Uno va y compara el Valle de los Caídos con la plaza de Pedro Zerolo, otro escudriña las intimidades del fiscal general del Estado, un tercero se planta en el palacio de la Moncloa a interrogar al presidente del Gobierno por una denuncia a su mujer elaborada con recortes de periódico… Son jueces, ciudadanos que, como dice Joaquín Urías, “se creen que haber aprobado una oposición los capacita para imponernos sus juicios morales”. Mala cosa que nos sepamos de memoria el nombre de tantos magistrados en lugar de la alineación de nuestro equipo de fútbol favorito, como está mandado. 

No quiero saberme el nombre de Marchena, ni el de García Castellón, ni el de Escalonilla o Peinado, quiero respetar a la justicia, creer en ella, pero cada vez que escucho lo que dicen o veo lo que hacen muchos de quienes están llamados a impartirla se me cae el alma al suelo. ¿En manos de estas personas estamos? ¿es a ellas a quienes corresponde decidir sobre nuestra libertad llegado el caso, sobre nuestros bienes, sobre nuestra vida?

En los vídeos y audios de juicios con los que nos desayunamos últimamente no me gusta lo que oigo, no me gusta lo que dicen según qué jueces, pero lo que me parece más triste es cómo lo dicen, con ese desenfado cheli tan lejano de la solemnidad esperable del puesto institucional que desempeñan. Que el responsable de un tribunal entre en debate con el acusado, como ha ocurrido estos días con el presentador Héctor de Miguel, me rompe los esquemas. Que lo intente intimidar prescindiendo del contexto e ignorando el carácter humorístico del programa donde expresó algo que al alguien no le gustó, no augura nada bueno sobre por dónde puede ir la sentencia. Mala cosa.

Como ha ocurrido con tantos otros casos, el procedimiento contra el responsable de Hora veintipico se abrió tras una denuncia de un grupo ultra llamado Abogados Cristianos, chúpate esa. La religión mangoneando una vez más, intentando arruinar vidas a estas alturas de la película. Ahí está también pendiente la amenaza de esta misma organización y de otra llamada Hazte Oír contra Lalachús, la cómica que presentó las recientes campanadas de fin de año en TVE. Dos meses largos han pasado desde que el ministro Félix Bolaños decidió terciar ante aquel despropósito proclamando que “no puede ser que hacer humor sea delito” y asegurando que se iba a revisar cuanto antes el de ofensas a los sentimientos religiosos para garantizar la libertad de expresión y creación. Pues menos mal.

Quiero imaginar que cuando el responsable gubernamental de la cartera de Justicia habla de garantizar la libertad de expresión se refiere también a que se pueda hablar de la monarquía sin que te condenen, como ocurrió con el rapero Pablo Hasél. También a que desaparezca el carácter intimidatorio de según qué interpelaciones judiciales. Porque el problema, como decía Héctor de Miguel en el programa posterior a su comparecencia judicial, es que “los jueces se saben intocables”, que se comportan como “los abusones del patio de la democracia”. ¡Cómo resuenan aquellos ecos! ¿recuerdan?: “que los jueces elijan a los jueces”. Saben además que por muy reaccionarios que sean, parafraseando a Pedro Zerolo, ellos caben en nuestro tipo de sociedad, pero somos muchos los que tenemos dudas razonables de si cabríamos o no en el suyo.

Sería bueno poder celebrar, y cuanto antes, la absolución del humorista De Miguel, pero aun así ahí quedará el aviso a navegantes. En el ambiente permanecerá el miedo a expresarse libremente sin tener por qué temer ninguna consecuencia. Así no se puede seguir. Si esto ocurre con un llamado “gobierno de coalición progresista”, ¿qué no acabará pasando cuando sean los amigos ultras de los jueces quienes estén en la Moncloa?

La judicatura no puede actuar como el brazo armado de los intolerantes, así como los medios de comunicación no deben operar como altavoces de quienes defienden el racismo o la homofobia, minimizan la violencia de género y criminalizan al inmigrante por el hecho de serlo, ¡vamos a dejarnos de bromas ya!