El agua es un patrimonio natural y un recurso estratégico del que dependen las actividades productivas, la calidad de vida de todos y la supervivencia de ecosistemas de gran valor ecológico.

La procedencia del agua que gastamos tiene 3 orígenes distintos: superficial, subterráneo o de reutilización. Los porcentajes de uso deberían ser mayores en aguas reutilizadas, invirtiendo en la mejora de depuración y saneamiento de las masas de agua para ser reaprovechadas, lo que conllevaría el consiguiente ahorro de las masas subterráneas y superficiales.

El futuro del recurso debe pasar por una gestión sostenible e integral, como así se establece en la Directiva Marco de Aguas (DMA), considerando un mayor control en la demanda o limitando la oferta que hasta ahora se ha gestionado como si fuese infinita.

En los últimos tiempos se ha hecho evidente la merma de recursos hídricos disponibles en España por los efectos del cambio climático, y una creciente actividad extractiva que no respeta en muchas ocasiones la capacidad de carga de los acuíferos, ni la disponibilidad de agua de las distintas cuencas hidrográficas, lo que ha suscitado grandes controversias entre comunidades y comarcas cedentes y receptoras. El estrés hídrico que padecemos es de los mayores de la Unión Europea y pone en evidencia los desequilibrios entre disponibilidades reales y consumos de agua. Esta situación se aborda con trasvases que deberían ser medidas excepcionales para suplir necesidades urgentes y puntuales, nunca la norma. La norma debe establecer políticas de gestión de las demandas eficaces para mejorar la gobernanza en las cuencas y no tener que recurrir a medidas de trasvases. Y es que no se puede hacer política de aguas únicamente en función del uso económico. Esto provoca agresiones a los ecosistemas fluviales, tanto a los cedentes como a los receptores. Desde el punto de vista social su simple planteamiento desencadena enfrentamientos entre unas comarcas y otras, de forma que lejos de la pretendida vertebración en torno a lazos de dependencia y solidaridad hidrológicos son motivo de enfrentamiento.

La mala gestión que se arrastra de un recurso tan básico como el agua, acarrea no solo conflictos sociales o ambientales, sino también jurídicos y políticos que van en aumento. Hay que abordar la problemática del uso y gestión con la responsabilidad que se merece, recuperando e intentando conservar el buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y de ribera, que son los que mejor se encargan de absorber y amortiguar los problemas de eutrofización o aumento de los niveles de salinidad de nuestras aguas, los impactos del cambio climático y que mejoran la calidad de las masas de agua tanto superficiales como subterráneas si se aborda con seriedad y sin trampas su restauración. Porque el ecosistema fluvial depende del régimen de caudales y de la calidad de sus aguas y su buen funcionamiento repercutirá en la disponibilidad que tengamos de agua.

La combinación de la reducción de las precipitaciones y, muy especialmente, las subidas de las temperaturas han generado una reducción media del volumen de agua que va a parar a los cauces de más del 20% en tan sólo 25 años. Si además consideramos que la actividad agrícola supone mas del 80% del agua consumida en España (y aumentando), para poder recuperar un cierto equilibrio hídrico sería necesario aceptar el hecho de que este recurso es limitante en nuestro país lo que requiere que definamos la superficie regada que podemos tener y mantener, sin poner en riesgo la propia actividad en el futuro y sin afectar negativamente otros usos, como ya está ocurriendo. Por tanto, es imprescindible incrementar la eficiencia en el uso del agua en agricultura, limitando pérdidas y fomentando manejos que sean conservativos. Pero también hay que decir NO a nuevos incrementos de superficies. Algunos expertos consideran que ya hemos superado en algo mas del 20% la extracción asumible.

La concesión de derechos de explotación de aguas subterráneas, bien para regadío, bien para la instalación de plantas embotelladoras, u otros usos como los relacionados con la presión urbanística o las actividades turísticas, al socavar en no pocas ocasiones el suministro mas básico a las poblaciones, debe ser escrupulosamente supervisado y controlado. Será fundamental acometer medidas de ahorro, búsqueda de soluciones menos consumidoras de agua y el cierre del ciclo del agua de forma eficiente, depurando y recirculando.

Para que sea posible un Acuerdo sobre la gestión del Agua en España hay que conjugar intereses de todos los implicados, y en el caso del agua lo somos todos, porque es un recurso básico para la vida. Desde sectores como las comunidades de regantes, la industria o los entes que en los municipios gestionan el suministro, hasta las confederaciones hidrológicas, centros de investigación o todas nosotras como ciudadanas y usuarias. Hay que garantizar un suministro de agua siendo escrupulosos para que su conservación también esté garantizada. Si se sigue gestionando como hasta ahora eso será difícil de conseguir a pesar de que sabemos que el agua es un bien escaso en nuestras latitudes. Y cada vez mas por dos motivos principales:

1) el consumo no deja de aumentar porque los sectores que tiran de nuestra economía, -agricultura y turismo-, son terriblemente sedientos.

2) los efectos del cambio climático incluyen una disminución del agua disponible por disminución de las precipitaciones y evapotranspiración mayor por causa del aumento de temperaturas.

Así que es insostenible mantener la explotación actual, no adaptada a la reducción del régimen natural en las últimas décadas y sin medidas en los Planes Hidrológicos que aporten soluciones mas allá de trasvases urgentes cuando toca. Se condena a los ríos a una situación de degradación permanente por falta o inexistencia de caudales ecológicos.

Un aspecto esencial que hay que abordar con sensatez es el relativo a los cultivos, su extensión e intensificación. Estos se tienen necesariamente que adaptar a los escenarios previsibles futuros, cuando haya que adoptar cultivos menos consumidores de agua y disminuir su extensión. Todo ello además de alcanzar un buen estado en las masas de agua que han estado sometidas a desmedidas tasas de contaminación por nitratos y otros compuestos.

Por todo esto, la política hidrológica debería plantear como eje, la gestión ecológica de la demanda y no el aumento de la oferta; una política planificada desde las disponibilidades hídricas y los condicionantes ambientales, que contemplen objetivos como la supresión de regadíos subvencionados para cultivos insostenibles; prevalencia de la conservación de ecosistemas acuáticos; eficiencia en la utilización del recurso; garantizar la calidad del agua y proteger adecuadamente el dominio público hidráulico; liberar las llanuras de inundación del urbanismo ilegal; eliminar la sobreexplotación de las aguas subterráneas; proteger las zonas húmedas; completar la depuración de aguas residuales; establecer la recuperación de costes para todos los usuarios; etc., solo así se garantizará una gestión eficaz y eficiente.

Aunque ya sabemos todas lo difícil que será lograr todo esto y lograr ese Acuerdo de Gestión del AGUA que es inaplazable en nuestro país.