Opinión
Las calles y las urnas
Por Antonio Antón
Sociólogo, politólogo y escritor
Estamos asistiendo a la combinación de dos procesos cívicos que se condicionan mutuamente y tienen ambos un fuerte impacto sociopolítico: la movilización social por la vivienda y la gestión gubernamental y parlamentaria progresista.
Supone una acción transformadora doble. Por una parte, la de los movimientos sociales, con su capacidad movilizadora y articuladora en calles y plazas, así como con la incorporación de los grandes sindicatos laborales y la dinámica conjunta de huelga general.
Por otra parte, la representación partidista de las distintas izquierdas, derrotada por las derechas en el Parlamento y volcada en su refuerzo socioelectoral en las próximas elecciones generales para continuar con su proyecto reformador, condicionada por los augurios mediáticos de la victoria de las derechas.
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La amplia movilización social promovida por el Sindicato de Inquilinas, con fuerte presencia femenina, ha sido apoyada por múltiples organizaciones sociopolíticas, con acampadas en las plazas y manifestaciones multitudinarias este fin de semana en más de cincuenta ciudades. Junto con la de Barcelona, se puede destacar, por su masividad, la de Madrid, con más de doscientos mil participantes, según mis propios cálculos, y superior a otras concentraciones promovidas por las derechas que, con la mitad de participación, habían divulgado medio millón de asistentes.
Sus objetivos reivindicativos y su acción colectiva expresan la amplitud de demandas sociales como el derecho a la vivienda, consiguiendo una fuerte reactivación cívica para regular e intervenir en el mercado habitacional, con una participación directa, sobre todo, juvenil pero también intergeneracional, y con el aval de una mayoría social, según diversos estudios demoscópicos.
Es parcialmente diferente a las otras dos grandes experiencias movilizadoras con importante impacto sociopolítico e institucional: el amplio proceso de indignación y protesta social -incluidas tres huelgas generales y las mareas sectoriales-, conocido como Movimiento 15M (2010/2014), contra los recortes sociolaborales y por la democracia real -y el derecho a la vivienda-, y la cuarta ola feminista -incluidas las huelgas de cuidados- contra la violencia machista (2017/2020); con una participación directa en ambas entre cuatro y cinco millones de personas y una simpatía de más de dos tercios de la sociedad.
Esta movilización tiene un carácter nítidamente progresista y comunitario, por unas condiciones (materiales) decentes para el acceso a la vivienda, de alquiler o propiedad, como componente básico de un escudo social completo, que afecta más a las capas populares, especialmente juveniles, y dentro del derecho universal a una vida digna. Está vinculada al resto de derechos sociolaborales, como la sanidad y la educación públicas, la protección social, la mejora laboral y salarial o la sostenibilidad medioambiental.
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Prefigura una defensa colectiva por un Estado de bienestar avanzado y una democracia con capacidad reguladora de los mercados, especialmente, de los que afectan a las condiciones vitales de la ciudadanía. De fondo, se trata de la pugna por la igualdad en todos los campos, incluido el feminista, el antirracista, el antifascista y el territorial, y la garantía de unas libertades públicas sustantivas, frente a la amenaza de la involución política y la regresión socioeconómica. Por todo ello, reaccionan tan agresivamente las derechas y ultraderechas.
Esta trayectoria cívica ha derivado en una recolocación representativa de las izquierdas políticas, que han tenido que adoptar una mayor iniciativa institucional en el Congreso para dar suficiente respuesta normativa al clamor cívico. Condicionado y aprovechando esta amplia marea ciudadana, el Ejecutivo ha aprobado dos decretos intervencionistas para paliar ese problema. Tras su fallida convalidación parlamentaria por el bloqueo mayoritario de las derechas y tras la disolución de las Cortes por el presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, han sido aprobados nuevamente y presentados a la Diputación Permanente, más favorable para su implementación. Es previsible su aprobación definitiva tras el apoyo, junto con los grupos progresistas, del PNV que comparte, al menos, uno de ellos, el más general, y frente al bloqueo, esta vez minoritario, de PP, Vox y Junts.
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En consecuencia, esta amplia movilización social, amparada en una gran legitimidad popular, ha permitido un impulso reformador concreto en un tema crucial para la mayoría social, y de gran alcance material, sociopolítico, cultural y simbólico. Ha estado estancado en las últimas décadas, con algunos retoques como la Ley de Vivienda en la pasada legislatura, y la relativa impotencia o inacción de las izquierdas institucionalizadas ante el bloqueo de las derechas y los poderes fácticos.
La responsabilidad principal recae en la imposición de los grandes poderes económicos, financieros e institucionales, en particular los Gobiernos de las Comunidades Autónomas dirigidos por el Partido Popular, que siempre han boicoteado los avances en este derecho fundamental.
El beneficio para esa minoría especulativa se basa en la dominante dinámica de desigualdad social y transferencia de rentas hacia el capital rentista, especialmente de los grandes inversores y sus acompañantes políticos neoliberales, que han aparecido como los responsables fundamentales de la persistencia de esta profunda lacra social.
Esta victoria social progresista todavía es limitada y frágil. No obstante, la aprobación de los decretos ha sido muy positiva y meritoria, incluido el llamamiento inicial de la confederación de Sindicatos de Inquilinas, frente a otras interpretaciones escépticas sobre su alcance.
Constituye un primer paso básico, más débil si decae el decreto que regula los alquileres indefinidos. Pero ha supuesto un cambio de tendencia respecto del derecho a una vivienda digna y ha abierto una nueva dinámica de protagonismo cívico, compromiso reformador de las izquierdas y nuevas expectativas socioelectorales.
En definitiva, se ha producido una interacción beneficiosa entre, por un lado, el activismo cívico en calles y plazas y, próximamente, en barrios y centros de trabajo y estudio, con el foco de la huelga general -posiblemente en la segunda semana de noviembre-, así como con la mayoritaria conciencia social y democrática de la sociedad española, y, por otro lado, la rápida y básica respuesta normativa y política del Gobierno y demás fuerzas progresistas, en esta coyuntura.
Ha permitido una convergencia complementaria de las dos dinámicas respecto de esta relevante reforma social, en un difícil contexto sociopolítico, institucional y mercantilizador, amenazado por la involución democrática y la regresión de lo público.
Esta doble experiencia no está exenta de disparidades en las prioridades respectivas y dentro de cada campo. Es lo que hay que solventar consolidando una respuesta firme y colaboradora, respetando la autonomía de cada parte y sus dinámicas específicas, para asegurar una nueva etapa de progreso, con los dos retos inmediatos, en las calles y en las urnas: la ampliación temática y la continuidad movilizadora, con una huelga general masiva por una agenda social ambiciosa, y la articulación de una oferta electoral creíble y cooperativa de las distintas izquierdas para ganar las próximas elecciones generales o, en caso de derrota, evitar su crisis político-orgánica y preparar la remontada en las elecciones municipales y autonómicas.
A pesar de los malos augurios demoscópicos y el empoderamiento derechista y ultra, se ha demostrado la existencia de suficientes energías democratizadoras para iniciar un renovado ciclo político y social progresista. Veremos el acierto colectivo en su articulación.
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