Rosa M. Tristán

Un juez de Guatemala, Walter Fabricio Rosales Hernández, en un solo fallo ha

desacreditado y criminalizado las luchas indígenas por su derecho a decidir sobre los recursos naturales. Se puede leer en la sentencia que ha dictado, hace pocos días, en el caso del líder maya q’eqchi’ Bernardo Caal Xoc, al que ha condenado a siete meses y cuatro años de prisión. Un claro ‘aviso para navegantes’ con el que el sistema judicial de este país centroamericano quiere poner coto a las movilizaciones de las comunidades frente al expolio por empresas que sufren en su entorno.

“Los colonos nos echaron de los llanos para cultivarlos y nos fuimos a las

montañas, junto a los ríos. Ahora, nos roban esos ríos con hidroeléctricas que los secan”. Así de claro lo decía recientemente en Valencia la catedrática Ana Rutilia Ical, compañera de la lucha en Caal Xoc por el río Cahabón (Alta Verapaz). En ese

entorno, dos grandes hidroeléctricas han generado protestas que ponen en peligro lo que para compañías y Gobierno son lucrativos negocios: OXEC, de una empresa local, pero financiada por instituciones internacionales, y Renace, de la

guatemalteca Corporación Multiinversiones, construida por el español Grupo ACS.

Ha sido la primera de estas obras la que ha llevado a la cárcel a Bernardo,

escenificando con claridad meridiana la realidad de un mundo en el que las

persecuciones, las amenazas y las muertes de defensoras y defensores ambientales van a más a medida que se afecta a los bosques, cauces, cerros o lagos que quedan por destruir.

Vayamos al fallo judicial de Fabricio Rosales, del juzgado de Cobán (Guatemala), un magistrado que inicia cada una de sus conclusiones señalando: “Desarrollada la prueba en el debate y luego de haberla analizado de acuerdo a las reglas de la Sana

Critica Razonada, como lo son la experiencia, la lógica y la psicología común del juzgador”, para luego dar paso a una resolución que poco tiene que ver con una experiencia basada en la justicia, una lógica fundamentada en la ética y una psicología común mínimamente imparcial.

A Bernardo Caal, cinco empleados de la empresa Netzone, que trabajan para OXEC le acusaron de detenciones ilegales y robo agravado, supuestamente sucedidos el 15 de octubre de 2015. No tenían más pruebas que sus declaraciones. El juez le condenó a un año y cuatro meses de cárcel por el primero y a seis años por el segundo.

Pero ¿qué pasó ese día? Se sabe que ese día los COCODES (Consejos Comunitarios de Desarrollo, representantes de los pueblos en la zona) habían convocado a sus gentes en un lugar llamado Secatalcab, cerca de la hidroeléctrica, porque Bernardo Caal iba a informar de qué estaban haciendo en su río sin que les hubieran consultado, como marca la legislación nacional y la internacional sobre pueblos indígenas.

Según los siete testigos de la defensa, muchos de los q’eqchi’, como el líder se retrasaba, se desplazaron otro lugar, El Puentón, para ver de cerca las obras y era tanta gente que un vehículo (el de Netzone con sus cuatro trabajadores) quedó retenido en el camino. Aseguraron que no hubo violencia y que más tarde llegó

Bernardo y les dijo que volvieran al lugar de reunión, Secatalcab , lo que hicieron.

El fotógrafo de prensa Ricardo Busquets recogió el momento en el que hablaba con la gente y el regreso al primer lugar. En ninguna de sus fotos se ven armas de fuego, machetes, palos, ni robos. “Las únicas armas que ví son las de las personas de

seguridad de la empresa”, declaró en el juicio.

Pero la realidad es distinta según los cinco acusadores, que entonces, por cierto, no conocían al líder: en su versión, desde primera hora, Bernardo, con un altavoz, daba instrucciones a la multitud en q’eqchi’ (idioma que ninguno entendía) y en

español en El Puentón. Instrucciones de que les agredieran con palos y patadas, les robaran camisetas y objetos personales, les tiraran por un barranco las valiosas herramientas que llevaban y les amenazaran. Y lo cumplieron. La multitud, dicen,

iba con armas de fuego y de otro tipo. Les retuvieron más de dos horas. Guardas de seguridad de la empresa OXEC certificaron lo mismo, si bien algunos declararon que no vieron a Bernardo. Eso si, todos dicen que Bernardo no se dirigió a ellos en

ningún momento. Es más, uno de los guardas cree que “trataba de calmar a las personas, pero todo se le salió de control”.

