Por Rosa García, miembro de La Comuna

Tras la muerte de Franco, corrían malos tiempos para los trabajadores, estudiantes, grupos feministas y cualquiera que osara pedir una democracia auténtica y no se quisiera conformar con el infame engendro que nos pretendían colar, manteniendo las mismas leyes franquistas y en la ilegalidad a los sindicatos y partidos de la izquierda. La larga sombra del dictador se extendía sobre todas las instituciones del Estado: políticos, jueces, policía, ejército y altos funcionarios, además de empresarios y banqueros y la jerarquía eclesiástica, que sostuvieron y se enriquecieron con la dictadura. Todos ellos siguieron bien apoltronados en el poder de la monarquía de Juan Carlos I, nombrado rey de España por la gracia de Franco. Nada había cambiado.

El 24 de enero de 1977, un comando armado de ultraderecha, con vínculos con la policía y las cloacas del Estado, entró en un conocido despacho de abogados laboralistas del número 55 de la calle Atocha de Madrid, disparando a bocajarro contra todos los que estaban allí. Fueron asesinados cinco trabajadores y abogados: Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez y quedaron heridos de gravedad cuatro más: Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos y Lola González.

Antonio González Pacheco, “Billy el Niño”, fue investigado en relación a estos hechos, y tuvo que declarar, pero el juez instructor Gómez Chaparro, que había pertenecido al Tribunal de Orden Público, reconvertido en Audiencia Nacional, lo exoneró sin hacer mayores indagaciones. Años después, en 1990, un informe oficial de la inteligencia italiana confirmó la presencia de neofascistas italianos relacionados con la red Gladio y con los grupos terroristas de la guerra sucia contra los refugiados vascos, que fueron conocidos más tarde como los GAL.

Esa misma mañana del 24 de enero, la policía armada había asesinado a la estudiante Mari Luz Nájera, disparándole un bote de humo que le destrozó la cabeza, en una manifestación convocada en protesta por el asesinato el día anterior de Arturo Ruiz. Otro joven estudiante que fue abatido de un disparo por la espalda realizado por un grupo ultraderechista en el transcurso de una manifestación que pedía la amnistía de los presos políticos que aún quedaban en las cárceles de su majestad, llamado ahora el Emérito. A todos estos asesinatos de las fuerzas policiales y los grupos parapoliciales se le denominó a partir de entonces, La Semana Negra de Madrid. Negra para los demócratas, efectivamente.

El exfalangista, vicesecretario general del Movimiento, Adolfo Suárez presidía el segundo gobierno de su majestad el Emérito y Rodolfo Martín Villa era el ministro del Interior cuando sucedieron estos hechos y, por tanto, su máximo responsable político. Recordemos que por estos y otros asesinatos cometidos por las fuerzas de orden público y los grupos parapoliciales, Martín Villa está imputado en la Querella Argentina que investiga los crímenes del franquismo y la transición, y tuvo que declarar, el pasado 3 de septiembre, ante la jueza María Servini, con gran alboroto de sus amigos del régimen, cuyos nombres no quiero recordar, que enviaron cartas de recomendación a la juez alabando las supuestas “virtudes democráticas” de este señor. Curiosamente, las auténticas virtudes democráticas de los asesinados y heridos no parece que les haya preocupado nunca a esta panda de valedores de Martín VIlla.

La transición fue una etapa llena de confrontaciones a todos los niveles. Los grupos que habían copado el poder durante el franquismo no estaban totalmente de acuerdo con la llamada ‘apertura democrática’, y las costuras de ese monstruo fascista que había controlado el poder desde el golpe de estado cívico-militar contra la II República amenazaban con estallar. Además, tanto las democracias occidentales, en especial la RFA de Willy Brandt, como EEUU (con diferentes visiones e intereses en España), miraban con lupa lo que sucedía, y el gobierno de Suárez tenía que dar una imagen hacia el exterior de éxito de su falsa democracia. También la OTAN esperaba con ansia dar la entrada a España (lo que sucedió en 1982). Por tanto, lo acontecido en la Semana Negra empañaba profundamente esa falsa imagen y no quedó más remedio que actuar: Los asesinos de Arturo Ruiz y de la matanza de Atocha 55 fueron identificados y detenidos, no así el autor material del asesinato de Mari Luz Nájera. Aunque conviene precisar que no todos los identificados fueron detenidos, como sucedió en el caso de los asesinos de Arturo Ruiz (Fernández Guaza nunca ha sido localizado y Jorge Cesarsky, solo cumplió un año de cárcel y se benefició de la Ley de Amnistía), y no todos los detenidos fueron juzgados y cumplieron su condena, para nada.

