¿Y quién ampara a las víctimas de violencia vicaria?

El sistema de justicia es torpe y lento amparando a las niñas y niños víctimas de violencia vicaria, pero es muy ágil y certero cuando a quien hay que amparar es a uno de los suyos. Lo hemos visto esta pasada semana, cuando el Consejo General del Poder Judicial anunció en un comunicado que concedía el amparo a la jueza Aurora María Angulo, del juzgado de violencia sobre la mujer nº 2 de Granada.

La magistrada solicitó esta protección al máximo órgano de Gobierno de Jueces por lo que calificó como una “campaña de desprestigio” en su contra tras inhibirse en la petición realizada por Juana Rivas para que su hijo se quedara en España y no volviera con su padre, Francesco Arcuri, acusado en Italia de maltrato físico y psíquico de sus hijos. El juicio contra él arrancó en octubre pasado y continuará en los próximos meses.

Los abogados de Rivas habían solicitado al juzgado de violencia sobre la mujer que preside Angulo, que amparara al menor esgrimiendo la violencia vicaria que sufría tanto él como Rivas. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, que escuchó al niño, aseguró que éste temía por su vida si regresaba a Italia. Sin embargo, la jueza Angulo, no sólo no escuchó al menor, sino que afirmó que el caso no era de su competencia al considerar que no se trataba de violencia de género. "Es un hecho gravísimo que una magistrada especializada en violencia de género no comprenda lo que es la violencia vicaria, que consiste en dañar o controlar a los hijos para hacer sufrir a la madre", afirmó el abogado de Rivas en un comunicado en el que también afirmaba: "quédense con este nombre: Aurora Angulo".

Este comunicado y el apoyo de diversas personalidades ante la situación del hijo menor de Rivas fue el motivo por el que la jueza solicitó el amparo en enero de 2025 ante el CGPJ.

No es la primera vez que esta magistrada deniega o se inhibe en el caso de Juana Rivas. En 2016 fue la jueza que recibió la denuncia que interpuso Rivas por violencia de género habitual contra Arcuri y solicitó quedarse en España con sus hijos. En ella Rivas afirmaba que temía por su integridad y la de sus hijos. Para entonces Rivas y los menores estaban considerados víctimas de violencia de género en nuestro país y atendidos por organismos públicos. Es importante recordar que en 2009 Francesco Arcuri fue condenado en Granada por violencia de genero. Él ha contado a diestro y siniestro que se había declarado culpable para poder ver a sus hijos… pero esa historia no tiene ningún fundamento. La realidad es que tuvo condena de prisión (3 meses) y de un año de alejamiento de Rivas y de su hijo mayor.

A pesar de los antecedentes, la jueza Angulo no tramitó la denuncia. Afirmó que no era de su competencia y que el caso se vería en Italia. La denuncia quedó archivada sin tramitar. La Justicia española tardó más de un año en traducirla y enviarla a Italia, incumpliendo no sólo el Convenio de Estambul (que España ratificó en 2014), sino también la Ley de la Víctima del Delito, que afirma que se pueden presentar denuncias correspondientes a delitos ocurridos en otros países de la UE y que si España no tiene jurisdicción para investigarlo, "las autoridades remitirán la denuncia inmediatamente al país donde se cometieron los hechos y notificarán a la víctimas".

Para Rivas y sus abogados, no haber tenido en cuenta esta denuncia y los motivos que impulsaron a Rivas a desaparecer con sus hijos durante un mes en agosto de 2017, marcó el devenir de toda la tortura judicial que tanto ella como sus hijos han vivido en estos últimos ocho años.

Hoy el hijo menor de Juana Rivas vive en Italia con su padre por decisión de la justicia italiana y española. Y va de la mano de su supuesto maltratador al juicio en el que debe declarar contra su propio progenitor. Su madre pidió protección para él en España e Italia, aduciendo que la decisión de un tribunal civil italiano, que mira desde hace más de ocho años un tema de custodias, no puede estar por encima de otro penal que mira por el bien superior del menor y su derecho a una vida libre de violencia.

Cabe destacar que el CGPJ se partió en dos en el amparo a Angulo. Según fuentes cercanas a las negociaciones, se precisaron hasta cuatro votaciones para respaldar a la jueza de Granada. En la última, el voto de la presidenta del organismo, Isabel Perelló, junto con los otros 10 magistrados conservadores acabó amparando a la jueza. Los otros 10 miembros progresistas del CGPJ prometieron elaborar un voto particular con su postura contraria. Pero hasta el momento de escribir esta nota, no se conoce ni uno, ni el otro. 

Amparar a jueces y juezas no es criticable, pero muchas madres y sus hijos e hijas siguen esperando saber para cuándo este amparo se aplicará también a sus hijos e hijas cuando denuncian violencia de género y que se los considere sujetos con derechos. Ojalá los cambios legales propuestos provoquen un cambio de rumbo en el sistema de justicia, aunque siempre dependerán de jueces y juezas que en muchas ocasiones han mostrado desconocer las normas o simplemente no aplicarlas.