El aborto, la moral y la política

La pasada semana, el gobierno de la Comunidad de Madrid se vio obligado a abrir el trámite de consulta pública que inicia el proceso de elaboración de la lista de médicos objetores del aborto. En uno de sus tácticos incumplimientos de una ley estatal, la presidenta Ayuso se ha venido resistiendo a la confección de una lista que debería estar en el origen de la elaboración de los protocolos que garanticen la prestación de un servicio sanitario al que es muy difícil acceder en centros públicos de Madrid.

Al margen del tradicional cinismo con el que las derechas patrias se han relacionado con el aborto, detrás del modo en que se ha conducido este asunto en Madrid está la percepción de la interrupción voluntaria del embarazo como una cuestión moral.

Ayuso, por ejemplo, ha afirmado que ella no va a "señalar" a nadie por abortar y, por el mismo motivo, rehúsa presentar la lista de objetores, para no "señalar" a los médicos que se nieguen a practicar abortos. Esa idea de señalamiento remite a una noción de culpa y de estigma contra la que el feminismo ha trabajado históricamente y contra la que, a juzgar por declaraciones como las de Ayuso, seguimos teniendo que trabajar. 

Es importante seguir cultivando una pedagogía de la autonomía personal, de la salud, y de las implicaciones psicosociales de la gestación, que emancipe los derechos reproductivos del ámbito de la moral. En ese sentido, el gesto del Gobierno de impulsar la constitucionalización del derecho al aborto -que se quedará en gesto, dado que no existe una mayoría con la que llevar a cabo la reforma constitucional- juega al menos el papel positivo de colocar el asunto en el lugar en el que tiene que estar: el de la política y no el de la moral. 

La decisión de abortar -un derecho reproductivo más- pertenece al fuero íntimo de cada mujer y no es un asunto que se pueda negociar en el terreno de la moral, ni individual ni social.

Cuando se trata de interrumpir una gestación, conviene centrar el asunto en torno a consideraciones científicas y sanitarias por un lado y, por otro, habiendo escuchado al feminismo, que posee un legado de experiencias y prácticas de ayuda mutua que han ido históricamente más allá de la asistencia en los trabajos del parto o en la realización de abortos, para germinar en discursos emancipatorios que han contribuido a liberar el deseo femenino y a ayudarnos afrontar las vicisitudes de la gestación, tanto cuando se interrumpe, como cuando se lleva a término.

Todo lo relacionado con estos procesos ha sido debidamente desacralizado por el feminismo. Lo han hecho nuestras teóricas de referencia (desde Rich hasta Lazarre, pasando por Kristeva) y lo han aterrizado nuestras escritoras (desde Ernaux, hasta Atwood, pasando por Tove Ditlevsen). Pero sobre todo, lo saben nuestros cuerpos y lo ratifican nuestras experiencias. Las mujeres deben contar con el respaldo político suficiente como para llevar a término sus embarazos o no hacerlo y para dar a luz en las condiciones más amables posibles, más respetuosas con nuestra dignidad y nuestra salud y las de las criaturas que traemos al mundo.

La gestación se debe desacralizar y el parto se debe humanizar. Un aborto no es ninguna tragedia; es solo un episodio más en una vida humana con capacidad para gestar. La tragedia se desata cuando se vive como un problema imposible de solventar porque no se dan las condiciones para que las mujeres que quieran puedan abortar con garantías para su salud. Y eso, exactamente, está sucediendo hoy, como contó mi compañera María Martínez, no solo en Madrid sino en otras muchas autonomías en España.

La lucha por el derecho al aborto nunca se cierra. Cada vez que las derechas avanzan posiciones amenazan con arrebatarnos la capacidad de decidir alegando las argumentaciones más ladinas y diversas. De entre todas ellas destaca en el caso del Madrid de Ayuso, siempre a la vanguardia en el desprecio a los derechos, el aberrante argumento de la objeción médica de conciencia. Por mucho que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2023 permita a los médicos la objeción individual de conciencia (no así la colectiva, a la que se acogen la mayor parte de los centros públicos de Madrid), es un atropello que un profesional médico pueda negarse a la prestación de un servicio concreto. Por otra parte sería interesante saber, por ejemplo, cuántos de los que finalmente se acogerán al derecho a la objeción en centros públicos estarán practicando abortos en hospitales privados de Madrid. La persecución de prácticas como esa y la simplificación de los procedimientos administrativos es lo que ampliará el acceso de las mujeres al aborto en España, sea éste o no sea un derecho constitucional.