Desde los atentados de París, la paranoia por el control ciudadano parece haberse apoderado de los Gobiernos. Mientras en el comunicado conjunto elaborado por los ministros de la Unión Europea (UE) tras su reunión París el pasado domingo, éstos alaban la defensa de la libertad de expresión y los Derechos Humanos, luego no hacen más que pisotearla con el pretexto de la seguridad nacional.

De hecho, en el texto difundido muestran su preocupación por el uso que se está haciendo de Internet y lanzan al aire la idea de una alianza con los proveedores de servicios de Internet para notificar lo que consideren material peligroso. Ya hay quien ha subrayado que el concepto ‘alianza’ implica voluntariedad y no obligatoriedad como ya hizo en su día la NSA con su programa PRISM accediendo a los servidores de Google, Microsoft, Facebook, Apple, Skype, Yahoo!...

Hoy sabemos que David Cameron plantea acabar con aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Snapchat si revalida mandato este año. Una suerte que podrían correr también todas aquellas aplicaciones que encriptan la información, desde el FaceTime de Apple a Telegram... Siguiendo estas directrices, ni qué decir tiene que PGP, OpenVPN y Tor o proyectos como Let’s Encrypt, que busca blindar mejor la web, estarán poco menos que en la lista de armas terroristas.

Un punto de Andrew Parker, director general del Servicio de Seguridad del MI5, que un día despúes del ataque al semanario Charlie Hedob apuntaba que “todos valoramos nuestra privacidad [...] pero no quiero una situación en la que ésta sea tan absoluta y sacrosanta que los terroristas y otros que nos quieren hacer daño puedan operar con confianza tras esos muros, sin miedo a ser descubiertos”.

En España, además de adoptar medidas como el registro de pasajeros de aviones , el Gobierno de Rajoy se plantea hackear sin orden judicial los ordenadores de aquellos que visiten con frecuencia páginas web yihadistas. Señor Fernández Díaz, si no hago apología de terrorismo, ¿será o no será asunto mío, y exclusivamente mío del que no tengo que rendir cuentas con nadie, el material de lectura que utilice en mi intimidad? ¿Van a hackear mi ordenador cada vez que también visite algunas de las organizaciones o partidos políticos que desde el Gobierno se han relacionado con ETA, como la PAH o Podemos?

Más inteligencia

Lo que sorprende de todos estos atentados, ya sean los perpetrados el pasado fin de semana en París, el asesinato a machetazos en Londres del soldado Lee Rigby o la bomba durante la maratón de Boston es que todos sus autores estaban perfectamente identificados y fichados por los Servicios de Inteligencia. Entonces, ¿qué falla? No parece que los mecanismos de identificación estén haciendo aguas y, sin embargo, las autoridades se empeñan en cercenar nuestras libertades civiles.

En el informe de Inteligencia que se elaboró en Reino Unido tras el asesinato de Rigby, una de las principales conclusiones era que las autoridades no contaban con el personal suficiente para seguir toda las pistas que tenían. Así de triste, así de crudo. La cuestión no reside tanto en hacerse con más y más información sino en poder darle valor real a la que ya se tiene.

En el caso español, la situación ha mejorado en los dos últimos años, pero no podemos olvidar que olvidar que aunque a finales de 2013 España al fin puso remedio con unas estrategia nacional de ciberseguridad, hasta entonces carecíamos de una política común y un años antes yo ya publicaba que militares españoles advertían de que España no contaba con un órgano único al más alto nivel que asumiera el valor estratégico de la ciberseguridad... ni siquiera disponíamos de una legislación específica y completa en materia de ciberseguridad.

Hace tiempo que las Agencias de Inteligencias se vuelcan en el análisis de la información y prueba de ello fue el proyecto europeo CAPER (Collaborative information, Acquisition, Processing, Exploitation and Reporting for the prevention of organised crime), financiado por la Comisión Europa -7,2 millones de euros- a través del Séptimo Programa Marco de seguridad en el que participaba la empresa española S21sec. En la actualidad, los extraordinarios avances que se han realizado en materia de big data podrían resolver muchos de estos problemas sin necesidad de seguir recortando derechos civiles.

Entonces, ¿por qué en lugar de proyectar sus ineptitudes en recortes de libertades civiles no se dedican a resolverlas como es debido?