Opinión
Los alquileres no se bajan con más anuncios
Abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES
Hay una idea que se ha instalado en el debate público sobre la vivienda: que ya no se puede hacer más y que lo que está pasando es casi irremediable, como si un fenómeno de la naturaleza se tratara. Que el mercado es demasiado poderoso, que sólo se resolverá construyendo más, que las competencias están demasiado repartidas y resulta que siempre son de otro, o que cualquier medida ambiciosa es imposible y lo que es peor; no funcionan. No es verdad. Si aceptamos esas premisas, los únicos que ganan son los especuladores.
Por eso es una buena noticia que el Gobierno de coalición haya acordado aprobar antes de agosto un nuevo Real Decreto que incluya medidas imprescindibles como la prórroga extraordinaria de la duración de los contratos de alquiler o la regulación del alquiler de temporada y de habitación. Aunque no puede pasar desapercibido que el asunto del alquiler de temporada y habitación si no está regulado hasta la fecha es por obra y gracia del Partido Socialista que en su momento se opuso a incluirlo en la Ley de Vivienda como pedía UP el socio de Gobierno en aquel entonces, dejando una salida cómoda y eficaz a la picaresca rentista.
Por eso toca recordar algo que a veces se omite: si este nuevo Real Decreto sale adelante será fundamentalmente por la fuerza demostrada de las organizaciones populares en defensa del derecho a la vivienda que no dejan de denunciar, organizarse, y señalar que hay horizontes posibles y alternativos a la propuesta imperante del capitalismo rentista y sus aliados. Y es de justicia decir, que también se debe a la posición férrea de los socios de coalición que tienen claro que la vivienda es la prioridad política de la legislatura, aunque quede poco.
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Vayamos al contenido del último anuncio. La prórroga extraordinaria de los alquileres no es una medida menor. Es la diferencia entre que más de un millón de familias puedan seguir viviendo en sus casas o queden expuestas a un mercado asalvajado donde renovar un contrato significa, demasiadas veces, una subida de cientos de euros o directamente un desalojo forzoso. Suspender esa posibilidad mientras dura la emergencia habitacional es una medida más que justa que permite a inquilinos mantenerse en sus contratos, pagando lo que ya vienen pagando (que no es precisamente poco) pero blindándoles ante la posibilidad de que les sustituyan por otros más rentables. De hecho, la necesidad imperiosa de la prórroga quedó constatada durante el mes de abril -mientras estuvo en vigor- y a la que miles y miles de inquilinos se acogieron.
Lo mismo ocurre con la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones. Llevamos demasiado tiempo viendo cómo se utilizan estas modalidades para defraudar la poca protección que tienen los inquilinos hoy en día, esto es, la duración de sus contratos y la protección frente a subidas abusivas y repentinas de renta. Alquilar por temporada o por habitación se ha convertido hoy en el principal mecanismo que tiene el rentismo para seguir precarizando los derechos de los inquilinos. No hace falta más que darse una vuelta por Idealista para comprobarlo.
Y, por último, y con relación a lo anunciado, estos días volvemos a oír que se subirá el IVA de los pisos turísticos al 21 %. Manda narices que este tipo de negocios improductivos sigan tributando menos que cualquier otro negocio productivo. Por tanto, bienvenido sea. Pero seamos sinceras: ¿cuántas veces ha anunciado ya el Gobierno esta medida? Es casi como un deja vú. Faltan hechos y sobran titulares.
La crisis de vivienda no se resolverá con anuncios que llevamos años escuchando y que no acaban de plasmarse en el BOE, se resolverá poniendo en marcha todo un paquete de medidas ambiciosas que requieren determinación y saber que para que el derecho a la vivienda avance, el derecho a especular se debe acabar. No desconozco ni las competencias ni las mayorías parlamentarias, pero sí conozco los límites de la falta de voluntad política.
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En las últimas semanas se ha hablado mucho de Zohran Mamdani, de su campaña comunicativa y de cómo ha conseguido colocar el problema de acceso a la vivienda en el centro del debate político en Nueva York. Pero su verdadero éxito no radica sólo en una comunicación fresca y novedosa si no en el hecho de haber congelado los alquileres de un millón de viviendas. Dicho y hecho. Esa es la clave.
Y precisamente por eso, aunque el anuncio de este nuevo Real Decreto no puede no alegrarnos, no podemos ni debemos conformarnos. Este Real Decreto tiene que ser el inicio de una propuesta política tangible y eficaz que sirva, al menos, para equilibrar la balanza. Si reconocemos que existe una emergencia habitacional, las respuestas tienen que estar a la altura de la emergencia.
Hay que mantener las prórrogas mientras persista la situación excepcional. Hay que cerrar definitivamente la puerta al fraude del alquiler temporal y por habitaciones. Hay que acabar con los privilegios de quienes hacen negocio con la vivienda mientras expulsan a vecinos y cierran los comercios en nuestras ciudades. Hay que prohibir la compra especulativa y hay que desincentivar las actividades especulativas de grandes fondos y rentistas amateurs con una fiscalidad realmente disuasoria y por supuesto hay que empezar a hablar seriamente de estabilidad residencial.
¿Por qué seguir aceptando que el alquiler es casi como una antesala a la compra, una especie de adolescencia habitacional, diseñado a priori para jóvenes y personas precarias hasta que puedan acceder a una vivienda en propiedad? ¿Por qué aceptar que millones de personas vivan pendientes de una renovación unilateral cada cinco o siete años, o que la vivienda pública sea absolutamente residual? Casos como el de Maricarmen, el de Mariano o el desahucio de Adolfo en Vallecas nos recuerdan que detrás de cada caso hay una vida atravesada por la incertidumbre y el malestar. Por eso, la apuesta no puede ser sólo la prórroga durante uno o dos años de la duración de los alquileres, sino los contratos indefinidos para vivienda habitual. Si queremos garantizar el derecho a permanecer en casa, tendremos que dejar de concebir la vivienda como una fuente permanente de inseguridad.
La política debe servir para eso. Para mover los límites de lo posible. Y precisamente ahora, la política, con mayúsculas, se juega su credibilidad. Nos jugamos mucho. Si gana la resignación y la desafección, el sálvese quien tenga, entonces ganarán los buitres.
La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía. Ahora tiene que demostrarse que es la principal prioridad del Gobierno. Y aunque va tarde y timorato nunca es tarde si la dicha es buena, a pesar de que ya estamos prácticamente en tiempo de descuento.
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