Cuando los concentrados se fueron, los cinco supuestamente agredidos siguieron ruta hasta un pueblo, donde directamente fueron a comer, sin necesitar asistencia sanitaria. Horas después, uno de ellos puso una denuncia que no fue ratificada.

Sólo en 2017, dos años después, cuando Bernardo Caal ya había interpuesto demandas judiciales contra la hidroeléctrica OXEC por delitos ambientales, se ‘resucitó’ esta denuncia. En concreto, el recurso de Caal había logrado parar las obras de la hidroeléctrica OXEC varios meses, si bien finalmente el Tribunal Constitucional permitió de nuevo operar a la empresa, instando al Estado a realizar la obligada consulta. El freno a OXEC desató entonces una campaña de las elites empresariales, entre ellas de la Cámara de Comercio de España en Guatemala, que se “alarmaron” ante unas resoluciones judiciales que, decían, hacían peligrar el desarrollo energético del país. Todo ello ocurrió antes de que los acusadores reconocieran a Bernardo en unas imágenes en redes sociales, liderando protestas. Es curioso que el juzgado añade a sus declaraciones unas ‘inspecciones oculares’ realizadas entonces, en 2017, sin explicar qué aportan. Eso si, todo ello lo defiende, asimismo, el Ministerio

Público.

Y así llegamos a las conclusiones, donde el juez, con su mencionada ‘experiencia, y su lógica y su psicología común”, determina que las declaraciones de los cinco

denunciantes son “coherentes y que sin lugar a dudas corresponden a lo sucedido en las fechas, horas, lugares y motivos”, mientras que las de los seis testigos indígenas no tienen valor: “De una u otra manera trataron de no afectar a su líder y relataron parcialmente lo sucedido en El Puentón, situación que es lógica, porque ellos residen en las comunidades que fueron convocadas a la reunión”, argumenta.

Lo mismo no le sirve para desacreditar a los empleados y guardas de OXEC.

El juez tampoco considera el testimonio del fotógrafo, quien nunca declaró que Bernardo Caal estuviera desde primera hora donde se afirma. De su paso por el tribunal, lo único que reconoce Walter Fabrizico, porque se ve en las fotos, es que los denunciantes mienten al hablar de armas y palos. Lo demás, verdad verdadera.

Su sentencia no toma en consideración que el acusado no tiene antecedentes y que no hay pruebas de que robara; es más, ni siquiera de que hubiera robo, dado que las facturas presentadas por la empresa de lo desaparecido no son legales, como destaca la defensa. Y pese a ello incrimina a Bernardo Caal “sin lugar a dudas“ por robo agravado, un delito en el que se ‘ceba’ para imponerle la pena a seis años de

cárcel, fijando además una indemnización de 105.336 quetzales (11.591 euros). Es una cantidad inalcanzable para un maestro guatemalteco.

Como colofón, “el Juzgador estima no eximir del pago total de costas procesales al procesado, en virtud de que fue asistido por abogados particulares, por lo que se deduce que tiene los medios suficientes”. Una puntilla de ‘mala fe’, dado que esta la

defensa fue abonada con apoyo de organizaciones sociales como MadreSelva , ante la falta de recursos de Bernardo.

Por si fuera poco esta sentencia, tras un juicio que fue un teatro, la empresa y el Ministerio Público ya ha anunciado que la recurrirán porque les parece insuficiente. También lo hará Bernardo Caal, con el apoyo de

organizaciones como Madreselva en Guatemala y Alianza por la Solidaridad o Greenpeace España.

Todo ello deja de manifiesto que en países como Guatemala, que no es el único, la persecución judicial, social y mediática contra defensoras y defensores de derechos ambientales va en aumento, al mismo ritmo que se incrementa la presión de las empresas sobre los territorios, obligando a la lucha o a la huida, como refleja

la #caravanamigrantes que estos días se enfrenta al ejército de Estados Unidos en la frontera con México.

Está claro que es preciso una presión internacional mucho más fuerte en la defensa de los derechos humanos y ambientales frente a los intereses de las grandes corporaciones. Bernardo Caal lleva en una prisión masificada y violenta, en Cobán, desde enero. Y lo que le queda. Debemos trabajar para que esa condena se transforme en la condena contra un Estado que permite ser gobernado por intereses privados y unas empresas, a menudo nuestras, que se aprovechan de ello.

Puedes firmar aquí para exigir su libertad: https://www.alianzaporlasolidaridad.org/noticias/pidele-al-estado-de-guatemala-que-deje-en-libertad-inmediata-bernardo-caal