Causa estupor -y algo de risa- el rasgado de vestiduras de la derecha y sus retoños ultras cuando se ha conocido la intención del Gobierno de empezar a tramitar los indultos a los líderes catalanes, condenados y encarcelados tras una perfecta estrategia de perversión democrática y lawfare del bipartidismo contra el independentismo catalán. El indulto, un instrumento perfectamente legal empleado por todos los gobiernos democráticos con más o menos acierto, es el único recurso del que dispone ahora mismo el Ejecutivo de Sánchez para tratar de recortar las condenas impuestas a políticos de Catalunya por un amago de referéndum, otro de independencia y un buen puñado de chapuzas. Ojalá sea el indulto la antesala de una amnistía que, tras unas elecciones generales y una mayoría progresista suficiente de la que ahora se carece, se apruebe para borrar todo rastro penal de este lamentable episodio de nuestra Historia.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció los indultos a Laura Borrás, portavoz de JxCat en el Congreso, este miércoles, cuando aún no se habían recuperado el PP, Vox y Ciudadanos del sofoco provocado tras la decisión del Gobierno de dejar al rey en palacio el día de la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces y juezas en Barcelona, este viernes. La menguante y aparatosa tradición monárquica preveía que Felipe VI acudiese el 25 de septiembre a Barcelona, al acto del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), para presidir como todos los años la ceremonia de bienvenida a los nuevos/as jueces. El Poder Judicial, en funciones gracias al PP de los bloqueos, ya había cursado las invitaciones, rey incluido con toda la pompa de la letra grande, pero cuando Felipe VI despachó con Pedro Sánchez esta semana, el presidente del Gobierno le aconsejó que no fuera a Barcelona, es decir, que no podía ir en ningún caso. El jefe del Estado aceptó, porque la ley así lo establece y solo nos faltaba otro gesto de rebeldía de un Borbón sucesor del mismo Juan Carlos I que le da al lujo artificial en Emiratos Árabes.

A Felipe VI, no obstante, dicen que el gesto de Sánchez no le ha agradado demasiado. Es comprensible, en España hemos educado mal a los reyes; y habrá de consolarse nada más que con el bramido de la derecha y sus cachorros ultras, lo cual, en estos momentos, no parece la mejor de las promociones ante el mundo, que contempla con espanto los trumpismos, bolsonarismos y otros neofascistas gobernando (o así) en plena pandemia. Esos -ismos donde se miran arrobados los de Vox y otras especies similares.

De la decisión del Ejecutivo sobre los indultos y de la ídem sobre el freno al rey, pocos detalles han trascendido. El Poder Judicial, indignado en su soberbia del infractor consciente, exige explicaciones y, como digo, la derecha grita contra el ninguneo al monarca. De fondo, la complicada negociación de los Presupuestos tensando el Parlamento; una emergencia sanitaria, social y económica inédita en décadas; una crisis del Estado sin luz clara al final del túnel, y un Gobierno de coalición progresista en pañales. ERC, en el punto de mira, no sabe y/o no contesta, se juegan mucho; ellos/as, Catalunya y España.

Alguien en estos tiempos intenta vendernos que para superar la crisis multilateral que nos azota sin piedad, sobre todo, en las capas más vulnerables, lo mejor es llegar a acuerdos, consensos mayoritarios, negociando y cediendo. Alguien nos susurra que no es tiempo de ideales, de cambios o de revoluciones; que con volver al punto donde dejamos la normalidad y entramos en esta incertidumbre asfixiante tendríamos que conformarnos. Bendito el bipartidismo, dicen, el Estado centralizado y la monarquía parlamentaria.

Mienten.

También los efectos de la pandemia son hoy fruto de un Estado donde camparon a sus anchas Villarejo y otros corruptos y corruptores durante 40 años; donde gobernar -y no los/as gobernados- eran el objetivo prioritario y el fin, con medios que no distinguían entre legal e ilegal, incluyendo a una Jefatura de Estado fuera de todo control democrático y una disidencia muy debilitada por los pactos del 78, que hacía lo que podía y no podía nada frente a un Poder Judicial acomodado en su poltrona franquista, sin transición ni falta que le hacía.

Hoy, las plañideras que lloran envueltas en la bandera de España por la soledad del rey y el oxígeno al independentismo catalán, se sientan en el banquillo por haber utilizado rastrera e ilegalmente las herramientas del Estado, incluidas sus fuerzas y cuerpos, que, lejos de garantizarnos la seguridad, ahora nos dejan estancados en el más absoluto de los desconciertos con su experiencia parapolicial, que no es la primera. Amenazan los llorones con ir al Supremo por que el Gobierno haya dicho al rey lo que debe hacer y -ya era hora- emprenda el intento de reparación de una injusticia contra los independentistas y su mayoría votante. Todo se hace dentro de la ley, sí, para tratar de aprobar unos presupuestos que permitan a la coalición avanzar en su proyecto de país ¿republicano y plurinacional? Veremos. El suyo, en todo caso, no el del PP, Vox y lo que queda de Cs, que ni han ganado las elecciones ni suman mayoría parlamentaria.

La trampa retorcida del consenso.