Solo la complicidad obscena de un Estado siniestro -judicial, pero no solo- con los partidos de (ultra)derecha puede explicar que el fiscal general acabe sentado en el banquillo sin pruebas y con el fin de tapar los delitos fiscales confesados de la pareja de una presidenta autonómica; de una presidenta de Madrid, es más, de la elite de ese poder conservador que tan bien serpentea en la oscuridad.

A medida que avanza el juicio contra Álvaro García Ortiz y van declarando los testigos, la operación que pretende condenar al jefe del Ministerio Público y acusar al presidente del Gobierno de urdir una campaña contra Isabel Díaz Ayuso, de lo que ella misma les acusó, se vuelve más evidente y, encima, más zafia, lo cual no constituye novedad alguna en esta España nuestra de corruptos de baja estofa. 

Este martes acudieron como estrellas invitadas al Tribunal Supremo los testigos Miguel Ángel Rodríguez y Alberto Quirón González Amador, director de Gabinete y pareja de la presidenta madrileña, respectivamente. Ambos, pese a la expectación creada, solo vinieron a confirmar lo que, gracias al trabajo periodístico, es el relato de los hechos, sin más. Después, cada uno puede interpretar/deducir/imaginar/concluir... lo que le dé la gana -incluso, acusando al fiscal general de provocar las diez calamidades bíblicas, faltaría más-, pero los hechos son los que son, palabra de periodista, y no hay indicios ni pruebas que hoy apunten a otra cosa que no sea la inocencia de García Ortiz, el bulo de MÁR y los delitos fiscales del novio de Ayuso. Porque Rodríguez volvió a reconocer su invento informativo ante el Supremo, ése que provocó el desmentido lógico de la Fiscalía General vía nota de prensa: no se había frenado desde "arriba" ningún acuerdo ofrecido por la Fiscalía a Alberto Quirón porque la Fiscalía no había ofrecido nunca tal acuerdo. Era al revés, el novio de la presidenta intentaba por todos los medios librarse de juicio por defraudar a Hacienda y falsificar facturas y su abogado buscaba un pacto que nunca llegó, porque al "ciudadano particular" González Amador, la Agencia Tributaria lo pilló con las manos en la masa, o sea, con un fraude a Hacienda de más de 350.000 euros que intentó embolsarse mediante facturas falsas tras haber obtenido unos beneficios de 2,3 millones de euros en pandemia.

Y este martes, sin sonrojarse ni nada, González Amador se ha presentado ante los magistrados con un culebrón bajo el brazo: es una víctima de su amor por Díaz Ayuso, una buena pareja que quiso evitar a la presidenta los sinsabores de que se hiciera público y llegara a los juzgados que había intentado robarnos de la caja pública común 350.000 euros tras dar un pelotazo de 2,3 millones como comisionista en la compra-venta de material sanitario en lo más duro de la pandemia.

Nadie lloró en el Supremo por la emotiva revelación de Alberto Quirón, más que nada, porque la jefa de la inspección tributaria en Madrid, Mercedes Urbano, ya dejó claro en marzo, ante el Juzgado de Instrucción 19 que investiga a la pareja de Ayuso, que lo suyo era un delito muy consciente cometido en 2020 y 2021 y que solo intentó regularizar su situación cuando fue "pillado" por la Agencia Tributaria con las declaraciones de esos años ya cerradas y 13 facturas falsas coladas en ellas. Ni amor ni nada, se llama rapiña, y la regularización ya era imposible.

Este martes y ante los jueces del Supremo, Alberto Quirón acusó a García Ortiz de haberlo "matado públicamente", sin pararse a pensar que quizás, solo quizás, podía haber evitado esta supuesta muerte evitando cometer un fraude fiscal cuando ya era pareja de Ayuso. Pero ya conocen el manual del PP y su entorno: las víctimas siempre son ellos, aunque delincan y lo confiesen; aunque tengan que llevarse por delante las instituciones del Estado, sean la Fiscalía General, el Ministerio del Interior o la Agencia Tributaria. Nunca hay límite.