Alicia Sánchez-Camacho ve una "intencionalidad clara" en la filtración de la conversación que mantuvo con Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, en el restaurante La Camarga. Una lumbrera la presidenta del PP catalán; ¡obvio que tiene una intencionalidad clara, demostrar la pasta de la que está hecha!

Me viene a la mente una vieja anécdota de Groucho Marx, cuando éste le preguntó a una mujer si se acostaría con él por un millón de dólares. Ella, un tanto recatada, dijo que sí. Cuando él le preguntó "¿y por un dólar?", ella gritó terriblemente indignada "¡Pues claro que no! ¿Por quién me ha tomado?". Entonces Marx respondió: "Eso quedó claro en la primera pregunta, ahora sólo discutíamos el precio".

Pues bien, Sánchez-Camacho ha conseguido pasar de pedir justicia, de exigir una investigación y que rodaran cabezas, a tratar de esconder todo el asunto bajo la alfombra a cambio de 80.000 euros. ¿Por qué? Por temor a que salieran a la luz las conversaciones que nada tienen de personales, pues afectan directamente a la vida política española. Esas mismas grabaciones que ahora se han filtrado y que la presidenta del PP catalán amenaza con denunciar a quien las difunda, tratando de negar un derecho constitucional a la información.

Llegados a este punto, habrá quien defienda a Sánchez-Camacho con una argumentación que, en realidad, es artificial, estéril, tan pobre que cae por su propio peso, incluso, para lumbreras como la propia política catalana. Esta defensa esquelética se basa en tratar de anular el contenido de la conversación por haber sido obtenido mediante un espionaje ilegal. ¿Es coherente arremeter contra el espionaje de Obama a los ciudadanos del mundo o contra el troyano de Gallardón y, en cambio, defender la difusión de esta conversación? Y la respuesta es sí.

Casos de espionaje como del que ha sido víctima Sánchez-Camacho deben ser perseguidos y duramente sancionados. Sin embargo, realizado éste y abierto un costoso proceso de investigación para depurar responsabilidades, el contenido debe ser revelado cuando éste afecta de un modo tan directo a la ciudadanía, a la democracia en sí misma. Y es que la presidenta del PP catalán ejemplifica hoy como nadie el súmmum de la bazofia, política y no política, en general. ¿Por qué? Por su nula honestidad, por sus mentiras, su sentido distorsionado de lo que es la democracia... por una concatenación de hechos que paso a detallar:

- Por haber pisoteado la separación de poderes y el Estado de Derecho para sacar beneficio propio y, además, presumir de ello para aparecerse poderosa.

- Por ser cómplice y liderar intrigas políticas para poder escalar puestos de poder.

- Por mentir a la Justicia y a la ciudadanía sobre el contenido de las conversaciones espiadas.

- Por tratar de ocultar la verdad al pueblo, no sin antes haber explotado el caso de espionaje hasta la saciedad para obtener rédito político.

- Por intimidar con acciones legales -que posiblemente pagaremos todos con las subvenciones públicas que se otorgan a los partidos y que el PP también recibe- a quien, sencillamente, quiera mostrar la verdadera naturaleza ruin de Sánchez-Camacho.

Por todo ello, Sánchez Camacho debería presentar su inmediata dimisión y, de no hacerlo, hoy mismo Mariano Rajoy debería fulminarla. La política catalana es indigna de la ciudadanía, tanto a la que representa como a la que no, de cualquiera que no comparta sus mismos valores inmorales. Lo que sucede es que, a diferencia de otros países como Reino Unido, en los que la carrera política de la popular catalana habría sido ya defenestrada, en España ni siquiera se pone encima de la mesa esa opción, precisamente porque de personajes que comparten los valores de Sánchez-Camacho andamos sobrados.

Hoy siento asco, una repulsa por la clase política aún más intensa de lo que habitualmente padezco. ¿Que no todos los políticos son iguales? Que lo demuestren, pidiendo todos a una la cabeza de quien no merece ni un ápice de respeto y merece ahogarse en su propia mezquindad.