La mayoría de los creadores de contenido españoles se saltan las normativas europeas comerciales y colocan en sus redes sociales y canales de difusión anuncios encubiertos. Así se desprende de los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que revelan que más del 70% de los influencers llevan a cabo práctica "desleales" en materia publicitaria.

Este dato se enmarca dentro de una investigación coordinada por la Comisión Europea que ha analizado las publicaciones de 576 influencers europeos dedicados a moda, viajes y estilo de vida. Del barrido en redes sociales se ha deducido que el 97% de ellos publicaba cuestiones comerciales en sus perfiles, pero sólo uno de cada cinco lo hacía de forma correcta, indicando de manera clara que se trataba de un acto publicitario. 

En el caso de España, el gabinete de Pablo Bustinduy –junto con las autoridades de protección del consumidor de Catalunya, Illes Balears y Madrid– ha analizado el contenido en redes sociales de 40 influencers activos y con un importante número de seguidores. De ellos, tres de cada cuatro incumplen uno o varios preceptos de las normas europeas. 

Del estudio se pone de manifiesto que los creadores de contenido utilizan un vocabulario confuso que no deja del todo claro que los usuarios están consumiendo contenido publicitario. Para ello se emplean vocablos abreviados que no están reglados, como ad (abreviatura de la palabra inglesa advertisement) y publi, o simplemente incluyen un agradecimiento a la marca que ha pagado la colaboración. 

El Ministerio de Derechos Sociales informa que, tras realizar esta investigación, se comunicará a los influenciers que incumplen las normativas europeas y se les facilitará una guía de buenas prácticas para garantizar que adaptan sus contenidos publicitarios a la regulación comunitaria.

También se informará a las empresas que están detrás de los patrocinios de los potenciales incumplimientos y de las responsabilidades que tienen al respecto. Las autoridades de Consumo, dicen desde el gabinete de Bustinduy, "se reservan la posibilidad de llevar a cabo acciones adicionales" y "sanciones económicas" para asegurar el cumplimiento de la ley contra la publicidad engañosa. 

No en vano, desde el departamento de Bustinduy consideran que muchas de las infracciones pueden deberse al "desconocimiento" y por ello, en una primera fase, se apuesta por una labor pedagógica y de información que permita a los creadores de contenido corregir las malas prácticas. 

Desde Derechos Sociales, recalcan la importancia de esta investigación, ya que "en numerosas ocasiones este tipo de mensajes van dirigidos a un grupo de consumidores especialmente vulnerables, como los jóvenes".