La amnistía, como era de esperar, ha suscitado un encendido debate en el seno de la sociedad española que en mi opinión debería ceñirse a los ciudadanos, los medios de comunicación, los constitucionalistas, los politólogos, los juristas y fundamentalmente a los partidos políticos que, según la Constitución, expresan el pluralismo político y concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política.

No sin cierta preocupación, podemos observar cómo instituciones que tienen reconocimiento constitucional se pronuncian colectivamente y al margen de cada uno de sus miembros, sobre esta cuestión. Me voy a referir concretamente a tres de estos actores. La Iglesia católica, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Asociación de Fiscales de derechas que algún sector de la prensa califica como conservadores, sin saber muy bien lo que significa ser conservador en las democracias que nos han precedido, en muchos años, en el disfrute de la de los derechos y libertades cívicas.

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, seguramente experto en constitucionalismo, considera que no procede la amnistía porque no estamos ante una situación histórica excepcional sino de plena normalidad. La Asamblea de obispos ha mantenido un sepulcral silencio y solamente los obispos catalanes se han desmarcado de tan insólita afirmación. A pesar de la "aconfesionalidad" de nuestro Estado, la Constitución distingue entre la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas. Según los Instrumentos sobre Asuntos Jurídicos firmado el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del Vaticano, el Estado español reconoce a la Iglesia Católica el derecho de ejercer su misión apostólica y le garantiza el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias y en especial las de culto, jurisdicción y magisterio. No encuentro ninguna referencia a que pueda inmiscuirse en asuntos estrictamente políticos. Las demás confesiones religiosas, la islámica, hebraica, evangélicos, budistas e incluso mormones no se han pronunciado todavía sobre este tema.

También ha irrumpido en escena la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que según sus Estatutos, es una organización empresarial con cobertura constitucional, independiente, sin ánimo de lucro, de carácter confederal e intersectorial, de ámbito nacional, constituida para la coordinación, representación, gestión, fomento y defensa de los intereses empresariales, generales y comunes, que está dotada de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Se rige, con criterios democráticos, por representantes libremente elegidos. Según su artículo 8, la Asamblea General, reunida en Pleno, es el órgano supremo de gobierno y decisión de la Confederación. Que se conozca no se ha convocado ninguna Asamblea para rechazar la amnistía y no alcanzo a comprender en que afecta negativamente a los intereses empresariales.

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, al salir de una entrevista en la sede del Partido Popular con el candidato a la investidura en aquellos momentos, Núñez Feijóo, haciendo un alarde de independencia y neutralidad, manifestó rotundamente su rechazo a la amnistía a los políticos independentistas catalanes. Recalcitrante en sus convicciones personales ha insistido en su frontal rechazo en un Foro económico celebrado en Madrid. Se supone que, a título personal, suplantando la posición de la CEOE y sobre todo de los empresarios catalanes. Más en su papel advierte, ante la posibilidad de que revalide el actual Ejecutivo en funciones, de la necesidad de frenar la escalada tributaria y de incremento de costes para las empresas, ya que podría dañar aún más la maltrecha competitividad del tejido productivo español. Nunca debió salirse de ese guion.

Para que no falte ningún ingrediente, la Asociación de Fiscales de tendencia y marcado sesgo derechista salta a la palestra con un escrito que si no lo hubiera refrendado en persona su presidenta parecería salido de un gabinete dedicado a confeccionar guiones para un programa de humor. Rompiendo sus obligaciones constitucionales se han posicionado sobre una cuestión cuya competencia corresponde exclusivamente a sede de la soberanía nacional que ellos no ostentan. Su contenido seguramente causará asombro en los organismos internacionales a los que va dirigido.

Han llegado a sostener sin rubor que la concesión de una amnistía nos situaría al mismo nivel que Polonia y Hungría en cuanto a la protección de la independencia judicial y del Estado de derecho. Con notorio desconocimiento del principio de legalidad les dicen a los comisarios europeos que los independentistas han sido condenados por delitos contra la Constitución. Esta afirmación, sostenida por personas que tienen entre sus funciones la defensa del principio de legalidad resulta preocupante. Deberían saber que solo fueron condenados por un delito contra el orden público (sedición) posteriormente derogado y por otro de malversación contra las Administraciones Públicas.

Pero lo que me parece una deslealtad intolerable y me preocupa la impasibilidad de los órganos estatutarios del Ministerio fiscal, con todo respeto al principio de la libertad de expresión, que se permitan solicitar en un rasgo de patriotismo que les define, la retirada de los fondos comunitarios a España, es decir a todos los españoles incluidos ellos mismos. El presente Reglamento establece las disposiciones necesarias para la protección del presupuesto de la Unión en caso de vulneración de los principios del Estado de Derecho en los Estados miembros. La Asociación de Fiscales urge a los comisarios europeos a instar a España a que "se abstenga de promover una ley de amnistía como la pretendida, al entender que pone en situación de grave riesgo el Estado de Derecho en España por ser contraria a los principios de separación de poderes y de independencia judicial y, por lo tanto, por quebrantar algunos de los valores esenciales de la Unión Europea". ¿A qué valores se refieren?

Lo único que comparto con la presidenta es que con actuaciones como la suya está en peligro el estado de derecho, pero por la falta de racionalidad y el sentido común de su comunicado. Espero que, si les contestan, nos comuniquen su respuesta.

También podrían sumarse a la fiesta las federaciones deportivas, las asociaciones de vecinos, los amigos del vino tinto, las cofradías penitenciales de Semana Santa y otros colectivos con desenfado suficiente para participar en el aquelarre. Es el momento de recordar un refrán español muy arraigado ¡Cada mochuelo a su olivo!