Por Sergio Rodrigo (EntreFronteras)

Se cumple un año de aquel 20 de noviembre de 2017, cuando los periodistas recibíamos el primer comunicado del Ministerio del Interior aclarando que los cientos de migrantes argelinos llegados aquel fin de semana al Levante español desde Mostaganem (Argelia) iban a ser trasladados al "centro de Archidona", sin más detalles.

Ese día empezaron a llegar los primeros internos a Archidona, todos argelinos, con un auto individual dictado por siete jueces murcianos que señalaban que el destino de los migrantes era el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Archidona. Los magistrados desmentían así la versión oficial del entonces ministro Juan Ignacio Zoido, dado que no se trataba de un centro de acogida, sino un CIE que, además, según dicho auto dependía del CIE de Málaga, cerrado en 2012.

Un minuto después de aquella información oficial, los periodistas entendimos que estábamos ante una mentira. El destino de aquellos migrantes era el Centro Penitenciario Málaga II, en el municipio andaluz de Archidona. Aquel 20 de noviembre el Estado español encerró en una cárcel sin inaugurar a 572 migrantes, violando así la Ley de extranjería, que señala que la privación de libertad de migrantes por falta administrativa no puede tener lugar en centros con “carácter penitenciario”.

En los días posteriores, numerosos colectivos denunciaron la falta de agua potable, ausencia de mudas e incluso la presencia de menores entre los recluidos, entre otros abusos. Poco a poco fueron llegando familiares desde Francia, pero muchos no pudieron acceder al recinto. Otros directamente denunciaron que sus allegados eran menores de edad y que el documento que acreditaba su minoría podía ser usado para garantizar una deportación a Argelia pero no para asegurar su protección en España, donde supuestamente la ley impide encerrarlos junto a adultos. Recuerdo aún las palabras de Margarite, una de las primeras personas que accedieron al lugar en régimen de visita: “si no murieron en el mar, van a morir en la prisión”.

Y así fue. El 29 de noviembre apareció en una celda del módulo 3 el cuerpo sin vida de Mohamed Bouderbala. Apenas 18 horas antes, Bouderbala había participado en las protestas que se produjeron en ese módulo para evitar la deportación inminente a Argelia de otros migrantes. El hermano del fallecido se presentó en Archidona 24 horas después, pero no pudo ver el cadáver hasta el 4 de enero. Por razones que todavía no han sido esclarecidas, coincide que justo aquel mismo día el juzgado archivó la causa abierta tras su muerte, a raíz de denuncias presentadas por acusación popular y particular.

Un año después vuelve a reabrirse esa causa, pero algo edulcorada. Amanda Romero, abogada de la acusación particular, explica que la Audiencia de Málaga ha reabierto el caso y será a principios de febrero cuando comiencen las declaraciones. Sin embargo, la letrada señala que la Audiencia “da por sentada la versión que la policía ofrece en el atestado y por lo tanto considera innecesaria ninguna diligencia de investigación, como la aportación de cámaras de seguridad o la testificación por parte de internos del centro de internamiento, dando por bueno el atestado de la policía”.

Depurar el caso de Bouderbala resolvería además otras denuncias por violaciones de derechos, desde el auto de internamiento dictado contra esos migrantes, hasta su reclusión en régimen de aislamiento. Se trata de varias piezas de un mismo puzzle sin resolver que podría alcanzar a las esferas más altas que dieron órdenes para el internamiento de 572 migrantes, desde jueces hasta ministros del gobierno del Partido Popular.

Ha pasado un año desde aquel 20 de noviembre, uno de los episodios más oscuros y sangrantes en el dramático historial de derechos de las personas en tránsito. Yo viví y seguí como periodista, en primera persona, cada minuto de aquel atropello. Solo puedo destacar el increíble trabajo colectivo de la Plataforma por el Cierre de Archidona, yel esfuerzo sobrehumano de ONGs y juristas que apoyaron a familiares y a afectados para luchar contra aquella violación que acabó con la vida de Bouderbala en “Archidona, la cárcel de los migrantes”. Ese es el título del único documental de aquellos 51 días interminables de encarcelamiento.