Australia arde. Los datos son estremecedores: 28 personas han fallecido ya víctimas de los incendios; hay más de 10 millones de hectáreas afectadas; los animales muertos se cuentan por millones… Nunca antes se habían producido unos fuegos de esta magnitud en Australia. La vinculación de la intensidad de los incendios con unas condiciones ambientales extremas ha sido puesta de manifiesto por numerosos científicos, hasta el punto de que incluso el negacionista primer ministro Scott Morrison se ha visto obligado a reconocer la influencia del cambio climático en los fuegos.

La paradoja es que el gobierno de Australia está alineado con los mayores criminales climáticos del mundo: Trump, Bolsonaro… El sector del carbón en Australia goza de un inmenso poder, y en los últimos años se le acusa de haber tumbado cualquier medida que pudiera tratar de poner freno a las emisiones que causan el cambio climático. Con la COP25 de Madrid todavía reciente, merece la pena recordar que Australia es uno de los países más contrarios al Acuerdo de París.

Australia es el cuarto productor mundial de carbón, por detrás de China, India y Estados Unidos; sin embargo es el primer exportador mundial. La producción de energía eléctrica en el país se basa fundamentalmente en la quema de carbón (que alcanza hasta el 80% ) a pesar del inmenso potencial de energía renovable con el que cuenta el país.

Sin embargo las medidas adoptadas para frenar las emisiones en Australia se han visto frenadas, e incluso eliminadas, por el poderoso lobby carbonero y sus aliados políticos. Por ejemplo, en 2014 se derogó el decreto que solamente en 2012 había creado un impuesto a las emisiones de carbono, en una apretada votación en el Parlamento que salió adelante por los seis senadores del partido auspiciado por el magnate de la minería Clive Palmer.

Gobiernos de uno y otro signo que han tratado de llevar adelante iniciativas para cambiar esta dependencia carbonera, han sido derribados por ese poderoso lobby.

La última decisión polémica ha sido la aprobación por el gobierno de Queensland, ubicado en el noreste de Australia, de la construcción de una polémica mina de carbón ubicada muy cerca de la Gran Barrera de Coral. Se trata de un proyecto de minería a cielo abierto que produciría 60 millones de toneladas al año, aumentando la producción australiana en un 20%.

Hay, por tanto, una responsabilidad evidente de Australia en el retraso de las medidas globales contra la emergencia climática. Siguen quemando carbón, y de momento, no hay ninguna voluntad política de reducir esa dependencia. Incluso desde el gobierno de Scott Morrison utilizan el impacto global del cambio climático para eludir la responsabilidad australiana en el mismo, cuando las evidencias son abrumadoras.

Creo que la reflexión sobre la situación en Australia no puede quedarse en los graves impactos que están teniendo los fuegos. La emergencia climática se manifiesta cada vez con más fuerza, y por eso es imprescindible abordar sus causas. La magnitud y gravedad de los incendios de Australia deberían ser motivo de reflexión y generar un cambio del actual rumbo de sus políticas energéticas marcadas en ese país por la industria del carbón.