Hay momentos en que la política deja de discutir sobre conceptos abstractos y entra, definitivamente, en la vida real de la gente. El debate sobre el derecho a la vivienda es uno de estos momentos. No hablamos de estadísticas. Hablamos de familias que no saben si podrán continuar en su barrio, de jóvenes que no pueden emanciparse, de personas que trabajan pero no llegan a pagar un alquiler.

La emergencia en el acceso a la vivienda de miles de familias en Cataluña es el resultado de décadas sin políticas activas para garantizarla: por un lado, la falta de consolidación de un parque público y protegido suficiente, que tendría que llegar al 15% para estar al nivel europeo. Se ha construido y se ha comprado poco, pero además se ha optado por favorecer la compraventa y con una protección pública con caducidad, lo que ha provocado que ahora miles de viviendas protegidas estén en el mercado libre, en manos privadas y de fondos buitre. Se ha dado vía libre para que la vivienda se convierta en un producto financiero, concentrado en pocas manos y víctima de una especulación voraz.

Para hacer frente a esta emergencia hacen falta medidas de impacto inmediato, con intervención en el mercado privado: control de precios de alquiler, sanciones para los infractores e inspectores para aplicarlas, limitación de los pisos turísticos, regulación del alquiler de temporada y habitaciones, y hay que acabar con la acumulación en pocas manos, limitando la compra especulativa. Las casas son para vivir, no para hacer negocio.

Pero también hay que tomar medidas para ampliar el parque de vivienda protegida, pública y privada. Hay que construir, sí, pero no solo eso. De hecho, hay medidas que se pueden implementar de manera más ágil y con un impacto más amplio, como por ejemplo la prórroga de la calificación de VPO en las zonas de mercado residencial tensionado, que ha evitado que miles de viviendas pasen al mercado libre en plena emergencia. O destinar hasta 300 millones para comprar vivienda a través de la fórmula del tanteo y retracto. Hay que rehabilitar –miles de edificios se caen a trozos- y hay que movilizar toda la vivienda vacía.

Todas estas medidas están presentes en los acuerdos que los Comuns hemos logrado con el gobierno del president Illa, tanto para la investidura como para los suplementos de crédito de 2025 como para los presupuestos de 2026. Y es también, en este contexto que los Comuns de Tarragona hemos impulsado la cesión por parte de la Iglesia de sus viviendas vacías para aumentar el parque público de alquiler social, una vía que ahora se quiere extender al resto de Catalunya.

¿Cuántas viviendas vacías están en manos de instituciones?  

Hace más de un año, en un momento en el que el debate sobre la vivienda parecía estar encallado entre promesas y restricciones presupuestarias, planteamos una pregunta simple: ¿cuántas viviendas vacías hay en manos de instituciones que podrían ponerse al servicio del bien común? En Tarragona, esta pregunta se transformó en una iniciativa concreta. En el marco del Año Jubilar, le propusimos a la Iglesia que parte de su patrimonio inmobiliario —viviendas sin uso social— pudiera cederse para ampliar el parque de alquiler asequible. No era una interpelación retórica. Era una propuesta operativa, basada en la responsabilidad compartida ante una emergencia habitacional que no entiende de fronteras institucionales.

La idea no era confrontar, sino sumar. No señalar, sino activar. Y, sobre todo, demostrar que el derecho a la vivienda no puede depender solo del mercado ni exclusivamente de los recursos municipales o autonómicos. Aquella propuesta, que algunos vieron como una intuición local sin recorrido, empezó a generar conversación, diálogo y posibilidades. Lo que parecía improbable se convirtió en una ventana de oportunidad. Y las ventanas cuando se abren, pueden mostrar un camino a seguir.

Lo que ha pasado después no es casual. La idea de movilizar patrimonio infrautilizado para finalidades sociales ha ido ganando espacio hasta convertirse en una política de alcance nacional. El acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia catalana no es un gesto simbólico: es un mecanismo real que puede desbloquear viviendas y ofrecer estabilidad a muchas familias. Un avance importante, pero que también debe contemplar que dentro de estas cesiones no se incluyan los bienes inmatriculados que la Iglesia tiene que devolver a sus legítimos propietarios.

Esto es lo que significa que una política escale: pasar de una propuesta municipal a una estrategia de país. Y también es una lección política: las transformaciones a menudo empiezan en el ámbito local, cuando alguien se atreve a formular una pregunta diferente. Pero la pregunta ahora es otra: ¿si esto ha estado posible con la Iglesia, por qué no con otros actores institucionales? Cataluña, y por extensión, el resto del Estado, no parten de cero. Hay miles de viviendas construidas que hoy no cumplen ninguna función social. Algunos son propiedad de instituciones, de organismos públicos o de grandes estructuras patrimoniales que acumulan pisos sin uso residencial.

Este acuerdo abre una vía. Pero esta vía puede y tiene que ampliarse. Hablamos de organismos como ADIF, con viviendas vinculadas a antiguos entornos ferroviarios; del sistema portuario estatal, con patrimonio a menudo infrautilizado; del Ministerio de Defensa, con un parque inmobiliario extenso; u otras instituciones, fundaciones y entidades con capacidad patrimonial. No se trata de señalar nadie. Se trata de implicar a todo el mundo. La crisis de la vivienda es una responsabilidad colectiva. Cada vivienda que se moviliza es una familia que sale de la incertidumbre. Cada convenio es una puerta que se abre. Cada decisión política es una vida que gana futuro.

El acuerdo con la Iglesia es solo el principio. Ahora hay que continuar. Ampliar. Multiplicar. Movilizar todos los recursos posibles para garantizar el derecho a la vivienda. Porque sin techo digno no hay igualdad. Sin igualdad no hay cohesión. Y sin cohesión, la democracia se debilita.