Pere Ortega, Centre Delàs d'Estudis per la Pau

He recibido una propuesta de un amigo objetor de conciencia para autoinculparme junto a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez por el juicio al independentismo, en su caso, por su implicación en los actos de protesta ciudadana ante el registro de la Consejería de Economía de la Generalitat de Catalunya el 20 de septiembre de 2017, y he decidido suscribirla.

¿Por qué? Porque de esos actos no se desprende que se cometiera delito alguno del que se imputa a los Jordis por rebelión y sedición. Pues tan sólo actuaron como portavoces y mediadores entre los manifestantes y la Guardia Civil que llevaba a cabo un registro por orden judicial. Unos actos que fueron organizados de forma espontánea y que consistieron en una concentración de protesta de miles de personas, que respondían al derecho de libertad de expresión y de manifestación. Se les puede responsabilizar de convocar la concentración, pues ambos eran los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, las dos entidades cívicas que, con más ahínco, promueven la independencia de Catalunya. Pero ello, no cambia el orden de las cosas, pues la libertad de expresión y de manifestación, como derecho humano, debe prevalecer por encima de cualquier otra norma.

Otra cosa, hubiera sido, que se pidiera la autoinculpación junto a los políticos presos que, junto a los Jordis, están procesados en el juicio por la consulta del 1 de octubre de 2017 sobre la autodeterminación de Catalunya. Entonces, mi respuesta hubiera sido negativa, pues a mi parecer, existiría un problema que atenta los fundamentos de los principios de la Desobediencia civil, que es haber reconocido haber desobedecido la ley, y, en consecuencia, estar dispuesto a asumir las consecuencias de ese acto. Y esto, no lo han hecho los políticos enjuiciados. Como sí hicieron, Thoreau, Gandhi y tantos otros, entre ellos los objetores e insumisos al servicio militar obligatorio que, en España y otros muchos países se han opuesto, en conciencia, a leyes que consideran injustas.

Los políticos presos, han basado su defensa en la coherencia de sus actos con principios democráticos, y, especialmente, porque defendían y compartían la demanda de una parte importante de la ciudadanía catalana expresada en las urnas que posibilitó la mayoría parlamentaria y un Gobierno de Catalunya partidario de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación. Aunque esto lo prohibiera la justicia española por no estar recogido en la Constitución. Pero en ningún caso, los políticos han reconocido que incumplieran la ley española, sino que cumplían con las leyes emanadas del Parlament de Catalunya. Una contradicción flagrante, pues el ordenamiento jurídico de las instituciones catalanas está recogido y amparado en la Constitución Española.

Pero al margen de cuestiones jurídicas que sin duda son importantes. Aquí lo que se dilucida son cuestiones de conciencia, y en este punto, tanto Thoreau, como Gandhi, Luther King, como filósofos de la teoría moral y política como John Rawls y Jurgen Habermas, ponen especial relieve que, en el caso de desobedecer la ley, se debe estar dispuesto a asumir las consecuencias del acto. Porque de este modo se demuestra ser un buen ciudadano. Porque con la asunción de las consecuencias, se pretende dar ejemplo a la ciudadanía de la injusticia que se impone.

Hay que recordar que Thoreau fue obligado a pagar impuestos a un estado, el de Estados Unidos, que acababa de llevar a cabo la invasión militar y anexionarse los territorios de Nuevo México, Arizona y California, pertenecientes al estado de México. Gandhi se enfrentaba al Reino Unido para liberar India del colonialismo. Y Luther King por la igualdad de derechos civiles de la comunidad negra de EEUU. Ellos tres y todos sus seguidores, se mostraban orgullosos de entrar en prisión, pues pretendían demostrar lo injusta que era la ley condenandolos por defender una causa justa.

E incluso iban más allá, Gandhi y Luther King también dejaban abierta la posibilidad de que, en el caso que se demostrara que estaban equivocados y de que su conciencia los engañaba, asumían las consecuencias de su acto.

Su actitud, no era pusilánime, sino que estaba cargada de razón moral. Así se presentaban ante la opinión pública y la ciudadanía, no sólo como un buen ciudadano dispuesto a asumir la ley, sino como un ejemplo a seguir por el resto de ciudadanía. Hecho que hacía que muchos otros siguieran sus pasos y estuvieran dispuestos a llenar las cárceles. Como así hicieron los insumisos de la “marcha de la sal” en India; los insumisos que lucharon contra las leyes segregacionistas de EEUU; o los insumisos al servicio militar obligatorio que pusieron en apuros a la justicia española condenandolos a prisión y que en Navarra llegaron al centenar los insumisos encarcelados.

Los delitos de rebelión y sedición que se imputan a los políticos sin haber mediado violencia personal no tienen sentido. El de malversación de fondos públicos se deberá demostrar. En cambio, el de desobediencia por vulnerar la ley, sí que lo cometieron y ahí veo debilidad por parte de los políticos en admitirlo, seguramente porque temen ser inhabilitados para el ejercicio de la política gubernamental.

Pero ni Jordi Cuixart ni Jordi Sánchez se les acusa de desobediencia, entonces la libertad de expresión y de manifestación que ejercieron el 20/09/2017 están siendo vulnerados y la autoinculpación es un acto de defensa de derechos fundamentales.