El pasado sábado 25 de octubre, un grupo de miembros de la asociación 7291: Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias fuimos a Valencia a acompañar a las víctimas de la DANA, y de manera especial a las componentes de la asociación Víctimas Mortales de la DANA, con quienes mantenemos una cálida relación desde hace un tiempo.

Todas y cada una de las personas que fuimos quedamos impresionadas, tanto por el emotivo homenaje que se hizo por la mañana a las víctimas en el Teatro Olympia, como, sobre todo, por la multitudinaria manifestación de la tarde. A pocas manifestaciones hemos asistido donde hayan sido tan visibles la rabia, el dolor y la indignación de una población y donde la conexión entre las y los participantes haya sido tan intensa: lágrimas, aplausos y gritos de "El president a Picassent" o "Mazón dimisión".

Volvimos convencidos de que Mazón, afortunadamente, tenía sus días contados como president, por más que le apoyasen Vox y el PP. Son varias las razones que parecen sustentar la decisión de una parte muy importante de la población del País Valenciano de seguir luchando hasta conseguir "Verdad, Justicia y Reparación". Para una mayoría de personas de esta comunidad, las 229 personas muertas son sus muertos; en su mayoría, podrían estar vivas si el Gobierno valenciano hubiese mandado la alarma cuando debió y lo que les pasó a esas personas les podía haber pasado a cualquiera. Esta empatía con las víctimas quedó claramente expresada con las acciones de solidaridad en las que participaron miles de personas de forma voluntaria, intensa y rápida. Y se ha mantenido viva durante todo el año, a través de una protesta que mes tras mes ha puesto a las víctimas en el centro.

Esta dinámica de movilización por la identificación con las víctimas es posible que exista también en Andalucía con las mujeres afectadas por una inadecuada actuación con los cribados. Y, sin embargo, parece mucho menor en Madrid. En Andalucía, es muy probable que muchas personas estén pensando que les podría haber pasado a ellas o a las mujeres de su familia. En Madrid, por el contrario, nos está costando un enorme trabajo hacer ver a la población que en las residencias murieron 7.291 personas, no por ser población de riesgo ante la pandemia, sino porque el Gobierno de Ayuso les negó la asistencia sanitaria; que esas personas no iban a morir igual (el 65% de las y los residentes que fueron al hospital se salvaron, según recordó la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias) y que si morían, lo harían dignamente y con el menor dolor posible, justo lo contrario de lo que pasó.

La actuación de los presidentes Ayuso, Mazón y Moreno Bonilla ha sido igual de trágica y de irresponsable. Los tres con sus decisiones aumentaron los daños ante una pandemia, un temporal o una enfermedad, llegando a causar muertes, muchas de las cuales no se habrían producido si se hubiesen usado los recursos a disposición de manera adecuada, y a generar un dolor inconmensurable. Los tres han tratado de ocultar su responsabilidad mintiendo y echando la culpa a otros. Los tres han usado los medios públicos para atacar a las víctimas. Y ni Ayuso ni Mazón han puesto en marcha medidas de reparación para las víctimas (está por ver lo que hará Moreno Bonilla).

La impunidad de la que disfruta Ayuso ha podido animar a Mazón y a Bonilla a no asumir responsabilidades, y explica que la presidenta de Madrid mantenga las residencias sin las condiciones adecuadas, que piense convertir en negocio otras cuarenta nuevas residencias, que niegue el derecho al aborto en la sanidad pública, que degrade cada vez más la asistencia sanitaria o que asfixie financieramente a las universidades públicas y a la enseñanza en general. Es decir, la impunidad refuerza y extiende las políticas que se han demostrado nefastas.

Hay una gran relación entre la impunidad de Ayuso y el maltrato que da a todas y todos los madrileños que usamos los servicios públicos. Por ello, seguimos pidiendo apoyo para lograr "Verdad, Justicia y Reparación" por las 7.291 víctimas. Al mismo tiempo, buscaremos la unidad de acción del mayor número de asociaciones de víctimas, porque es necesario acabar con una forma de gobernar, que aúna favorecer negocios privados a costa de los servicios públicos, maltrato a la población, cinismo e inhibición ante sus responsabilidades. Lo estamos viendo en Valencia, después de la dimisión de Mazón. Aparte de que este sigue aforado, PP y Vox están intentando dar continuidad a la indignidad de una forma de gobierno. Acabar con esta forma de ejercer el poder supondrá honrar a las víctimas y a sus familiares y poner las bases para un futuro mejor.