Los indultos a los presos y presas políticas catalanes han merecido por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un rosario de conceptos dulces y grandilocuentes. Valga su discurso de tres minutos el pasado martes día 22 como ejemplo. A saber: convivencia, concordia, magnanimidad, gracia, autogobierno, legalidad, diálogo, reencuentro, esperanza, entendimiento, democracia. No son pocos.

Y sin embargo, no es ahí donde late el meollo del asunto, sino en el siguiente párrafo entresacado de sus palabras aquel día:

"Esta medida de gracia no exige que los beneficiados por ella deban cambiar sus ideas, no esperamos tal cosa. De hecho, las personas encarceladas jamás fueron sancionadas por sus ideas, sino por sus actos contrarios a la legalidad democrática. Una democracia fuerte, como es la democracia española, no pide a nadie que renuncie a sus ideas…".

Aleluya.

Así que la palabra esencial no está dicha, no consta entre las pronunciadas, pero sí implícita en las líneas anteriores: Pensamiento. Se trata del pensamiento, de las ideas y de las opiniones. “Cogitationis poenam nemo patitur”: el pensamiento no delinque. Esa es una regla inviolable de nuestra Justicia y de nuestra construcción como sociedad. O sea, la libertad de conciencia. Cuánto cuesta de un tiempo a esta parte, desde las instituciones, pronunciar la palabra Pensamiento. De hacerlo, deberían admitir la brecha que se ha abierto en ese pilar de nuestro pacto social. En España no se respetan la libertad de pensamiento ni de opinión, ni siquiera la liberta creativa. Es más, se castigan con penas incluso de cárcel.

Si al magro discursito de tres minutos de Pedro Sánchez le quitas las sobadas concordias, convivencias, entendimientos etc. queda ahí solo una idea que merezca tal nombre. La anteriormente citada: el pensamiento no delinque. No se puede castigar el deseo de independencia, ni siquiera el deseo de guerra. Se castiga la guerra misma. No se puede castigar el anhelo de enfrentamiento, sino el enfrentamiento en caso de que lo hubiere y fuera violento. No se castigan pensamientos, deseos o anhelos, sino actos.

Ni guerra, ni enfrentamiento violento, ni violencia en absoluto ejercieron los políticos y políticas presas en Catalunya a raíz del Procès. De hecho, el simulacro de referéndum que llevaron a cabo mereció desprecio y burla desde la derecha española hasta que vieron su oportunidad de oro y lo llamaron “golpe de Estado”. Como la derecha española conoce bien el significado de dicho concepto, golpe de Estado, a nadie le cabe en la cabeza que consideraran como tal aquella actuación. Porque fue una actuación. Eso sí, coronada por un president, Carles Puigdemont, que llevó la performance hasta sus últimas consecuencias en un patético ahorasí-ahoranó que imagino todo el mundo, incluso los independentistas más furibundos, prefiere no recordar.

El president huyó con su compaña y lanzó al resto del elenco bajo las patas de los caballos para luego negar desde Bélgica que aquel proceso concluyó con una falsa declaración unilateral independencia. Lo de “falsa” no lo digo yo. Clara Ponsatí, a la sazón recién huida y consellera d’Ensenyament del Govern de Puigdemont, afirmó, ya en el extranjero: “Estábamos jugando al póquer e íbamos de farol”. Me ahorro consideraciones al respecto.

Estoy de acuerdo sin fisuras con el derecho a la libre determinación de los pueblos llamado también autodeterminación. Tengo muy serias dudas sobre una declaración unilateral de independencia. Básicamente porque es una vía inútil con medios pacíficos. Aquello que sucedió el 1 de octubre de 1017 consistió, como mucho, en lo que los propios independentistas catalanes llamaron un acto “simbólico”. Un pequeño detalle: a una población llamada a llevar a cabo semejante acto “simbólico” se le debe decir que lo es.

