Paul Willis, en su libro Aprendiendo a trabajar, analizaba cómo los chicos de la clase obrera conseguían trabajos de clase obrera, refiriéndose a la Inglaterra de los años setenta. Con esto venía a cuestionar el mito amable de la meritocracia que vende el sistema: cualquier individuo llegará a alcanzar lo que se proponga a base de esfuerzo. Hoy, con el neoliberalismo salvaje, las cosas están aún peor, al menos en la Comunidad de Madrid.

En una combinación de neoliberalismo salvaje y desvergüenza, Ayuso propicia una precariedad laboral que está relacionada directamente con un modelo educativo mediocre y con la deliberada ausencia de oferta pública de formación profesional. ¿Cómo pueden acceder las clases populares a estos estudios si están convirtiendo el sistema educativo en un mercado donde campan cada vez más los fondos buitre?

Los datos del curso 2021-2022 hablan por sí solos. Primero fueron 6.938 jóvenes madrileños los que se quedaron sin plaza pública de FP de Grado Medio. Luego, 17.976 jóvenes vieron rechazada su solicitud de plaza pública de formación profesional de Grado Superior (el 54% de las solicitudes). Después, 4.422 jóvenes no obtuvieron plaza en la FP a distancia (un 46% de los solicitantes). Un total de 29.336 personas se quedaron sin una plaza pública de FP este curso.

La formación profesional no llega a todos los jóvenes que más la necesitan. Hay que analizar especialmente a los que se quedan sin plaza en la FP de grado medio. 6.938 no es un simple número. Son muchos chicos y chicas concretos que acabaron a duras penas 4º de ESO, aprobaron un examen de acceso u optaron por la FP por la situación socioeconómica familiar y la necesidad de ponerse a trabajar rápidamente. En todos los casos, no tener una plaza pública es un drama que les obliga a ir a centros privados y concertados, a matricularse en bachillerato sin ninguna motivación y con alto riesgo de fracaso o a quedarse en casa por no poder pagar tasas de 5.000 euros o más.

La escasez de la oferta de plazas pública está directamente relacionada con el proceso de privatización galopante que se produce en Madrid. Así, el porcentaje de la formación profesional privada ha pasado del 25% en 2007 al 44% en 2020, un aumento de casi 20 puntos en 13 años, mientras que el porcentaje de formación profesional pública ha caído en el mismo periodo del 75% al 56%. La agresividad de la política privatizadora del PP se pone de manifiesto con este dato: en el conjunto del Estado, la FP pública es un 71,35%, quince puntos más que en la Comunidad de Madrid.

Este modelo privatizado es un duro golpe a la cohesión social. La desigualdad social aumenta, el clasismo se pasea a plena luz del día y, para normalizar la obscenidad, Ayuso tiene que decir que no existen ni las clases sociales ni los pobres en Madrid.

Es una agresión social no atender la demanda pública existente y priorizar la privatización de la FP, aplicando una política de cheques escolares. En las últimas semanas el Gobierno del PP ha aprobado regalar 30,5 millones para formación profesional de grado superior el próximo curso y 2,4 millones para formación profesional de grado medio. En los ciclos de grado superior, ¿cómo se pueden estar regalando 30,5 millones a centros privados y colocar la barrera de cobrar 400 euros de tasas en los centros públicos , algo que solo supondrían 28 millones de euros?

He visitado esta semana un IES público de FP de alta calidad formativa. Hacen un trabajo excelente. He visto cosas maravillosas, porque se dan varias circunstancias: un profesorado de excelencia, un alto compromiso con la educación pública; y una participación que estimula la máxima creatividad. Pero siguen los problemas clásicos: cupos de profesorado siempre escasos, dificultad para consolidar las plantillas, necesidades económicas para materiales y mejora de las instalaciones o la necesidad de impartir ciclos formativos con fuerte demanda que la consejería deja a los centros privados. Un modelo de referencia envidiable es la FP del País Vasco, pero del que está muy lejos la comunidad de Madrid por su baja inversión educativa. Ahora bien, la sensación profunda es que estamos a un paso de que vuelva a suceder ahora en julio lo mismo que el año pasado: que se rechacen tres de cada cuatro solicitudes de matriculación en muchas familias profesionales. Y esto no debería suceder.

Por ello, Unidas Podemos ha presentado una Proposición No de Ley en la Asamblea de Madrid sobre Formación Profesional, donde se plantean las siguientes medidas:

- Gratuidad de las matrículas de formación profesional de Grado Superior, eliminando la tasa de 400 euros que solo se paga en Madrid y en Cataluña. Es un escándalo regalar cheques escolares a rentas altas para que vayan a centros privados y poner barreras de acceso a las clases populares.

- Construcción urgente de nuevos centros públicos de formación profesional, para atender la demanda existente. Aumentar el profesorado público de FP para permitir el uso de los centros de formación profesional en horario de tarde, aumentando la oferta de plazas.

- Invertir de forma integral para la creación de plazas en la formación profesional pública la parte correspondiente a la Comunidad de Madrid de los 103,9 millones de euros que el gobierno central distribuirá para la creación de 55.408 plazas públicas de Formación Profesional en todo el Estado.

- Aumentar el porcentaje de plazas de formación profesional públicas en la Comunidad de Madrid para alcanzar la media del Estado del 70%.

Una comunidad rica no puede abandonar la formación profesional pública con un paro juvenil del 28% y una elevada precariedad laboral o seguirá creciendo la desigualdad social. Es una irresponsabilidad no atender a una demanda del 30% del total de las plazas. Todo lo dicho parece muy razonable, pero ayer el Partido Popular y Vox votaron en contra de la PNL citada y volverá a repetirse la tragedia de todos los años con la FP. Hay que denunciarlo: los de “la cultura del esfuerzo” son precisamente los que no dejan estudiar a decenas de miles de jóvenes que aspiran a entrar en un instituto público de FP. Hay que insistir que en el Madrid de Ayuso no estudia quien quiere sino quien puede. Pero no basta. Como este desastre no se lo puede permitir una sociedad que aspire a ser mejor, la respuesta debería ser la movilización de los afectados y sus familias, de los sindicatos y la ciudadanía. Solo ese día cambiarán las cosas.