Ben Gvir exhibe lo que Europa tolera

La escena parecía diseñada para el consumo interno de una parte de la sociedad israelí radicalizada por meses de guerra, miedo y deshumanización. "¡Bienvenidos a Israel! ¡Aquí mandamos nosotros!", proclamaba Itamar Ben Gvir mientras decenas de activistas internacionales de la Flotilla Global Sumud aparecían atados, arrodillados y custodiados por fuerzas de seguridad israelíes tras haber sido interceptados en aguas internacionales cuando se dirigían a Gaza. La imagen no era un exceso aislado ni una improvisación desafortunada. Era, precisamente, el mensaje político que el ministro de Seguridad Nacional quería proyectar, el de la exhibición descarnada del poder, la humillación del otro y la normalización pública del castigo.

Ben Gvir no es un actor marginal dentro del actual Gobierno israelí. Representa, más bien, la cristalización de una deriva ultranacionalista y supremacista que ha ido penetrando progresivamente en las estructuras del Estado. Que un ministro celebre públicamente la humillación de civiles internacionales detenidos y difunda las imágenes como trofeo político es en sí mismo una muestra de la impunidad con la que se mueve Israel en la escena internacional. Y si a ello sumamos la naturaleza de las críticas posteriores la cosa empeora ya que, si bien, tanto Netanyahu como el ministro de Exteriores, Gideon Saar, se apresuraron a condenar las formas, no lo hicieron con el fondo del asunto.

El propio Netanyahu afirmó que Israel "tiene todo el derecho" a impedir la llegada de flotillas a Gaza y que el problema residía únicamente en que la actuación de Ben Gvir "no está en línea con los valores y normas de Israel". Saar, por su parte, reprochó al ministro haber causado “daño deliberado al Estado”. La cuestión, por tanto, no era la detención en aguas internacionales, ni el bloqueo sobre Gaza, ni las imágenes de personas maniatadas y arrodilladas. El problema era el impacto reputacional.

Ahí reside el verdadero núcleo político de esta controversia. La reprimenda no responde a una reflexión ética ni jurídica sobre las actuaciones del Gobierno israelí, sino a la conciencia creciente de que el relato internacional que durante décadas protegió a Israel comienza a erosionarse aceleradamente. Ben Gvir ha cometido, desde la perspectiva de sectores del establishment israelí, el pecado de hacer explícito aquello que durante demasiado tiempo se intentó revestir de lenguaje democrático y de seguridad defensiva.

Porque las imágenes difundidas por el ministro no son una anomalía. Son, desgraciadamente, una práctica habitual en los territorios ocupados palestinos. Miles de palestinos han sido detenidos, humillados, fotografiados y sometidos a violencia física y psicológica en procedimientos similares sin provocar apenas reacción internacional. La diferencia es que esta vez las víctimas eran activistas internacionales y las imágenes circulaban sin filtros en las redes globales. El espejo devolvía una imagen incómoda para los aliados occidentales de Israel, la de un poder colonial ejerciendo públicamente la humillación como instrumento político.

Durante meses, la comunidad internacional —y especialmente la Unión Europea— ha asistido con una mezcla de impotencia política y complicidad calculada a la devastación de Gaza. Organizaciones internacionales, relatores de Naciones Unidas, tribunales y expertos en derecho humanitario han alertado reiteradamente sobre posibles crímenes de guerra y actos susceptibles de constituir genocidio, como los publicados por Francesca Albanese. Sin embargo, las respuestas europeas han oscilado entre las declaraciones retóricas y la parálisis diplomática.

La UE se ha mostrado incapaz de traducir sus propios principios en decisiones políticas efectivas. Y eso resulta especialmente evidente en el debate sobre el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel. El artículo 2 de dicho acuerdo establece de manera explícita que las relaciones entre ambas partes deben basarse en el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos. No se trata de una cláusula decorativa. Constituye, jurídicamente, un elemento esencial del acuerdo.

Pese a ello, Bruselas ni siquiera ha sido capaz de plantear seriamente la suspensión del tratado, tal y como viene reclamando el Gobierno de España junto a otros actores europeos. La mera posibilidad de someter esta cuestión a votación continúa bloqueada por la falta de voluntad política de varios Estados miembros que siguen priorizando alianzas estratégicas, intereses económicos y equilibrios geopolíticos frente a la defensa efectiva del derecho internacional.

La doble vara de medir vuelve a hacerse evidente. La Unión Europea ha demostrado en otros conflictos una notable rapidez para imponer sanciones, suspender acuerdos comerciales o activar mecanismos de presión diplomática cuando considera que existe una vulneración grave del derecho internacional. Sin embargo, en el caso israelí, la excepcionalidad política parece imponerse sistemáticamente sobre la coherencia normativa.

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Y es precisamente esa incoherencia la que erosiona cada vez más la credibilidad europea. Resulta difícil sostener un discurso basado en la defensa universal de los derechos humanos mientras se mantiene intacta una relación privilegiada con un Estado acusado de cometer violaciones sistemáticas del derecho humanitario internacional. La percepción de hipocresía no es una construcción propagandística sino que es una consecuencia directa de las decisiones —o de las no decisiones— adoptadas por las instituciones europeas.

Ben Gvir, en este contexto, se convierte en un problema no porque represente una excepción, sino porque rompe la sofisticación del lenguaje diplomático que durante años permitió gestionar políticamente la ocupación y la violencia estructural sobre Palestina. Su brutalidad verbal y simbólica hace visible aquello que muchos gobiernos occidentales prefieren seguir presentando como un conflicto complejo entre partes equivalentes.

Pero no hay simetría posible entre una potencia ocupante y una población sometida a bloqueo, desplazamiento y destrucción sistemática. Tampoco la hay entre un Estado con uno de los ejércitos más sofisticados del mundo y una población civil atrapada en una catástrofe humanitaria sin precedentes recientes.

Las imágenes de la Flotilla Global Sumud llegan, además, en un momento particularmente delicado para Israel en términos de legitimidad internacional. El creciente aislamiento diplomático, las órdenes y procedimientos abiertos en tribunales internacionales y el cambio paulatino de opinión pública en numerosos países occidentales empiezan a tener efectos políticos tangibles. La preocupación de Netanyahu y de otros miembros del Gobierno no es tanto la actuación de Ben Gvir como el deterioro acelerado de la narrativa que durante décadas permitió blindar internacionalmente las políticas israelíes.

Sin embargo, ya no basta con corregir el tono o moderar la puesta en escena. Las imágenes de Gaza, las cifras de víctimas civiles, la destrucción de hospitales, universidades y campos de refugiados han atravesado definitivamente el muro del relato oficial. La pregunta que empieza a emerger en muchos espacios internacionales no es si Israel tiene derecho a defenderse, sino hasta qué punto los aliados occidentales están dispuestos a seguir ignorando las consecuencias políticas, jurídicas y morales de esa defensa.

En este contexto parecería, a priori, que desde los países europeos deberían actuar desde una responsabilidad histórica ineludible. No basta con lamentar excesos ni con pedir contención. La defensa del derecho internacional solo tiene sentido si se aplica también a los aliados. De lo contrario, el orden internacional basado en normas se convierte en una herramienta selectiva al servicio de intereses geopolíticos y no de principios universales.

Quizá por eso las palabras de Ben Gvir resultan tan reveladoras. "Aquí mandamos nosotros", decía. No era únicamente una amenaza dirigida a los activistas de la flotilla. Era, también, la constatación de una impunidad política construida durante décadas con la tolerancia —cuando no la complicidad— de buena parte de Occidente.