Acerca del escudo social

Una preocupación atraviesa todo el libro de Antonio Antón, “El escudo social. Derechos humanos, rentas básicas y cambio global”: cómo reforzar la agenda social ante el riesgo de que el avance del neoliberalismo, unido a posturas aporófobas y racistas, debilite las conquistas sociales y profundice en la desigualdad. En este escenario, la renta básica constituye un elemento esencial del escudo social. Por ello, la izquierda social y política debería incluirla, junto con la vivienda, entre sus reivindicaciones prioritarias.

Desde los servicios sociales de atención primaria participé activamente en la implantación del Ingreso Madrileño de Integración (IMI), en 1989. Durante años defendí una condicionalidad estricta para acceder a la prestación, convencido de que vincular la ayuda económica a la escolarización de los  y las menores o al seguimiento sanitario favorecía la integración de las personas excluidas. Sin embargo, la práctica reveló otra realidad: el diseño institucional punitivo convirtió con frecuencia la prestación en un instrumento de contención de las demandas y en control social, al tiempo que asumía el trabajo asalariado como la única vía de integración. Las trabas burocráticas y las condiciones restrictivas acabaron atrapando y estigmatizando a las personas más vulnerables, en vez de integrándolas. Tardamos años en reconocer la tachunda del trabajo de la que hablaba Sánchez Ferlosio.

En este contexto, resulta esencial decidir qué modelo de renta básica defender. Sin embargo, la complejidad de los factores en juego y la persistencia, incluso en la socialdemocracia, de una visión orientada a "civilizar" la pobreza, llevan a muchos —entre quienes me incluyo— a aceptar la renta básica universal como la opción más radical y comprometida con la justicia social, sin examinar suficientemente sus consecuencias.

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A partir de un análisis riguroso de las experiencias de rentas implantadas en España desde 1989, el autor propone una renta social garantizada para quienes carecen de recursos. Su cuantía —entre el 60 % y el 75 % del salario medio— permitiría cubrir las necesidades básicas. Esta prestación se integraría en un sistema amplio de protección social y complementaría servicios públicos como los de sanidad, educación, pensiones, vivienda, atención a la dependencia y servicios sociales.

El texto reúne trabajos de la extensa trayectoria investigadora del autor, reelaborados para esta ocasión. Su exhaustividad puede resultar abrumadora, pero difícilmente se encontrará otro estudio que trate estas cuestiones con tanta amplitud y rigor. Lejos de ser un frío ejercicio de erudición, su sólida arquitectura intelectual ofrece herramientas para adoptar una posición fundamentada.

Aunque moralmente inspirador, el modelo de la RBU incurre, según el autor, en un idealismo peligroso al legislar para un "sujeto abstracto". En una sociedad profundamente desigual, conceder el mismo ingreso público a todas las personas, sin atender a sus necesidades ni comprobar sus recursos, carece de justificación ética, cuando también beneficia a las clases medias acomodadas y a los ricos.

Frente a este universalismo abstracto, el autor sustenta con rigor la Renta Social en principios que asumen tanto las contradicciones de la vida colectiva, como la complejidad humana. En una sociedad profundamente segmentada, defiende una distribución compensatoria que transfiera recursos de arriba abajo para proteger al tercio de las personas más vulnerable. Su prioridad es combatir la exclusión: no sustituir el Estado de bienestar por un cheque, sino reforzar el "escudo social" con una última red de seguridad.

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Llegados a este punto, cabe preguntarse si abandonar la condicionalidad rígida supone renunciar a la integración. Antón sostiene que la respuesta pasa por invertir la carga de la prueba.

Renunciar al chantaje económico no implica consagrar el individualismo. Antón plantea una "condicionalidad débil": la obligación deja de imponerse al individuo como amenaza y recae en la Administración pública. De ahí surge el doble derecho: por un lado, una base material incondicional, frente a las exigencias del mercado laboral, que evite la pobreza y permita rechazar empleos precarios; por el otro, la participación social y democrática, que exige al Estado proporcionar infraestructuras, abrir cauces y financiar proyectos de integración.

Con este nuevo contrato, la reciprocidad ya no sería una condición de supervivencia, sino un compromiso cívico, voluntario y fruto del acuerdo social. Los servicios sociales dejarían de ejercer una función de vigilancia y recuperarían su labor mediadora, asistencial y solidaria.

El libro asocia las rentas básicas y, en general, la política social con los derechos de ciudadanía, el trabajo y la justicia social. Culmina con un análisis del marco sociopolítico actual y las perspectivas socioelectorales que están definiendo la nueva etapa institucional. Así, explica los dilemas para las izquierdas y fuerzas progresistas respecto de los ejes de una necesaria agenda social transformadora.