Diez de los 15 barrios más pobres de España se encuentran en Andalucía. Este fue el punto de partida para que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) decidiera bajar a los barrios para tomar la temperatura, esa a la que es ajena la Junta de Andalucía. Las conclusiones del informe Pobreza Sur 2024: Barrios Olvidados son demoledoras: "Los barrios vulnerables son, cuantitativa y cualitativamente, el principal espacio de vulneración de los derechos humanos en Andalucía". 

El mismo día que el informe de APDHA revelaba que en las zonas más excluidas de Andalucía el paro roza el 75% y el nivel educativo es alarmantemente bajo, supimos que las redes de narcotráfico captan a personas cada vez más jóvenes. No es casual, como tampoco lo es que el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) mire para otro lado. En los barrios más vulnerables, el analfabetismo se acerca al 10% y ni siquiera un 20% de sus habitantes cuenta con educación secundaria.

Desde el Palacio de San Telmo se asume el espejismo de que mantener guetos evitará que la miseria se extienda a los escaparates del turismo, que siguen siendo el principal motor productivo de la región. De hecho, ese es uno de los grandes problemas. Tal y como sostiene Macarena Olid, vicecoordinadora de la APDHA, "el actual modelo productivo, basado en el monocultivo del turismo y en la precariedad laboral, es responsable del aumento de la pobreza y la exclusión en Andalucía". Ya ni siquiera tener un trabajo estable garantiza salir de la pobreza en Andalucía, lo que tiene consecuencias fatales: nueve de los 15 municipios con menor esperanza de vida se ubican también en esta comunidad autónoma.

El cinismo de las Administraciones, incluso de las más cercanas como los ayuntamientos, es tal que lleva a desplegar una estrategia de enmascaramiento, de modo que la división administrativa por distritos no coincide con la realidad de los barrios y contribuye a maquillar las estadísticas, escondiendo la pobreza bajo la alfombra. De otro modo no se explica que la realidad plasmada en los informes municipales sea radicalmente distinta a la que revelan informes como los de APDHA o EAPN-A.

Y en este escenario, la droga irrumpe como una salida de los olvidados por las Administraciones Públicas. No es que la droga lleve a la pobreza, es que la pobreza lleva a la droga. Tal y como apuntaba hace unos días el Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla, Jaime Bretón, desde cuyo despacho se avistan las chabolas, “o se acaba con el narcotráfico o el ascensor social se cae como un castillo de naipes”. Ante una situación de manifiesto abandono, con la miseria calando hasta los huesos, escapar a la tentación de hacerse con 3.000 euros al mes es complicado.

Abordar el problema de la pobreza y la exclusión de una manera seria y rigurosa, algo que Moreno Bonilla jamás ha hecho, no acabará con la droga, no nos engañemos, pero sí le pondrá palos en las ruedas. Y no acabará con ella porque la avaricia trasciende muchas fronteras, como demuestra que este mismo mes de diciembre haya ingresado en prisión el coronel de la Guardia Civil retirado Francisco García Santaella, condenado a siete años y dos meses por tráfico de drogas y cohecho, que ejerció de facto como narco en Granada.

El problema es histórico y, ahora, responsabilidad directa de Moreno Bonilla que, lejos de adoptar un enfoque distinto a sus predecesores, lo perpetúa con la connivencia de las alcaldías. Tal y como indican desde APDHA, estos barrios no están olvidados, es que fueron diseñados para olvidarse. Prueba de ello es el barrio chabolista de Asperones en Málaga, con cuatro décadas ya a sus espaldas. En un acto de hipocresía supina, el alcalde de la Málaga de las luces navideñas y los museos, Francisco de la Torre, ha encargado recientemente un estudio a Cruz Roja para sentar las bases para la inclusión y proceder al desmantelamiento.

Más allá de valorar que Cruz Roja entre en su juego y acepte los más de 400.000 euros para la realización del enésimo estudio –esa cuestión da para otra columna-, los Asperones ilustra el abandono de las barriadas… hasta que los intereses inmobiliarios entran en juego o estallan conatos de violencia que supera las armas blancas o cortas, es decir, se emplea armamento militar, como sucedió el pasado mes de octubre en las Tres Mil Viviendas de Sevilla.

La Junta de Andalucía continúa con una indiferencia pasmosa antes esta realidad y, lo que es peor, laminando la acción social dificultando su labor a las entidades del tercer sector. El VI Informe sobre la Desigualdad en España (2024) de la Fundación Alternativas revela cómo Andalucía es la tercera comunidad que más dinero ha perdido con su política fiscal. Las rebajas fiscales con bonificaciones a los más ricos le han hecho perder a la región más del 4% de sus ingresos tributarios o, lo que es lo mismo, más de 700 millones de euros al año. La tercera economía del país contribuyendo con el 13,5% al PIB nacional (por detrás de Madrid y Catalunya, con 19,5% y 19,1%, respectivamente) está dejando escapar ingresos con los que podría desplegar una estrategia efectiva contra la pobreza y la exclusión. El paso previo, claro está, es tener interés en ello.