En el caso de la matanza de Atocha fueron detenidos José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada como autores materiales; Francisco Albadalejo Corredera, que era secretario provincial del sindicato vertical (franquista) de Transporte, como autor intelectual y los excombatientes de la División Azul, Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacios que suministraron las armas. La novia de Fernández Cerrá, Gloria Herguedas, igualmente fue detenida, acusada de encubridora. También fueron llamados a declarar los dirigentes de extrema derecha, Blas Piñar y Mariano Sánchez Covisa, dirigentes de Fuerza Nueva.

A partir de ese momento empezó la opereta de justicia que el régimen estaba dispuesto a ofrecer: En primer lugar, Lerdo de Tejada obtuvo un permiso de salida de prisión, dado por Gómez Chaparro, que aprovechó para huir antes del juicio. Su orden de búsqueda y captura prescribió en 2015, por lo que ya se le puede considerar un hombre libre. Buena jugada.

García Juliá pasó 14 años en la cárcel y también escapó, tras obtener la libertad condicional, a pesar de haber sido condenado a 193 años de prisión. Sin embargo, en 2019 fue localizado en Brasil y extraditado a España para que cumpliera el resto de su condena. Pero la mañana del pasado 18 de noviembre ha sido puesto en libertad (a pesar de que aún le quedaban 9 años más por cumplir), por orden de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que le había juzgado por otros motivos y que le ha aplicado diferentes beneficios y redención de condena, contabilizando incluso los años en que estuvo fugado. ¡Válganos!

Estamos tan acostumbrados a los desmanes judiciales, a las dobles y triples varas de medir los delitos, a considerar crímenes horrendos unos tuits y, sin embargo, liberar a un asesino confeso y condenado; a imponer durísimas condenas a activistas democráticos y soltar a los ladrones de guante blanco… Estamos tan acostumbrados a esta justicia que se parece tanto a la que se aplicó con mano de hierro durante toda la dictadura y la transición, que a pesar de las protestas de la Fundación de Abogados de Atocha, pocos se han inmutado.

Meses después de estas matanzas de la Semana Negra, se aprobó la Ley de Amnistía que significó, en realidad, una ley de punto final por la que los torturadores, ladrones y asesinos franquistas quedaron exonerados de sus crímenes y cerrada toda posibilidad de enjuiciarlos, a cambio de que salieran de la cárcel los pocos antifranquistas que aún quedaban. Un trágala en toda regla. Y parece que ahora le han aplicado la amnistía también a este asesino, García Juliá, con efectos retroactivos. Para compensar.

¿Cómo es posible que haya sucedido esto? Nos preguntan a menudo a quienes luchamos por el derecho a la justicia para todas las víctimas de los delitos de lesa humanidad del franquismo y la transición. No hay un respuesta fácil pero sí que hay una causa clara: la impunidad del franquismo. Y esa impunidad ha sido mantenida y justificada como pilar fundamental de régimen monárquico por los gobiernos del bipartidismo de este largo post-franquismo.

Comentaba Fabián Salvioli, Relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación como garantías de no repetición, en su magnífica intervención de clausura de la XIV Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos de Soria (celebrada entre el 3 y el 11 de este mes de noviembre) que en materia de justicia España tiene todo por hacer, y añadía que las leyes de amnistía son nulas, tal y como sentenció la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos y como establece el Derecho internacional. A ver si se entera de una vez la judicatura española.

García Juliá y el resto de asesinos de la Semana Negra fueron juzgados y condenados, sÍ; pero recibieron trato de favor, se beneficiaron de todo tipo de prebendas, huyeron y no fueron perseguidos y, como sucede en este caso, al final se acaban beneficiando de argucias “legales” para seguir escapando de la justicia.

Parecería que estamos en una segunda transición y que van preparando un nuevo trágala. Esta vez espero y deseo que no les funcione. Seguiremos exigiendo verdad, justicia y reparación, porque sabemos que no hay otra forma posible que evite la repetición de estos y tantos otros crímenes.