Opinión
El agua no espera a las elecciones
Por Luis Babiano, Susana Gil Pascual, Aura Vidal y Leandro del Moral
Miembros de la Red Agua Pública.
La sequía vacía los embalses; una inundación puede llenar de barro nuestras casas. Parece una contradicción, pero son dos manifestaciones de una misma crisis. El cambio climático está alterando el ciclo del agua y nos obliga a convivir con dos extremos: que el agua escasee cuando la necesitamos y que llegue con una violencia para la que no estamos preparados.
La cuestión ya no es solo cuánto llueve. Es qué hacemos con el agua, cómo gestionamos el territorio, quién decide sobre ella y quién queda desprotegido cuando llegan las dificultades. Porque la escasez no afecta igual a una familia que a un gran consumidor, ni una inundación golpea por igual a todos los barrios. Los fenómenos pueden ser naturales, pero la vulnerabilidad y la desigualdad también son el resultado de decisiones humanas.
Durante décadas hemos intentado resolver los problemas del agua con una promesa de más oferta: más embalses, más captaciones, más conducciones. Muchas infraestructuras son necesarias, pero ninguna puede fabricar lluvia ni justificar demandas ilimitadas. No podemos pedir a las familias que cierren el grifo mientras seguimos abriendo la puerta a desarrollos urbanísticos, turísticos o agrícolas sin acreditar previamente su sostenibilidad hídrica.
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Las consecuencias de las sequías no se combaten solo cuando los embalses están vacíos. La mejor preparación comienza mucho antes, también cuando vuelven a llenarse: reduciendo pérdidas, protegiendo acuíferos, recuperando ríos y ajustando las demandas a los recursos realmente disponibles. Las inundaciones tampoco se resuelven solo levantando muros. Necesitamos devolver espacio a los cauces, recuperar suelos permeables y evitar que la próxima lluvia extrema encuentre viviendas e instalaciones esenciales donde nunca debieron construirse.
Ante esta realidad, la Red Agua Pública (RAP) defiende una idea sencilla y exigente: el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano, y el agua es un bien común, no una mercancía cualquiera. Su garantía pasa por una gestión pública, democrática, participativa y sin ánimo de lucro. No basta con que la empresa sea pública: sus cuentas deben ser transparentes, sus decisiones discutirse con la ciudadanía y sus resultados medirse también por el uso responsable de los recursos, la calidad del servicio y la protección de quienes más lo necesitan.
Hablar del derecho humano al agua es hablar de hechos concretos: que una familia vulnerable no sufra un corte de suministro por no poder pagar; que exista un mínimo vital garantizado; que una persona sin hogar pueda beber y asearse dignamente; que vivir en un pueblo pequeño no signifique tener menos protección sanitaria o peores servicios. También es impedir que la contaminación de ríos y acuíferos acabe convirtiéndose en una factura que pagan quienes no contaminaron.
Queda otra cuenta pendiente: la inversión. Renovar tuberías, depurar adecuadamente las aguas residuales, proteger captaciones y adaptar las instalaciones a los riesgos climáticos cuesta dinero. Pero construir una depuradora sin garantizar los recursos necesarios para su funcionamiento y mantenimiento es inaugurar un problema futuro. Necesitamos planificación plurianual, cooperación entre administraciones y operadores públicos, profesionales formados y transparencia sobre el destino de cada euro recaudado por el agua.
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Con estas preocupaciones, la RAP presentará a la sociedad civil y a las formaciones políticas sus propuestas ante las elecciones generales del 29 de noviembre. Reclamamos garantías legales efectivas del derecho humano al agua y al saneamiento, una ley estatal del ciclo urbano del agua respetuosa con las competencias territoriales, medidas contra la privatización, apoyo a la remunicipalización, participación ciudadana real y una adaptación climática que se anticipe a las emergencias. No buscamos promesas para un cartel electoral: exigimos compromisos con presupuestos, responsables, plazos y resultados comprobables.
El agua nos plantea una pregunta que ningún programa político debería esquivar: ¿queremos organizar su gestión alrededor del derecho a vivir o de la oportunidad de hacer negocio? La sequía y las inundaciones parecen problemas opuestos, pero nos dejan el mismo aviso: el agua no entiende de campañas electorales. Nuestra responsabilidad tampoco debería esperar a las urnas.
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