AVE y el pecado original

España no se puede permitir dos accidentes de Alta Velocidad, sentenciaba el presidente del Gobierno.

Un gran dolor colectivo se expande por España. Vidas truncadas que van más allá de los afectados en el accidente. Vidas que se han roto por dentro, que necesitarán de todo nuestro apoyo material, humano y, sobre todo, el cariño constante para que el calendario no acabe por borrar esta gran herida colectiva y acarreen en solitario su pena y su recuperación psicológica.

Esa es sin duda la prioridad del momento, pero una vez aclarado todo lo relacionado con la tragedia y depuradas las responsabilidades, los accidentes de Adamuz, Gelida y Urda vuelven a abrir el debate que nunca se cerró, pero que, excepto unas plataformas ferroviarias y escasos espacios políticos, como el que he representado durante estos años, hemos mantenido vivo y que hoy parece que por fin tiene eco en la sociedad y en los medios de comunicación.

Cuando se inauguró con motivo de la Expo de Sevilla de 1992 el primer trayecto de Alta Velocidad con ancho de vía europeo, se hizo con la intención de competir con el avión en los trayectos de menos de cuatro horas. Ese proyecto inicial, que tenía como sentido acabar sustituyendo el puente aéreo entre Madrid y Barcelona, tuvo como contrapartida de equilibrio territorial y político que el Sevilla-Madrid fuese el primer tren AVE en circular.

Hablamos de 6 trenes por trayecto, cuando en 2026, antes de los accidentes, por el punto de más afluencia circulan 289 trenes diarios.

La llegada de la Alta Velocidad se convirtió rápidamente en el pecado original, en la aceleración de un modelo ya impuesto por Europa que produjo la reconversión industrial de los años 80 con Felipe González al mando del ejecutivo y con el cierre de numerosas líneas de ferrocarril que vertebraban el país, pero que según los cálculos economicistas eran insostenibles y poco utilizadas.

El modelo capitalista liberal marcaba a España como territorio de servicios especializados en el turismo y el ladrillo. Un matrimonio feliz donde las grandes constructoras de España se convertían en líderes mundiales con fondos públicos, donde todas las alcaldías soñaban con una parada de AVE. Y donde a los que criticábamos ese gasto de nuevo rico, los medios de comunicación, las fuerzas políticas mayoritarias y el conjunto de la sociedad —ya fuese en el Congreso, en el papel de los medios o en la calle— se mofaban de nosotros por oponernos a la modernidad.

Una modernidad que beneficiaba claramente a las élites y que abría de par en par las puertas a un turismo extractivo con dolorosas consecuencias en el precio de la vivienda, expulsando a las familias trabajadoras que suspiraban por coger un AVE una vez al año, mientras su transporte para ir al trabajo se deterioraba y colapsaba falto de inversiones en mejora y mantenimiento.

Gracias al impulso económico de los fondos europeos y los Presupuestos Generales del Estado —que han inyectado 90.000 millones en una suerte de nuevo plan Marshall—, la España radial se convertía en una realidad y Madrid, en un polo de atracción económica que, a la vez, alejaba el necesario equilibrio territorial, acelerando el proceso agónico de la España vaciada, que veía pasar el AVE y que conectaba su capital con Madrid en menos de cuatro horas, pero dejaba aislados a los pueblos entre sí.

A la red convencional se la dejó aparcada y casi muerta por inanición y falta de mantenimiento. La verdadera movilidad cotidiana —la que utilizan el 91,8% de los usuarios, frente a un 8,2% de pasajeros en Alta Velocidad— quedó olvidada.

A todo ello se fue sumando la liberalización acordada en Europa, y en este caso España fue un adelantado, dejando paso a operadores de empresas públicas de otros países, cuando Renfe no puede operar en esos países.

La separación de Adif y Renfe en dos empresas fue la gota que colmó el vaso de los despropósitos y, aunque el actual ministerio ha ido corrigiendo esos déficits, como también ha hecho de forma meritoria con las inversiones en tren convencional y compra de material rodante, tantos años de inanición se han terminado pagando con el gobierno que más ha hecho por el ferrocarril en los últimos treinta años.

Durante todos estos años, quienes defendíamos que España necesitaba una red en malla que conectara las pequeñas, medianas y grandes ciudades combinando la intermodalidad con Velocidades Altas de 200 km fuimos tratados poco menos que como apestados. Hoy, ese debate es necesario volverlo a abrir y, como en repetidas ocasiones en el Congreso de los Diputados he manifestado, sería óptimo un pacto de Estado sobre infraestructuras, ferrocarril y vías rápidas, para planificar un fuerte sistema que garantizase las aportaciones económicas suficientes para abordar el gran reto de sociedad que tenemos, que no es otro que la crisis medioambiental. Se trataría de convertir las vías construidas en un verdadero ferrocarril de Velocidad Alta que conecte las diferentes poblaciones medianas de nuestra querida España y que no acentúe el efecto campana que ha tejido la Alta Velocidad.

Es verdad que suena a iluso pensar que VOX y PP puedan acordar algo que no sean recortes sociales para seguir llenando los bolsillos de los ultra ricos y vaciando el Estado del bienestar al resto. Porque al final su objetivo no es otro que acabar privatizando las líneas de Alta Velocidad y de Cercanías para ampliar el negocio y obtener beneficios extraordinarios de las necesidades humanas, como ya han conseguido con la vivienda, la sanidad, la educación y los servicios sociales allí donde gobiernan privatizando los servicios.

Los problemas del tren en el Estado son consecuencia de décadas de malas decisiones y parches. Este gobierno ha querido emprender grandes reformas que marcaran la diferencia pero, en infraestructuras, 8 años no son nada y menos sin presupuestos. Sería muy ingenuo pensar que el PP y Vox apostarán por el transporte público, especialmente Cercanías o la inversión en seguridad, solo utilizan una crisis que han contribuido a generar por pura demagogia e interés electoral.

El reto es ingente y no nos podemos permitir que aquellos que nos quieren esclavos sean los que estén al mando del país para pasar de ser la locomotora de Europa a la motosierra de nuestros derechos constitucionales.