Ayuda humanitaria a militares para frenar las migraciones

Tica Font

La nueva “Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea” 2016 ha sido presentada a finales de junio y recoge entre sus prioridades “una política migratoria más eficaz”, dicha política se focalizará en los países de origen y tránsito de los migrantes y refugiados y su acción se centrará en intensificar la ayuda humanitaria y de desarrollo, en estos países. El enfoque que propone esta estrategia concede un papel destacado al desarrollo económico, la diplomacia, la movilidad, la migración legal, la gestión de fronteras, la readmisión y el retorno.

Para implementar dicha estrategia se destinaran fondos fiduciarios, se colaborará con el país de origen y tránsito para abordar y prevenir las causas de los desplazamientos, gestionar las migraciones y luchar contra la delincuencia transfronteriza. Todo ello para erradicar los flujos irregulares y conseguir que los retornos al país de origen sean más efectivos.

Pocos días después de la presentación de esta “Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea”, a principios de julio, hemos podido observar una de sus concreciones políticas.

Con Turquía hace unos meses se llegó a un acuerdo para que a cambio de fondos económicos, concesión de créditos e inversiones extranjeras, el gobierno retuviera a los refugiados procedentes de Siria o Iraq para impedir que pudieran pedir asilo en la UE. Hasta el momento la UE no ha manifestado ningún cambio en la política con el gobierno turco, no ha cuestionado o avisado al gobierno de que la vulneración de derechos humanos que está llevando a cabo con la purga de funcionarios (militares, policías, jueces, fiscales, maestros, etc) pueda acarrearle el retener o anular las transferencias en ayudas económicas que tenía concedidas.

Si con respecto al comportamiento del gobierno turco no hay un replanteamiento de las ayudas que se conceden a cambio de retener a los refugiados, poco podemos esperar de las nuevas iniciativas que se han tomado en el mismo sentido y con socios más deleznables. Esta vez se planeta pactar ayudas económicas con gobiernos dictatoriales y en conflicto, como Sudan y Eritrea, para que controlen sus fronteras e impidan que migrantes y refugiados crucen su país hacia Europa.

La Comisión Europea bajo el objetivo de incrementar la eficiencia ha decidido destinar 100 millones de euros de los fondos de cooperación al desarrollo y de ayuda humanitaria a financiar directamente al ejército; países como Sudan y Eritrea serán los primeros con los que se trabajará en este nuevo enfoque. Serán los militares los que controlen la frontera de Sudan con Eritrea y de Sudan con Libia, los que lleven a cabo deportaciones y expulsiones de migrantes o refugiados que crucen por el país y cuyo destino sea la UE. La realidad es que unos 5.000 eritreos abandonan su país cada mes y lo hacen a través de Sudan y Libia. El objetivo es que Sudan selle sus fronteras a los eritreos, pero los eritreos no pueden pedir en origen ni visas ni asilo y cuando son deportados o “devueltos en caliente” a Eritrea son encerrados en prisión por salir del país sin visado ni pasaporte.

Naciones Unidas considera que desde 1991 el gobierno eritreo es culpable de graves abusos y violaciones de derechos humanos a sus ciudadanos y ha propuesto en muchas ocasiones que su presidente sea juzgado en el Tribunal Penal Internacional (TPI). El presidente del Sudan Omar al-Baihir tiene una orden de captura internacional por el TPI por crímenes de guerra y genocidio. Pero impedir lleguen inmigrantes o refugiados a la UE se antepone al respeto a la dignidad humana y los derechos humanos. Con tal de que no lleguen a Europa se negocia con gobernantes represores, dictatoriales y con nulas garantías de respeto a los derechos humanos básicos de su población como es el caso de Sudan y Eritrea.

Como decía, la Comisión Europea ha decidido que fondos de la ayuda humanitaria o fondos de desarrollo pueden destinarse a los propios militares, para ello ha cambiado la normativa existente que regula dichos fondos y que impedía que los cuerpos de seguridad fueran receptores y gestores de ayuda y además sugiere a los países miembros a que actúen de la misma manera. Los fondos que tengan como destino las fuerzas militares podrán utilizarse para la adquisición de material, equipos de seguridad y formación en servicios de seguridad de fronteras. La cuestión es que no hay ninguna seguridad o garantía que dicho material no sea utilizado para represión interior de la población.

De nuevo y una vez más el objetivo de frenar o impedir el flujo migratorio a Europa hace volver la cabeza hacia otro lado y no mirar las vulneraciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que cometen estos gobiernos en el interior de sus países. Si el gobierno de Sudan o Eritrea es eficiente controlando el flujo migratorio puede que se meta en el congelador la investigación y acusación de crímenes de guerra y genocidio que pesan sobre Omar al-Bashir ya que no tendrá suficientes apoyos políticos en el Consejo de Seguridad.

Lamentablemente nuestra seguridad se antepone a valores y derechos universales como son los derechos humanos.