Carta abierta de la Red Universitaria por Palestina a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas

Señores rectores y señoras rectoras:

Disculpen la ironía.

A veces resulta útil para dirigir la rabia. Esta es una de esas veces.

Tras diecinueve meses de terror genocida.

Nos sorprende que su último comunicado de 26 de mayo de 2025 pida “el cese de la violencia en Gaza y el respeto estricto al derecho internacional humanitario” como si desde su comunicado anterior (9 de mayo de 2024), que ya entonces pedía “el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares del ejército israelí” y “que el Estado de Israel respete el derecho internacional y permita la entrada en Gaza de toda la ayuda humanitaria”, el estado sionista no hubiera seguido masacrando, bombardeando hospitales, escuelas, tiendas de campaña, e impidiendo el suministro de agua, alimentos, medicinas o lo necesario para consumar un exterminio planificado y declarado.

También nos alegra que en ese último comunicado se sumen a un “clamor” internacional cuando hasta la Comisión Europea ha decidido leerse sus propios Tratados, especialmente el Acuerdo de Asociación UE-Israel, para comprobar si, como dicta la Corte Internacional de Justicia, el estado sionista incumple tanto el Derecho Internacional como el artículo 2 del citado Acuerdo, habiendo indicios suficientes como para juzgarlo por genocidio y crímenes de guerra. Quizá ese “clamor” que por fin están escuchando no tenga tanto que ver con los miles de niños desmembrados, amputados, quemados vivos o muriendo de hambre y sed, sino con la pieza radiofónica (Universidades españolas colaboran con entidades de Israel a pesar del compromiso para vetar acuerdos, 07:23h) que la Cadena Ser emitió cuatro horas antes de la publicación de su comunicado, noticia en la que la Red Universitaria por Palestina denunciaba que nuestras Universidades siguen firmando colaboraciones con entidades israelíes pese al dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024 que interpela a las terceras partes, los estados y sus instituciones para que rompan toda colaboración con la ocupación ilegal y el sistema de apartheid de Israel.

Nos sorprende que hayan esperado más de un año para lanzar este último comunicado y que desde el primero (17 de octubre de 2023) hayan ido bajando el tono, con pronunciamientos cada vez más asépticos, tibios, escuetos y menos comprometidos con los principios de paz y justicia que dicen defender. El segundo (18 de diciembre de 2023) ya hablaba de “una espiral de violencia que acabará por desembocar en una crisis humanitaria de dimensiones inimaginables” y el tercero (9 de mayo de 2024) incluía un compromiso para “revisar y, en su caso, suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario”,

además de “intensificar la cooperación con el sistema científico y de educación superior palestino y ampliar nuestros programas de cooperación, voluntariado y atención a la población refugiada”. Ahora, ante 19 meses de holocausto, se limitan a desear “que se cumpla el Derecho Internacional Humanitario” en apenas tres párrafos. Qué pesados son los lunes.

También leemos sorprendidos que deciden ustedes “exigir el cese inmediato de la violencia en Gaza venga de donde venga”, en términos genéricos, como si las decenas de miles de toneladas de bombas cayeran solas del cielo, y piden que Israel permita la entrada de “ayuda humanitaria” obviando que su democrático y supremacista parlamento aprobó en octubre de 2024 una ley que prohíbe operar a la UNRWA en territorio palestino ocupado, declarando así de facto, la ilegalidad de esta Agencia. Ocurrió cinco meses después de que el embajador israelí triturara la Carta de NNUU en el estrado de la Asamblea General. ¿Recuerdan?

En respuesta a la publicación de nuestro informe Estado de los compromisos universitarios en la suspensión de relaciones con Israel se nos dice que a las universidades no les consta que las entidades israelíes con las que colaboran participen en programas del ejército o en la ocupación ilegal del territorio palestino, y de ahí otra sorpresa mayúscula. ¡Son precisamente las universidades las que firman esos proyectos de colaboración, y por tanto las responsables de comprobar el estricto cumplimiento de la legalidad internacional! Según datos incluidos en el Dossier Academicidio de la Red Complutense por Palestina o el análisis reportado por la organización BNC, las universidades de Israel colaboran de forma múltiple y variada con la ocupación, el apartheid y las actividades de su ejército. ¿Hemos de suponer que las universidades no comprueban lo que firman?

Para despejar cualquier duda proponemos una sucinta reformulación de los tres párrafos que componen su último comunicado con arreglo a las evidencias y al derecho internacional. Creemos que puede ajustarse un poco más a la realidad de los últimos 19 meses, sobre todo desde que la Corte Internacional de Justicia subrayara lo obvio en julio de 2024 y la AGNU lo ratificara dos meses después. La redacción que proponemos respetaría las obligaciones jus cogens y erga omnes dirigidas a las instituciones de los estados terceros. Ahí les va:

Párrafo primero del comunicado CRUE: Ante el recrudecimiento de la ofensiva israelí sobre la población palestina, especialmente en el territorio de la Franja de Gaza, la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) desea sumarse nuevamente al clamor internacional que exige el cese inmediato de toda forma de violencia ejercida sobre la población civil, independientemente de su procedencia, y el cumplimiento estricto del Derecho Internacional humanitario.

