La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pretendido vigilar y censurar los libros de enseñanza que “adoctrinen”. Uno más entre ya cientos de ataques de la ultraderecha española, en cuyas filas se sitúa realmente la presidenta para inquietud de algunos compañeros de su partido, contra las conquistas del Estado de Derecho y la Constitución de 1978. Porque una de esas conquistas fue la desaparición del control previo administrativo del ejercicio de los derechos fundamentales. El Ejecutivo -el presidente del Gobierno, de una Comunidad autónoma, de una Diputación, el alcalde de un pueblo, etc.- no puede condicionar, limitar o suprimir la ejecución de un derecho fundamental de una persona o un colectivo. Recordemos con qué fruición el régimen franquista censuraba la celebración de reuniones, manifestaciones, publicación de periódicos y libros, etc. Los dictadores han sido muy dados a la censura previa, porque en ello les iba la conservación de su régimen impuesto. Ayuso nos recuerda constantemente que Franco no ha muerto. Ayuso nos retrotrae a aquellos tiempos en los que los derechos de las personas eran fácilmente suspendidos o anulados al albur de los intereses de los gobernantes.

Ahora Ayuso ha recogido el testigo del dictador y quiere imponer la censura previa en los libros de textos de las escuelas. Contraviniendo un principio jurídico del Estado de Derecho: no existe control administrativo previo, sino control judicial posterior, es decir, después del ejercicio del derecho fundamental. Las personas que deseen manifestarse públicamente en las calles no están obligadas, como en el régimen franquista (al que tanto parece emular la presidenta), a solicitar una autorización previa a la Administración, sino a comunicar a la misma la celebración del acto. Tampoco quien quiera publicar un libro tiene que pedir autorización y aguardar a que no sea censurado, sino que directamente lo publica. Si la presidenta Ayuso sospecha que se produce adoctrinamiento en los textos usados en la enseñanza, que interponga una demanda ante los jueces. Lo que no puede hacer es ella misma censurar. El Ejecutivo, en el caso la presidenta de una Comunidad autónoma, no puede censurar. Vulnera la Constitución y contraviene además, al hacerlo, el principio de separación de poderes, porque es al poder judicial a quien únicamente le corresponde la censura en un procedimiento judicial contradictorio.

Pero vayamos al núcleo del asunto del adoctrinamiento, consistente en la imposición de unas determinadas ideas, que alcanza varias dimensiones: en la política, la escuela privada y la escuela pública. Utilizo el término escuela en sentido amplio, como centro docente: escuela primaria, institutos, universidades. Y voy a fijarme en el aspecto más relevante del adoctrinamiento: la faceta moral.

La presidenta ve por doquier adoctrinamiento. También adoctrinamiento del Parlamento y del Gobierno, en manos de comunistas, separatistas, bolivarianos… olvidando que son dignos representantes de millones de electores, la contra-España, porque “España es Madrid”, su Madrid. Pues bien, la única manera de evitar un adoctrinamiento en la escena política es acudir al debate y deliberación de nuestros representantes, elegidos por un cuerpo electoral diverso, sobre los asuntos fronterizos entre el derecho y la moral individual -el aborto, la eutanasia, prácticas de fertilización, etc.- y los asuntos propiamente morales en general. La moral pública surge de las mayorías parlamentarias. No hay otra solución para determinar la moral pública, o de lo contrario nos situamos fuera de la democracia y nos encontramos con la imposición de una determinada moral por un régimen autoritario o dictatorial. La moral privada es la de cada uno, muy respetable, pero la moral pública es la fijada por nuestros representantes. Y por ello nuestros representantes deben ser diligentes para regular con generosidad el derecho de una amplia objeción de conciencia para las personas que sientan una incompatibilidad entre sus conceptos morales y los conceptos establecidos por la ley democrática. Por ejemplo, los casos en España de la objeción al servicio militar, hoy ya superado debido a nuestro ejército de profesionales, y la objeción de los sanitarios a la práctica del aborto. Objeción de conciencia que debería ser extendida por la jurisprudencia a otras facetas, como ha hecho la jurisprudencia estadounidense. No hay moralidad pública, si no hay norma democrática que la establezca. Por ello pregunto a la presidenta Ayuso ¿En qué norma de su Comunidad, que debe ser conforme con la Constitución y la ley del Estado, se apoya para censurar libros de texto? ¿Cuáles son sus argumentos para vulnerar la libertad de expresión e información (art. 21 de la CE) y la libertad docente (art. 20 de la CE), todos ellos derechos fundamentales de la persona? Y no me conteste, presidenta, por favor, con que primero es “la libertad” y chascarrillos de este tipo, que me ofende y se ofende a sí misma.

La escuela privada, esa que tanto defiende Ayuso contraponiéndola a la tiránica escuela pública, practica un adoctrinamiento unilateral, esto es, impone una determinada moral religiosa, a la que con frecuencia se refiere el ideario del Centro. Obvia decir que se trata de la moral católica. La escuela privada en España es en una mayoría altísima la escuela de los centros concertados católicos, sufragada por el Estado, es decir, por nuestros bolsillos mediante los Presupuestos Generales del Estado, con los que se paga a los profesores, personal administrativo y de servicios y en general el mantenimiento y conservación de los centros. El consejo del centro, con una sustanciosa representación del titular propietario del centro (muy frecuentemente una orden religiosa católica) es quien contrata a los profesores/as. Es fácil colegir que se tiene en cuenta las posiciones ideológicas y religiosas de los solicitantes. El resultado más que evidente es que la escuela privada muestra un componente moral católico predominante. Este componente se proyecta desde los docentes al alumnado y se manifiesta en actividades complementarias de todo tipo de carácter religioso.

El PSOE en el Gobierno perdió la ocasión de evitar la presencia de una única moral -la católica- en los centros concertados al elaborar la primera ley de enseñanza. Hubiera bastado que la contratación de profesores/as hubiera sido resuelta por las Delegaciones de Educación de cada provincia y no por los consejos de los centros concertados. Como consecuencia unos centros pagados por todos/as enseña a nuestros hijos una determinada moral, que entra frecuentemente en colisión con la moral pública de la Constitución, del Parlamento y demás órganos de representación política.

En la escuela pública no podemos hablar de la existencia de un adoctrinamiento unilateral. Concedo, si acaso, la presencia de un adoctrinamiento plural. La escuela pública manifiesta, en cambio, un claro pluralismo ideológico de los docentes- también en aspectos morales-, que se proyecta sobre el alumnado. No hay ideario privado del centro, al que tengan que sujetarse los docentes. El único ideario es la Constitución y las normas jurídicas. Se nota un claro pluralismo religioso, porque plurales son los docentes y plural es el alumnado. Se tratan y debaten asuntos comprometidos y controvertidos que es imposible discutir en los centros concertados.

¿Habría alguna manera de evitar el adoctrinamiento moral-religioso, del que parece difícil escapar? Sí y hasta cierto punto: sustituir la religión por la Constitución en las escuelas. La religión se debe enseñar en los centros de las confesiones religiosas, no en la escuela. Fíjense la cantidad de horas que las iglesias católicas permanecen cerradas. En la escuela se enseña la Constitución, con carácter de asignatura obligatoria, texto de admirable consenso votado en referéndum del pueblo español. No asignaturas tituladas “Valores” o “Ética” o “Educación cívica”, que hasta ahora se han introducido sin éxito en los programas de estudio, ya que han proporcionado y seguirán proporcionando fácil pábulo para las críticas y la censura -si les fuera posible- de agoreros/as del adoctrinamiento como la presidenta Ayuso.