Ábalos y el 'cursus honorum'

El juicio oral en el Tribunal Supremo contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama arrancó el 7 de abril de 2026 y se extenderá hasta final de mes. Se piden 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años para Koldo y siete años para Aldama (a quien se aplica una atenuante por su colaboración con la Fiscalía). Cohecho pasivo continuado, organización criminal, malversación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, falsedad documental y prevaricación administrativa. En principio, no parece que se trate solo de un caso de corrupción cutre propia de un Torrente español. Los acusados declararán el 28 de abril, después de escuchar a 80 testigos.

El llamado caso de las mascarillas es profundamente escatológico y muestra una palmaria falta de decencia personal e institucional. Que hubiera una trama sacando tajada mientras fallecían miles de personas en un momento crítico, y que esas personas ocuparan cargos de responsabilidad, no solo puede ser objeto de un juicio penal. Tiene ramificaciones políticas, sociales, incluso antropológicas.

Hasta ahora, los testimonios en el juicio oral han ido consolidando el núcleo del relato inicial, confirmando ciertas sospechas y delineando la trazabilidad del dinero. El tercer día, Carmen Pano compareció como testigo —con obligación de decir la verdad— y ratificó que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE, aunque su declaración estuvo plagada de contradicciones. No recordaba cuánto dinero entregó, ni si lo sacó del banco o se lo llevaron a casa, ni si fue una o dos veces con el chófer, de manera que su palabra podría ser fácilmente desacreditada en el informe de conclusiones. La cadena de custodia del dinero resulta todavía borrosa y no hay ninguna prueba irrefutable que señale a los destinatarios, ni certifique la implicación del PSOE.

Es cierto que, a estas alturas, una sentencia condenatoria no implicaría automáticamente una nueva responsabilidad política porque Ábalos ya fue expulsado del partido y ha abandonado su escaño, pero si Aldama menciona al PSOE como organización en su declaración del 28 de abril, el relato del "comportamiento individual" sobre el que descansa la defensa del partido podría debilitarse. Las pruebas aún no son concluyentes y los socialistas han reaccionado con contundencia, algo que no puede decirse, ni de lejos, del Partido Popular, pero en plena campaña electoral en Andalucía con una vicepresidenta y poderosa ministra como cabeza de cartel, el caso Ábalos no puede darse por amortizado. Por lo demás, el calendario judicial paralelo (el caso Plus Ultra, el caso SEPI o la pieza del caso Cerdán) sobre adjudicaciones de obra pública no se agota el 30 de abril.

En fin, lo que sí ha quedado documentado es que había una red de enchufes en empresas públicas que dependía directamente del ministro José Luis Ábalos, la ausencia total de control y gobernanza, y la extrema docilidad con la que se pliegan ciertos directivos cuando se les llama desde arriba. El caso de Miss Asturias leyendo libros de trenes en la biblioteca ha generado enorme perplejidad. Abuso de poder, sexismo, clasismo y favoritismo en una sociedad que pretende ser meritocrática y en la que mucha gente, sobradamente preparada, sufre de precariedad y pobreza laboral. Aunque un asunto como este puede ser irrelevante desde el punto de vista penal, su impacto social es absolutamente indudable.

La forma de tratar públicamente a las mujeres ha sido un talón de Aquiles en el caso Ábalos y ha provocado duras tensiones entre los socialistas. No solo es machista y degradante, sino que abre un incómodo debate acerca de la coherencia entre la vida pública y la privada cuando se ostentan cargos de representación pública. ¿En qué medida puede exigirse a quienes nos representan que sean decentes y se comporten de manera virtuosa y honorable?

En Roma, la honorabilidad tenía que ver con la reputación pública, la dignidad y el reconocimiento social. Estaba muy ligada a la dignitas (estimación social), la auctoritas (peso moral), la fides (lealtad) y el mos maiorum (tradición y honra a los antepasados). En la Roma republicana, la honorabilidad era clave para hacer carrera política, el prestigio personal sostenía el acceso a cargos y la confianza de la que esos cargos eran merecedores. El cursus honorum estructuraba la vida pública y exigía máxima rectitud. La reputación se evaluaba continuamente y había que mantenerla a diario con la conducta. Ser y parecer.

En un mundo en el que ya no se distingue la verdad de la mentira y se recurre con ligereza y deportividad al descrédito y el insulto; en el que la política imita a los medios de comunicación más chuscos y los medios al pozo sin fondo de las redes sociales, parece ingenuo traer a colación el modelo romano, aunque de ese modelo deriva la práctica totalidad de nuestra cultura jurídica. Empresarios, jueces, periodistas y divulgadores de todo tipo contribuyen al desprestigio de la política, sin percibir, quizá, la manera en la que tal desprestigio dinamita la argamasa social sobre la que caminamos.

Más allá de las consecuencias jurídicas o políticas de este caso, convendría que pensáramos seriamente acerca del modo en que (des)cuidamos las estructuras de mediación que nos hemos dado porque no hay ninguna comunidad que pueda articularse ni sobrevivir sin ellas.