Nuestra propuesta: Tras 19 meses de agresión genocida planificada, deseada, declarada y celebrada por sus perpetradores, acreditada por el primer informe (Anatomía de un genocidio) de la Relatora especial de NNUU sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, reconocida como “plausible genocidio” por la Corte Internacional de Justicia y sujeta desde ese momento a la obligación impuesta a todas las partes para prevenir la consumación del genocidio, la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) condena el genocidio perpetrado por el Estado ocupante de Israel. La CRUE se suma al clamor internacional que exige el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, el derecho de autodeterminación, el derecho al retorno y derecho de resistencia contra una potencia ocupante.

Párrafo segundo de CRUE: Asimismo, la Junta Rectora de CRUE se une a la demanda dirigida al Estado de Israel para que permita sin dilación la entrada de la ayuda humanitaria necesaria en Gaza, con el fin de evitar el colapso de la población palestina ante la grave escasez de agua potable, alimentos y medicamentos esenciales.

Nuestra propuesta: En consecuencia, la Junta Rectora de CRUE no pedirá gestos humanitarios a quienes en 19 meses han arrojado sobre Gaza la potencia destructiva de 6 bombas de Hiroshima y han llamado al exterminio de todos los niños que sobreviven en un territorio arrasado. No pedirá “evitar el colapso de la población palestina” al mismo estado que trabaja para exterminarla. Lo que hará es trabajar para llevar a cabo todo lo que el Derecho Internacional le exige, contribuyendo así a detener cuanto antes la perpetración de esos crímenes.

Párrafo tercero: Fiel a su compromiso con la paz, el entendimiento entre los pueblos, la defensa de los derechos humanos y la resolución pacífica de cualquier conflicto, CRUE reitera la necesidad urgente de alcanzar un alto el fuego inmediato y duradero. Considera igualmente imprescindible que se mantengan abiertos canales de diálogo y mediación basados en el respeto, la legalidad internacional y los principios del entendimiento diplomático.

Nuestra propuesta: Instamos a todas las universidades y centros de investigación a cortar todo vínculo institucional de diálogo, cooperación, relación comercial o cualesquiera otros, pues el dictamen consultivo de la CIJ de 19 de julio expresa la prohibición de “ayudar”, “asistir” o “entablar relaciones económicas o comerciales” con entidades de Israel que participen en la ocupación de los territorios palestinos y el sistema de apartheid, así como la obligación de “tomar medidas para impedir las relaciones comerciales y de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el Territorio Palestino Ocupado”.

Si el estado de Israel es el máximo impulsor de la ocupación de los Territorios Palestinos, sus universidades colaboran de muy variadas maneras con ella, con el apartheid y con las actividades de su ejército. Las universidades han sido parte integrante del proyecto sionista de colonialismo de asentamientos desde su creación. En ellas se desarrolla la tecnología y las estrategias empleadas por el ejército israelí contra el pueblo palestino, socavando la libertad académica y reprimiendo las voces críticas desde sus propias instituciones.

La CRUE pretende ser un referente de conocimiento para las 77 universidades españolas que en ella se agrupan, o eso declara en sus objetivos fundacionales. Si su pretensión es sincera, no puede seguir emitiendo declaraciones inocuas y equidistantes. Ese es, sin duda, un refugio ideal para las buenas conciencias, con la ventaja de una ambigüedad que permite adaptar gestos e intereses a los acontecimientos, pero oculta una falsa simetría que coloca en el mismo plano a agresor y agredido, a invasor y expulsado, a colono y colonizado, a saqueador y desposeído, a ocupante y resistente.

Hasta aquí nuestra respuesta. Queda más larga que su texto original, pero al menos está escrita con suficiente rigor y coherencia para no invocar al Derecho Internacional en vano.

Podrán discutir el estilo empleado, pero no sus premisas legales. Tampoco sus consecuencias. La conclusión es sencilla: el Derecho Internacional dice que las instituciones del Estado español, universidades incluidas, están obligadas a hacer todo lo que esté en su mano para evitar la comisión de los crímenes citados. El incumplimiento de tales obligaciones convierte a las instituciones responsables en cómplices de los peores crímenes tipificados en el ordenamiento jurídico internacional. Sólo les queda valorar qué prioridades, según ustedes, siguen justificando el incumplimiento de esas obligaciones. De no asumir las prioridades coherentes con las obligaciones que el marco jurídico internacional impone, lo correcto sería que su próximo comunicado se redujera a la transcripción literal de un fonema gutural- tecnocrático, un equivalente contemporáneo del célebre “viva la muerte, muera la inteligencia” cuyo eco no se extingue.

No queremos despedirnos sin recordarles que seguimos esperando respuesta de su parte desde la reunión celebrada hace 7 meses y 22 días.

Saludos cordiales.

Red Universitaria por Palestina https://www.redxpalestina.org/

28 de mayo de 2025