Andalucía encabeza los rankings de pobreza en España. Aunque el aeropuerto de Barajas supera con mucho la entrada de migración irregular en nuestro país, el hecho de que Andalucía sea frontera sur también la hace receptora de personas migrantes contra los que las derechas se posicionan sin complejos. En este contexto, la Junta de Andalucía se quitado de un plumazo a buena parte de las pequeñas entidades sociales que trabajaban con estos colectivos desfavorecidos.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 37,5% de la población en Andalucía (más de tres millones de personas) vive en riesgo de pobreza o exclusión social, frente a la media nacional del 26,5%. Además, un 12,6% vive en nuestra región con carencia material y social severa, lo que supone casi tres puntos porcentuales más que la media de España. Unos meses antes, la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía) ya había avanzado la situación dramática de pobreza en Andalucía donde, además, las personas pobres, lejos de mejorar su situación, cada vez lo son más.

Los recursos y especialización de la Administración para abordar esta situación son limitados y, cuando gobierna la derecha, aún se limitan más. La externalización de las políticas sociales a entidades privadas sin ánimo de lucro, ONGs y fundaciones principalmente, ha terminado por pervertirse, promoviendo que los Gobiernos terminen desentendiéndose, viviendo despegados de la realidad –aquello de Enrique Ossorio (PP) en Madrid que no “ve pobres” por la calle-.

En el caso de la Junta de Andalucía, no le importa tanto la acción que se realice con los colectivos más desfavorecidos como tener controlado a quien realice esa labor. Le basta con poder cubrir expediente alegando que invierte en políticas sociales de manera tan insuficiente como el resto de Comunidades Autónomas. Sin embargo, lo que no quiere es que esta acción social se lleve desde la solidaridad, que se fomente ese valor por encima de la caridad.

Este es el motivo por el que el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha decidido modificar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades privadas para la realización de actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) por parte de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Las políticas de Moreno Bonilla privan de subvención, como venía sucediendo, a diversas entidades que colaboren entre sí para poder llevar a cabo proyectos conjuntos con colectivos vulnerables.

Por la puerta de atrás y con urgencia para reducir el periodo de alegaciones, la Junta de Andalucía ha eliminado la figura de ‘agrupación’, de modo que o la entidad es grande con suficiente músculo financiero y mayor estructura orgánica o se queda sin subvención. Esa insuficiencia de medios venía siendo contrarrestada por las entidades más pequeñas asociándose entre sí, habiendo llevado a cabo exitosos proyectos de inclusión.

A partir de ahora ya no podrá ser así. Casi medio centenar de entidades pequeñas y cerca de 5.000 personas atendidas por éstas van a sufrir el tijeretazo de la Junta. Laminando la acción social, Moreno Bonilla quiere atajar de raíz el colectivismo y la solidaridad que se está gestando en los barrios y que, obviamente, se da de bruces con el muro que la derecha levanta entre ricos y pobres. Políticas similares podemos encontrarlas en Madrid, donde su presidenta Isabel Díaz Ayuso, a la cola en inversión de políticas sociales por habitante –solo por detrás de Murcia-, disfrazó su ataque a las entidades sociales con su ocurrencia de un Cuerpo de Voluntariado Joven. Ayuso es la estridente, la que en su depredación de Génova arma siempre más ruido, pero las políticas de Andalucía son clónicas. El muro que sigue representando Despeñaperros hace las veces de parapeto a las políticas de un Moreno Bonilla que se revela –a los ingenuos- cada vez menos moderado y dialogante.

A la exclusión de la figura de agrupación se suma, además, la limitación del número de actuaciones con un mismo colectivo o la prohibición de combinar subvenciones de otras consejerías, como la de Salud y Consumo, para abordar un mismo proyecto.

Tal y como declaraba a la compañera Aurora Báez Boza de El Salto el presidente de Sevilla Acoge, José Chamizo, “para las grandes asociaciones se van a repartir 31 millones de euros y para el resto, que somos la mayoría, solamente 6 millones de euros”. Chamizo sabe de lo que habla, que para algo fue Defensor del Pueblo Andaluz durante 17 años (1996-2013). A él fue, precisamente, al que en plena pandemia le escuché denunciar que en los Servicios Sociales de Andalucía hace falta más calle y menos despacho. Si cumplieran en San Telmo con esa premisa, serían conscientes de cómo su nueva política de subvenciones deja en la estacada a miles de personas desfavorecidas.

Sin embargo, ¿tiene la Junta de Andalucía la sensibilidad necesaria, la conciencia social requerida para conocer o valorar el alcance real de estas entidades más pequeñas? En absoluto, como demuestra de un modo incontestable cómo en Málaga echa a la ONG Málaga Acoge de su sede tras haberla vendido a un fondo de Israel para que haga más apartamentos turísticos.

Los nadies, que decía el maestro Eduardo Galeano, cada vez son más numerosos en Andalucía. Quienes están en riesgo de serlo, también. Sólo hace falta que la izquierda dé con la clave para llegar a ellos antes de que lo haga la extrema derecha, como de hecho está pasando. Si lo consigue, si estos ataques de Moreno Bonilla a los movimientos solidarios no logran desactivarlos, habrá esperanza. La reciente manifestación en Málaga contra la turistificación fue un gesto de fuerza de esta solidaridad, agrupando a decenas de entidades. Que no decaiga.