Febrero de 2023, millones de personas viven bajo la amenaza de no poder acceder a una vivienda. Mientras los fondos buitre, las grandes inmobiliarias y los bancos hacen caja con un derecho constitucional, no poder pagar una casa terminará por normalizarse como se ha normalizado que haya gente que pasa hambre. También esto será justificado con la meritocracia que defienden las derechas porque dirán que si no tienes casa es porque no te has esforzado suficiente.

Hace mucho tiempo que Podemos exige la regulación de los precios del alquiler, pero el proyecto de ley de vivienda sigue bloqueado por el socio mayoritario del Gobierno, rendido a las presiones de los de siempre. Mientras el PSOE se decide, desde Podemos seguimos planteando soluciones, como por ejemplo prohibir los abusos a inquilinos y con ello, que los honorarios de agencia los pague quien contrata el servicio. No tiene sentido que el inquilino pague la gestión del alquiler que le han hecho al casero.

Las inmobiliarias tienen que asumir que se les acabó la fiesta y en ese sentido esta semana hemos anunciado una propuesta que llevaremos en el programa electoral de Podemos en Baleares, y es la creación de la primera Agencia Inmobiliaria Pública de las Islas Baleares para la próxima legislatura. Se trata de un portal online que asumirá los servicios de una agencia inmobiliaria privada, pero mejorándolos y ampliándolos.

Con una alternativa pública se garantiza que los beneficios sean, únicamente, para las partes del contrato: casero e inquilino. Por un lado, el casero recibirá asesoramiento legal mientras dure el contrato, cobertura económica en caso de impago o de pequeñas reparaciones así como deducciones fiscales en el IBI por incluir su piso en la Agencia. Por otro, el inquilino podrá ahorrarse el abuso del pago de honorarios, pagará un alquiler a precio asumible, tendrá asesoramiento jurídico y protección legal.

Son propuestas que se enfrentan directamente a los fondos buitre y al lobby inmobiliario, lo cual parece que ya toca; pero los estrechos lazos políticos que guardan ambos poderes podrían dificultar su puesta en marcha. Repasando un poco, la patronal inmobiliaria experimenta una gran transformación en 2008 y a partir de ahí se produce su ampliación en el espacio político. El gobierno de Rajoy reduce de 5 a 3 años la duración del contrato de arrendamiento, lo justo para eximir a las socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) del impuesto de sociedades.

Los principales opositores a nuestras propuestas son personas que, curiosamente, tienen estrechos vínculos con intereses inmobiliarios. Está Martí Fluxá, -ex secretario de Estado del PP y ex jefe de protocolo de la Casa Real-, presidente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) y Joan Clos -que fue alcalde de Barcelona y ex ministro de Industria, comercio y turismo con el PSOE- actual presidente de ASVAL, la Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler en la que participan algunos fondos buitre, entre ellos, Blackstone. ¿Os suena? Un fondo de inversión que ya tiene 20.000 viviendas, en su mayoría adquiridas por causa de impago de sus propietarios durante la crisis de 2008. Se considera el mayor casero de España y, ¿qué utiliza para controlar y gestionar todas esas viviendas? Utiliza socimis.

Por otro lado, está Basagoiti, presidente de ASOCIMI (Asociación Española de Socimis) tenaz convencido de que el mercado se regula solo, olvidando que lo hace para beneficio de los ricos. También en contra de limitar el alquiler están Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, FADEI (Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias), WIRES (asociación de consejeras y directivas inmobiliarias) y la Asociación de promotores y constructores de España.

Garamendi, Basagoiti, Fluxá, Clos. Cuatro nombres que cuentan con una gran influencia sobre el PSOE y la derecha, mucho mayor que la que puede ejercer un ciudadano o ciudadana cualquiera. Sin embargo, la preservación de derechos de unos pocos no puede pasar por encima de los valores democráticos más primarios, como es la defensa del interés general. Hace falta blindar el derecho a la vivienda a través de múltiples frentes, es una cuestión que requiere de soluciones poliédricas, que deben permear en el mercado como una lluvia fina hasta distenderlo.