmente a las víctimas de la Semana Negra de enero de 1977, momento crítico de la represión en los años del franquismo sin Franco.

Arturo, Mary Luz, Enrique, Luis Javier, Francisco Javier, Serafín y Ángel permanecerán siempre en nuestra memoria entre los cientos de víctimas de aquellos años terribles.

Sus asesinos permanecen completamente impunes, igual que los responsables de todos los crímenes del franquismo y la transición.

Nada que celebrar por nuestra parte.

Porque lo que se está celebrando son 50 años de impunidad.