Del adversario al enemigo: la estrategia del PP para deshumanizar al contrincante político

En la política española de los últimos años hay algo que va mucho más allá del legítimo enfrentamiento entre proyectos ideológicos. Se ha instalado una forma de hostilidad que no busca confrontar ideas, sino aniquilar al adversario. El Partido Popular, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, ha hecho de esta lógica su estrategia central: no disputar al PSOE en el plano programático, sino construirlo como un enemigo ilegítimo, moralmente corrupto, entregado a los "enemigos de España" y, por tanto, merecedor no solo de oposición, sino de desprecio, acoso y eliminación simbólica.

Esta estrategia tiene antecedentes históricos claros. No es nueva, y desde luego no es exclusiva del PP. Pero sí es inquietante que la principal fuerza de la derecha española haya abrazado sin matices un patrón discursivo que se aproxima peligrosamente a lo que la historia ha identificado como las fases previas de la violencia política autoritaria. El franquismo, el fascismo italiano, el nazismo alemán o incluso el terrorismo compartieron un rasgo esencial: la deshumanización previa del adversario político. Primero se le convierte en traidor, en corrupto, en agente del mal; después, se le silencia, se le estigmatiza y se le expulsa del espacio cívico. Solo entonces puede golpearse sin culpa.

Feijóo no ha necesitado retórica exaltada ni declaraciones escandalosas para sembrar este terreno. Lo ha hecho de forma metódica, presentando a Pedro Sánchez no como un presidente elegido democráticamente, sino como un político ilegítimo por pactar con partidos que la derecha considera “antiespañoles”. El "sanchismo" ha sido convertido en un significante vacío donde cabe todo lo repudiable: corrupción, escarnio, cesión, traición, autoritarismo. Y a partir de ahí, todo vale: desde usar informes de policías patrióticas creadas por el propio PP y que perseguían a su mujer e hijas, a presentar una batería de iniciativas parlamentarias para dañar la imagen del presidente relacionando su vida y la de su familia con la prostitución; presumiendo, además, con respecto a estas iniciativas, de haberlas presentado sin pruebas, como ha hecho la nueva portavoz del PP, Esther Muñoz. Parecería que es una declaración política de alguien sin cabeza –relacionar a una familia con la prostitución sin pruebas–, pero lo peor es que se hace con toda la cabeza política, la de ella y la de la dirección del Partido Popular, centrada en perseguir con violencia política al presidente y su familia.

Este guion es inquietantemente reconocible. En la Alemania de los años 30, el Partido Nazi no llegó al poder prometiendo exterminios. Llegó desacreditando al sistema democrático, presentando a sus rivales políticos como enemigos internos al servicio de potencias extranjeras, decadentes o degeneradas. La demonización del otro no empieza con violencia física, sino con una construcción narrativa sostenida: el comunista era un traidor, el judío un corruptor, el socialdemócrata un cómplice. Esa lógica no se quedó en el discurso; abrió la puerta al campo de concentración.

Pero hay antecedentes que le suenan más familiares a la derecha española, que es el contexto español, donde el franquismo utilizó un marco similar. En plena Guerra Civil y durante la dictadura, los adversarios eran "rojos", "antiespañoles", "hijos del odio" o "enemigos de Dios". Esa construcción permitía no solo su exclusión política, sino su persecución física y su eliminación simbólica y literal. Y en el otro extremo ideológico, ETA también aplicó esta lógica: quien no compartía su proyecto nacionalista era un "españolista", un "fascista", un traidor. Ese señalamiento, precedido de campañas de acoso, derivaba en la exclusión social o en la amenaza directa.

Hoy no estamos en ese escenario, pero estamos peligrosamente cerca con esta estrategia de violencia política del PP. Porque el clima de confrontación que han impulsado reproducen, con la maestría del mejor aprendiz, ese mismo patrón: el del acoso simbólico sistemático, el del señalamiento público del adversario como ilegítimo, el de la agresión verbal o institucional como forma de presión constante. Las manifestaciones ante Ferraz y ante las sedes de otros partidos; los ataques a sedes y militantes socialistas; el uso partidista de la justicia para desgastar al Gobierno que consideran ilegitimo, las campañas mediáticas sin prueba alguna contra socialistas, y no socialistas, o la utilización de conceptos como "dictadura sanchista" no son excesos puntuales, sino síntomas de una estrategia de fondo: convertir al adversario en un objetivo.

Esta forma de violencia política —que no golpea con el puño, sino con el discurso, el señalamiento, el descrédito— tiene consecuencias graves. Desactiva la deliberación democrática, reduce la política al campo de batalla emocional y genera un clima de hostilidad social que puede desbordarse en cualquier momento. La política deja de ser disputa de ideas para convertirse en cruzada moral. Y en ese terreno, la violencia física deja de parecer una aberración para convertirse, peligrosamente, en una consecuencia comprensible.

El PP ha sido especialmente irresponsable al sostener esta lógica desde una posición de poder institucional y mediático. Lo digo porque no podemos dar lugar al engaño: no hablamos de grupos marginales ni de ultras al margen del sistema.

Hablamos de la fuerza política de la oposición que aspira a gobernar España, que controla gobiernos autonómicos y gobierna miles de ayuntamientos en España. Por eso su estrategia de confrontación y violencia política es aún más peligrosa: porque tiene capacidad de arrastre.

Pero aún con todo lo grave que he denunciado, no es lo peor. Porque lo más inquietante no es lo que ya ha pasado, sino lo que puede venir. La historia muestra que cuando la deshumanización del adversario se convierte en moneda corriente, lo que sigue es un aumento de la violencia —simbólica primero, material después— y un debilitamiento profundo del tejido democrático. En España ya estamos viendo síntomas preocupantes: agresiones verbales en la calle, señalamientos públicos, acoso judicial, hostilidad creciente en redes y medios. Si no se frena, esta dinámica no hará sino escalar.

La democracia exige pluralismo, pero también exige límites éticos. Discrepar no es odiar. Oponerse no es perseguir. Criticar no es destruir. Si el PP no rectifica su deriva y continúa legitimando la deshumanización del adversario como herramienta política, estará asumiendo un papel que la historia ya ha condenado: el de quienes, con traje y corbata, con discursos medidos y sonrisas frías, sembraron el odio que luego otros cosecharon con violencia.

La ciudadanía tiene derecho a saberlo. Y quienes creemos en la democracia, la justicia y la política como espacio de palabra y no de guerra, tenemos el deber de denunciarlo.