El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 acaba de hacer públicos los datos demoledores de una investigación coordinada por la Comisión Europea entorno a los denominados influencers. Más del 70% de estos creadores contenidos españoles incumplen las normativas europeas comerciales, llevando a cabo prácticas desleales en materia publicitaria y engañando a sus seguidores. Lo sorprendente es que esta denuncia lleva años encima de la mesa y, sin embargo, desde el Ministerio no garantizan la imposición de sanciones.

La investigación europea se centró en 576 influencers europeos cuyas publicaciones en redes sociales giran alrededor de la moda, los viajes o estilo de vida. Desde el Ministerio de Consumo se ha profundizado en el estudio y analizando el contenido en redes sociales de 40 influencers ha descubierto que tres de cada cuatro incumplen uno o varios preceptos de las normas europeas. Cuando uno de estos creadores de contenido –que deberían estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)- hacen promoción de determinado producto o servicio en redes como Instagram, TikTok, YouTube o Twitch deberían indicar claramente de que se trata de contenido pagado, de publicidad. Sin embargo, prácticamente ninguno lo hace.

La Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador (SGIPS), dependiente de la Dirección General de Consumo, determinó el pasado mes de julio que el 77,75% de las publicaciones no identificaban correctamente el contenido publicitario. Ya entonces el Ministerio se puso en contacto con los infractores, advirtiéndoles del incumplimiento de la ley y redirigiéndoles al Código de Conducta sobre el uso de Influencers en la Publicidad de Autocontrol, el organismo que autorregula los mensajes comerciales en España, cuya entrada en vigor es de enero de 2021. Además, el año pasado la Comisión Europea lanzó el Influencer Legal Hub, un espacio pedagógico informa sobre la legislación europea en el ámbito de la protección al consumidor.

A pesar de que ya el pasado verano estos influencers fueron advertidos del incumplimiento de la ley, desde el Ministerio de Consumo “se reservan la posibilidad de llevar a cabo acciones adicionales” y “sanciones económicas”, alegando, en una actitud excesivamente paternalista, que muchas de las infracciones pueden deberse al “desconocimiento”. ¿Cuánto ha de durar la labor pedagógica del ministerio? ¿Por qué se dispensa a estas personas un trato de favor a pesar del daño potencial que provocan?

No adoptar medidas mucho más contundentes debería ser un escándalo. Ya en 2021, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analizó 657 vídeos (420 horas de visionado) de los principales influencers españoles concluyendo que en más de la mitad de ellos se identificó contenidos que podrían vulnerar la normativa sobre protección de los menores y de comunicaciones comerciales. Por si esto no fuera poco, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea también cuenta con un estudio específico (2021) en el que estudio 45 perfiles, entre los que se encontraban los de Paula Echevarría o Marta Pombo en moda femenina, Manu Ríos o Álvaro Mel en moda masculina, Estefanía Unzu o Familia Carameluchi en crianza, o Damaris Pérez en cosmética, entre otros. Entonces, la UPV determinó que cuatro de cada cinco (80,5%) publicaciones en las que aparecen marcas comerciales no lo relacionan de manera inequívoca con un intercambio comercial remunerado, es decir, se trata de publicidad engañosa.

Así pues, la cartera que lidera de Pablo Bustinduy está pecando de ingenuo, cometiendo un gravísimo daño al sector publicitario y, a la postre, a los consumidores, buena parte de ellos menores. De hecho, cuando el Ministerio realizó su sondeo el año pasado a través del Observatorio de Internet, advirtió que entre los influencers estudiados había algunos con contenido específico para niñas y niños y más de diez millones de seguidores. Las sanciones que parece que volverán a esquivar estos creadores de contenido podrían superar los 100.000 euros y eso, por el bien de todas y todos, es inadmisible.