Por supuesto que no fue un referéndum tal y como lo entendemos en nuestra democracia. De eso no le cabe duda ni a los becerros de la ultraderecha. Sin embargo, nueve personas, nueve políticos y políticas de Catalunya dieron con sus huesos en la cárcel, con condenas que van desde los 9 a los 13 años de prisión. Y si no hubo referéndum, ¿qué hubo?

Hubo lo siguiente:

Se convenció a la mitad de la población de que la independencia de su territorio se lograba con un referéndum que luego matizaron y cuestionaron sus propios promotores.

Se les hizo creer que, con que lo refrendara la mitad de la población más uno, sería suficiente para construir una presunta nueva sociedad libre.

Se crearon patrones de exclusión basados en la opinión y se sustituyó el diálogo (el interno, el de dicha población consigo misma) con la imposición ideas más o menos peregrinas.

Se llevó a cabo, efectivamente, el antes citado “referéndum”, con la particularidad de que no se confesó a quienes participaban que no era tal, sino que se trataba, como admitieron a posteriori, de un gesto “simbólico”.

Inmediatamente después (hola, Ponsatí), la actuación confiada y alentada de varios millones de ciudadanos y ciudadanas se convirtió en “un farol” de una “partida de póquer”.

¿Qué delito late bajo todo lo anterior? Ninguno. Desde luego, resulta moral y políticamente reprobable, incluso muy reprobable. ¿Y? ¿Se está condenando un “acto simbólico”? ¿Se está condenando la representación de un engaño? ¿Se está condenando que más de la mitad del Parlament de Catalunya desee la independencia y así lo manifieste de múltiples maneras? Porque si lo que se está condenando es la declaración efectiva y patéticamente efímera de independencia, ¿dónde está Puigdemont? ¿Por qué no está en España?

Ahora el Gobierno de Sánchez ha indultado a los nueve políticos y políticas presas, algo que ha despertado ese ánimo de sables que guardan las derechas en la bragueta. No se trata de un acto de “magnanimidad”, como repiten los líderes socialistas. Se trata de un reconocimiento implícito del funesto error de mandarlos ante el juez, de permitirlo. El error de difundir que habían cometido un delito gravísimo contra el Estado y contra la Constitución, incluso contra la democracia misma. No hubo delito, y el propio presidente Sánchez lo reconoce sin decirlo en ese “las personas encarceladas jamás fueron sancionadas por sus ideas, sino por sus actos contrarios a la legalidad democrática”.

Cuando algo no es, no necesitas aludir a ello. Sánchez podría haber dicho “las personas encarceladas jamás fueron sancionadas por ser rubias, sino por sus actos contrarios a la legalidad democrática”. O “las personas encarceladas jamás fueron sancionadas por su indumentaria, sino por sus actos contrarios a la legalidad democrática”. ¿Por qué siente la necesidad Sánchez de hacer referencia a “las ideas” de los condenados? Incluso insiste: “Una democracia fuerte, como es la democracia española, no pide a nadie que renuncie a sus ideas”. Y otra vez más: “no exige que los beneficiados por ella deban cambiar sus ideas, no esperamos tal cosa”.

¿Por qué precisamente a las ideas? ¿Por qué necesita insistir exactamente en eso y no en otra cosa? Por la conciencia de falta. Es de primero de discurso. Y porque es la única puerta por la que se puede acceder a la negociación con las fuerzas políticas catalanas.

Ah, pero, ¿qué pasa con la población, con esos cientos y cientos de miles de hombres y mujeres que confiaron en aquella promesa de independencia? Es aquí donde algunos sectores del independentismo catalán lanzan su “ho tornarem a fer”, lo volveremos a hacer. Y una se pregunta qué es lo que volverán a hacer y quiénes. En serio, ¿qué? Si se refieren a volver a montar el numerito de movilizar a la ciudadanía, ilusionarla, engañarles con urnas y después decir que era un “acto simbólico” o “un farol”, si se trata de eso, se condenarán solos, y no precisamente a prisión.

En el terreno de las ideas, del pensamiento, cabe cualquier paso, todos. En los actos, lo que no es crimen (y en este caso no lo era) es teatro.