Nadie puede decir que se sienta sorprendido por la ratificación de la condena al exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por parte del Tribunal Supremo. Lo inaudito habría sido lo contrario, pues la tropelía del alto tribunal había sido ejecutada, no sin esfuerzo tras los vaivenes de la presidenta del Congreso de los Diputados y las Diputadas, Meritxell Batet (PSOE), y no era cuestión de dar otro tumbo. La política española pierde a una persona muy valiosa y con ello, va recuperando su media de mediocridad que lastra el desarrollo del España.

Una de las principales cualidades que deben acompañar a un político es su integridad, gracias a la cual se mantendrá fiel a sus principios, a lo que cree, por lo que realmente llegó a convertirse en un representante público. Rodríguez tiene esa cualidad que, en el Congreso es una rara avis, pues estamos asquerosamente acostumbrados a ver episodios de 'donde dije digo, digo Diego'. No es su caso.

Esta cualidad, además, se demuestra; sencillamente, se manifiesta por sí sola, sale al paso de situaciones que la ponen a prueba y, durante su irregular juicio, la de Rodríguez brilló con luz propia. A diferencia de excompañeras de partido que pasaron tragos parecidos, como Rita Maestre, el que fuera diputado canario no se aferró al "no me acuerdo" o el "yo pasaba por allí" para referirse a los hechos de los que se le acusaba y, de ese modo, salvar su acta.

Sencillamente los negó porque afirma que jamás ocurrieron y, lejos de mostrarse sumiso, se rebeló contra lo que considera malas prácticas por parte de las Fuerzas de Seguridad, describiendo listas negras de activistas sociales a los que, a posteriori de las protestas, se le imputan delitos. En su caso, además, sospechosamente se le atribuyó sin que se hubiera procedido a una identificación previa y con un proceso que no se reactivó hasta que no fue cargo público -dado que cuando los hechos sucedieron, no era diputado-. Plantarse ante el Supremo y exponer dicha teoría con ánimo de denunciarla públicamente seguramente fue tomada por el tribunal como una provocación y su venganza se sirvió en plato frío. Pero ya es público. Ahí, mal que le pese al Supremo, ganó Rodríguez.

El recado que se nos envía a la ciudadanía es que no hay lugar en las instituciones para políticos íntegros, honestos... el recado que se envía a los y las representantes públicos es el mismo, de manera que si se les pasa por la cabeza salirse del tiesto, pueden ser quitados de en medio, aunque haya que recurrir para ello a pecados del pasado. Todo vale.

De la aplaudida entrevista que se emitió el pasado domingo en Salvados, esto es lo que más rescato, por encima de detalles como el hecho de que Rodríguez haya regresado a su puesto de trabajo, al mismo que ejercía antes de la política, o de su sinceridad a la hora de describir lo fácil que es desviarse del buen camino cuando se entra en la rueda política.

La integridad, cuando viene acompañada de esas ganas de trabajar que desprende Rodríguez, ese afán por convertirse en agente de cambio que mejore la sociedad, es una amenaza para el orden establecido. Lo acontecido así lo demuestra, con un juicio con tintes de farsa, unos letrados del Congreso capaces de emitir dos informes jurídicos radicalmente contrapuestos con una semana de diferencia -lo que dice poco de ellos y menos aún de las leyes- y una falta de apoyos por parte de Unidas Podemos y, concretamente, de pesos pesados del partido -con excepciones como la de Yolanda Díaz- que inquieta.

Con la pérdida del acta de diputado, pierde la política y gana Rodríguez; una victoria que todavía puede ser más contundente si, en el futuro, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo le da la razón, poniendo en entredicho por enésima vez al Tribunal Supremo, que cada vez es menor tribunal y menos supremo.